Una comisión de especialistas en asuntos limítrofes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad y de las Fuerzas Armadas analizará la solicitud de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que el Ecuador se pronuncie en el diferendo limítrofe marino entre Perú y Chile.
“Espero que el viernes podamos reunirnos”, adelantó el canciller Ricardo Patiño. Esa fue la resolución que se tomó ayer durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública.
De la cita de mañana se espera una propuesta de la posición ecuatoriana que luego tendrá que ser discutida con el presidente de la República, Rafael Correa.
Patiño explicó que Ecuador no tiene la necesidad de pronunciarse inmediatamente sobre la solicitud de la Corte. “Vamos a analizar si nosotros debemos intervenir o no, porque no estamos obligados a hacerlo”, dijo.
Antes de pronunciarse, el Gobierno quiere revisar con detalle la validez de los tratados de 1952 y 1954, que están vigentes y que fueron motivo de la consulta de la Corte. “Con seguridad querrá saber nuestro criterio, porque somos firmantes”, explicó Patiño.
Pero en el análisis también pesarán las implicaciones que un pronunciamiento podría traer al Ecuador. “Tenemos que considerar los intereses de nuestro país”, dijo.
Por ahora, el régimen prefiere una posición más prudente. “Lo que podemos decir es que Ecuador conoce de la notificación y se tomará el tiempo que considere oportuno para pronunciarse”, dijo Patiño.
“Espero que el viernes podamos reunirnos”, adelantó el canciller Ricardo Patiño. Esa fue la resolución que se tomó ayer durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública.
De la cita de mañana se espera una propuesta de la posición ecuatoriana que luego tendrá que ser discutida con el presidente de la República, Rafael Correa.
Patiño explicó que Ecuador no tiene la necesidad de pronunciarse inmediatamente sobre la solicitud de la Corte. “Vamos a analizar si nosotros debemos intervenir o no, porque no estamos obligados a hacerlo”, dijo.
Antes de pronunciarse, el Gobierno quiere revisar con detalle la validez de los tratados de 1952 y 1954, que están vigentes y que fueron motivo de la consulta de la Corte. “Con seguridad querrá saber nuestro criterio, porque somos firmantes”, explicó Patiño.
Pero en el análisis también pesarán las implicaciones que un pronunciamiento podría traer al Ecuador. “Tenemos que considerar los intereses de nuestro país”, dijo.
Por ahora, el régimen prefiere una posición más prudente. “Lo que podemos decir es que Ecuador conoce de la notificación y se tomará el tiempo que considere oportuno para pronunciarse”, dijo Patiño.
