La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) prepara un proyecto de ley que norme la justicia indígena, pero sin eliminar las prácticas ancestrales que incluyen ortigazos, baños de agua fría y tareas comunitarias.
Ayer su presidente Marlon Santi dijo que este proyecto se presentará a la Asamblea a la brevedad posible, pero recalcó que los delitos graves y asesinatos que ocurren en las comunidades no deben ser tratados por la justicia ordinaria.
“Si hay que poner una regulación a la justicia indígena se debe tratar según cada comunidad, con sus costumbres y sus particularidades. No se debe imponer una decisión desde la Asamblea, de acuerdo con la normativa occidental”.
Santi aseveró que las comunidades acuden a la justicia indígena porque desconfían de las autoridades, y acotó que si el asesinato que cometió Orlando Quishpe lo hubiera tratado la justicia ordinaria, este saldría en libertad en dos meses como ha ocurrido en el pasado.
El dirigente dijo, incluso, que el castigo que la comunidad La Cocha, en la provincia de Cotopaxi, le impuso a Quishpe fue leve, frente a la sanción que otras comunas aplican, como colocar ají en el ojo, refirió.
En otro tema, Marlon Santi desmintió las acusaciones del presidente Rafael Correa sobre la entrega de dos millones de dólares a la Conaie desde el año 2000, y que estos recursos fueran usados en movilizaciones o viajes de los dirigentes.
Santi explicó que la organización ha firmado convenio con los distintos gobiernos durante 20 años. Dijo que en ese tiempo, los recursos se han utilizado para la producción de materiales científicos, filosóficos y académicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Por ello, mostró libros y publicaciones efectuadas con el Ministerio de Educación.
El presidente de la Conaie dio plazo hasta hoy al Jefe de Estado para que demuestre la presunta malversación de fondos que denunció. Aseveró que con estas acusaciones, Correa busca desviar la atención del proyecto de Ley de Aguas que pretende archivarlo.
Ayer su presidente Marlon Santi dijo que este proyecto se presentará a la Asamblea a la brevedad posible, pero recalcó que los delitos graves y asesinatos que ocurren en las comunidades no deben ser tratados por la justicia ordinaria.
“Si hay que poner una regulación a la justicia indígena se debe tratar según cada comunidad, con sus costumbres y sus particularidades. No se debe imponer una decisión desde la Asamblea, de acuerdo con la normativa occidental”.
Santi aseveró que las comunidades acuden a la justicia indígena porque desconfían de las autoridades, y acotó que si el asesinato que cometió Orlando Quishpe lo hubiera tratado la justicia ordinaria, este saldría en libertad en dos meses como ha ocurrido en el pasado.
El dirigente dijo, incluso, que el castigo que la comunidad La Cocha, en la provincia de Cotopaxi, le impuso a Quishpe fue leve, frente a la sanción que otras comunas aplican, como colocar ají en el ojo, refirió.
En otro tema, Marlon Santi desmintió las acusaciones del presidente Rafael Correa sobre la entrega de dos millones de dólares a la Conaie desde el año 2000, y que estos recursos fueran usados en movilizaciones o viajes de los dirigentes.
Santi explicó que la organización ha firmado convenio con los distintos gobiernos durante 20 años. Dijo que en ese tiempo, los recursos se han utilizado para la producción de materiales científicos, filosóficos y académicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Por ello, mostró libros y publicaciones efectuadas con el Ministerio de Educación.
El presidente de la Conaie dio plazo hasta hoy al Jefe de Estado para que demuestre la presunta malversación de fondos que denunció. Aseveró que con estas acusaciones, Correa busca desviar la atención del proyecto de Ley de Aguas que pretende archivarlo.
