Luego de que el fiscal general, Washington Pesántez, dispuso iniciar una investigación por el asesinato de Marco Olivo en la comunidad indígena La Cocha, en Cotopaxi, la indagación previa comenzó y recayó en el fiscal Diego Mogro.
Tras el sorteo realizado anteayer, el fiscal provincial Roberto Guzmán dijo que el fiscal asignado deberá investigar todos los hechos.
Tras la indagación, el fiscal Mogro podrá formular cargos por causas como asesinato, tortura, plagio, entre otros hechos que deberán ser comprobados. Su duración dependerá del tipo de delito existente, explicó Guzmán.
Antes de que el ex fiscal Vicente Tibán renuncie a su cargo, el 25 de mayo, recibió la disposición legal de iniciar una indagación en contra de 24 dirigentes que participaron en el ajusticiamiento indígena en contra de Orlando Quishpe, desde que asesinaron a Olivo. Mogro, también, deberá indagar la causa.
Tibán, en su gestión desde 2008, conoció 32 noticias de delitos por muerte, de las cuales a cuatro dictó instrucción fiscal con auto de llamamiento a juicio y existe un detenido, caso que el tribunal de garantías penales aún no dicta sentencia.
Tibán explicó que del total de esos delitos, dos fueron desplazados a las fiscalías de la justicia ordinaria, dispuestas en las parroquias Guangaje y Zumbahua por un atropellamiento.
El desplazo del caso de Quispe a la justicia común provocará un conflicto en las comunidades y el rechazo de sus familiares, indicó Tibán.
Quishpe fue latigueado por los líderes de las 24 comunidades de Zumbahua. Él no podrá salir de la comuna en 5 años
“Esto no termina ahí. Cualquier fiscal que continúe la causa enfrentará la reacción de las comunidades que ya ejecutaron el castigo indígena. Por esta razón opté por no seguir participando”, dijo.
Luego de que los cinco implicados en el asesinato de Olivo recibieron su castigo, ellos aseguraron que fueron obligados a declarar de que participaron en el delito.
Tibán dijo que existen evidencias que prueban el delito y pueden ser llamados de nuevo por violar el principio de la Ama Llulla (no mentir).
Ante el ajusticiamiento ocurrido el 23 de mayo en La Cocha, los 10 fiscales de Asuntos Indígenas del país apoyaron la decisión de Pesántez. Mediante un comunicado resaltaron la prohibición expresa de las penas crueles, torturas y todo procedimiento inhumano, conforme lo señala la Constitución.
El ex fiscal Tibán explicó que se trató de hacer ‘todo lo posible’ por tramitar el caso a través de la justicia ordinaria, pero por parte de las fiscalías indígenas no era pertinente conocer el caso porque las propias comunidades indígenas se rebelarían en su contra.
Pesántez aseveró que la actuación de algunas comunidades indígenas violan estas normas y procedimientos.
Por ello, el funcionario hizo un llamado para que la Asamblea tramite una ley que regule los principios constitucionales sobre la aplicación de la justicia indígena.
Tras el sorteo realizado anteayer, el fiscal provincial Roberto Guzmán dijo que el fiscal asignado deberá investigar todos los hechos.
Tras la indagación, el fiscal Mogro podrá formular cargos por causas como asesinato, tortura, plagio, entre otros hechos que deberán ser comprobados. Su duración dependerá del tipo de delito existente, explicó Guzmán.
Antes de que el ex fiscal Vicente Tibán renuncie a su cargo, el 25 de mayo, recibió la disposición legal de iniciar una indagación en contra de 24 dirigentes que participaron en el ajusticiamiento indígena en contra de Orlando Quishpe, desde que asesinaron a Olivo. Mogro, también, deberá indagar la causa.
Tibán, en su gestión desde 2008, conoció 32 noticias de delitos por muerte, de las cuales a cuatro dictó instrucción fiscal con auto de llamamiento a juicio y existe un detenido, caso que el tribunal de garantías penales aún no dicta sentencia.
Tibán explicó que del total de esos delitos, dos fueron desplazados a las fiscalías de la justicia ordinaria, dispuestas en las parroquias Guangaje y Zumbahua por un atropellamiento.
El desplazo del caso de Quispe a la justicia común provocará un conflicto en las comunidades y el rechazo de sus familiares, indicó Tibán.
Quishpe fue latigueado por los líderes de las 24 comunidades de Zumbahua. Él no podrá salir de la comuna en 5 años
“Esto no termina ahí. Cualquier fiscal que continúe la causa enfrentará la reacción de las comunidades que ya ejecutaron el castigo indígena. Por esta razón opté por no seguir participando”, dijo.
Luego de que los cinco implicados en el asesinato de Olivo recibieron su castigo, ellos aseguraron que fueron obligados a declarar de que participaron en el delito.
Tibán dijo que existen evidencias que prueban el delito y pueden ser llamados de nuevo por violar el principio de la Ama Llulla (no mentir).
Ante el ajusticiamiento ocurrido el 23 de mayo en La Cocha, los 10 fiscales de Asuntos Indígenas del país apoyaron la decisión de Pesántez. Mediante un comunicado resaltaron la prohibición expresa de las penas crueles, torturas y todo procedimiento inhumano, conforme lo señala la Constitución.
El ex fiscal Tibán explicó que se trató de hacer ‘todo lo posible’ por tramitar el caso a través de la justicia ordinaria, pero por parte de las fiscalías indígenas no era pertinente conocer el caso porque las propias comunidades indígenas se rebelarían en su contra.
Pesántez aseveró que la actuación de algunas comunidades indígenas violan estas normas y procedimientos.
Por ello, el funcionario hizo un llamado para que la Asamblea tramite una ley que regule los principios constitucionales sobre la aplicación de la justicia indígena.
