Diversas asociaciones sociales de Ecuador pidieron hoy, en una carta abierta dirigida al pueblo y a varios responsables del Estado, defender la "soberanía y dignidad" del país frente a lo que denominan "atropellos" de la petrolera Chevron en el caso que mantiene con comunidades amazónicas ecuatorianas.
La organización ambientalista Acción Ecológica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), entre otras, se dirigieron en su misiva al presidente Rafael Correa, a la Fiscalía, la Procuraduría y a la Corte de Justicia de Sucumbíos, donde se dirime el juicio.
La carta, también dirigida al pueblo y al Consejo de la Judicatura, se refiere al juicio contra Chevron, que dura ya 16 años y en el que comunidades amazónicas ecuatorianas demandan a la empresa $27 000 millones por supuestos daños ambientales durante sus operaciones en el país.
De ese modo, piden al fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, resolver las investigaciones "contra representantes de Chevron-Texaco y ex funcionarios de Gobiernos anteriores" de Ecuador "por fraude en el proceso de remediación" y limpieza ambiental.
Además, le solicitan continuar con el caso "represado" de unos vídeos, grabados de forma clandestina, en los que supuestamente se desvela una trama de soborno alrededor de Juan Núñez, uno de los jueces del caso.
"Ahora que ha salido a la luz clara evidencia de que todo el escándalo de los vídeos no fue más que un montaje armado por colaboradores de Chevron para tachar la credibilidad de la Corte, es más importante que nunca castigar a los responsables", añaden.
Al procurador General del Estado, Diego García, le requieren "asumir un papel digno en todo arbitraje internacional", en referencia a las dos causas de ese tipo que la petrolera ha interpuesto contra el Estado.
"Frente a la pretensión de Chevron-Texaco de suspender el juicio mientras se resuelva el arbitraje pendiente", se debe tener "plena conciencia de que suspender el juicio" hará "cómplice" al procurador "de las atrocidades sufridas por los residentes amazónicos".
Al presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos le reclaman "evitar caer en las trampas de Chevron-Texaco para dilatar más el caso", pues "mientras menos demore la sentencia, más pronto se podrá aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas".
También piden al Consejo de la Judicatura que se pronuncie sobre las acusaciones al juez Núñez y, al presidente Correa, quien "muy probablemente recibirá todo tipo de presiones" de la petrolera, dice la carta, le solicitan ejercer soberanía.
"Es hora de realizar un real ejercicio de soberanía, señor presidente, demostrando que en este país les hemos perdido todo temor reverencial a los poderes transnacionales", señala la misiva.
Finalmente, reclaman al pueblo ecuatoriano entender que la demanda contra la empresa estadounidense "es una demanda de todos los ecuatorianos y que, por lo tanto, debe ser respaldada de manera activa y efectiva".
Adicionalmente, califican el juicio como "una batalla desigual" en la que las comunidades se enfrentan a "la tercera empresa más poderosa de los Estados Unidos y la novena a nivel mundial".
Además, critican que la petrolera haya "invertido millonarias sumas de dinero para evitar una sentencia" y señalan que "de haber utilizado ese dinero en tecnologías mejores y más limpias, se podría haber detenido la magnitud de la destrucción provocada". (EFE)
La organización ambientalista Acción Ecológica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), entre otras, se dirigieron en su misiva al presidente Rafael Correa, a la Fiscalía, la Procuraduría y a la Corte de Justicia de Sucumbíos, donde se dirime el juicio.
La carta, también dirigida al pueblo y al Consejo de la Judicatura, se refiere al juicio contra Chevron, que dura ya 16 años y en el que comunidades amazónicas ecuatorianas demandan a la empresa $27 000 millones por supuestos daños ambientales durante sus operaciones en el país.
De ese modo, piden al fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, resolver las investigaciones "contra representantes de Chevron-Texaco y ex funcionarios de Gobiernos anteriores" de Ecuador "por fraude en el proceso de remediación" y limpieza ambiental.
Además, le solicitan continuar con el caso "represado" de unos vídeos, grabados de forma clandestina, en los que supuestamente se desvela una trama de soborno alrededor de Juan Núñez, uno de los jueces del caso.
"Ahora que ha salido a la luz clara evidencia de que todo el escándalo de los vídeos no fue más que un montaje armado por colaboradores de Chevron para tachar la credibilidad de la Corte, es más importante que nunca castigar a los responsables", añaden.
Al procurador General del Estado, Diego García, le requieren "asumir un papel digno en todo arbitraje internacional", en referencia a las dos causas de ese tipo que la petrolera ha interpuesto contra el Estado.
"Frente a la pretensión de Chevron-Texaco de suspender el juicio mientras se resuelva el arbitraje pendiente", se debe tener "plena conciencia de que suspender el juicio" hará "cómplice" al procurador "de las atrocidades sufridas por los residentes amazónicos".
Al presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos le reclaman "evitar caer en las trampas de Chevron-Texaco para dilatar más el caso", pues "mientras menos demore la sentencia, más pronto se podrá aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas".
También piden al Consejo de la Judicatura que se pronuncie sobre las acusaciones al juez Núñez y, al presidente Correa, quien "muy probablemente recibirá todo tipo de presiones" de la petrolera, dice la carta, le solicitan ejercer soberanía.
"Es hora de realizar un real ejercicio de soberanía, señor presidente, demostrando que en este país les hemos perdido todo temor reverencial a los poderes transnacionales", señala la misiva.
Finalmente, reclaman al pueblo ecuatoriano entender que la demanda contra la empresa estadounidense "es una demanda de todos los ecuatorianos y que, por lo tanto, debe ser respaldada de manera activa y efectiva".
Adicionalmente, califican el juicio como "una batalla desigual" en la que las comunidades se enfrentan a "la tercera empresa más poderosa de los Estados Unidos y la novena a nivel mundial".
Además, critican que la petrolera haya "invertido millonarias sumas de dinero para evitar una sentencia" y señalan que "de haber utilizado ese dinero en tecnologías mejores y más limpias, se podría haber detenido la magnitud de la destrucción provocada". (EFE)
