En dos jornadas de trabajo, la Comisión -presidida por Betty Carrillo- no pudo llegar a un acuerdo respecto de la conformación del Consejo de Comunicación.
El acuerdo político sobre el texto de la Ley de Comunicación, firmado en diciembre pasado en la Asamblea, complica la integración del Consejo de Comunicación, previsto en la nueva normativa.
El cuarto punto de ese acuerdo reconoce la necesidad de conformar el mencionado organismo, pero también establece que este debe ser “autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos”.
El conflicto es por la presencia o no de delegados del Ejecutivo en el Consejo. Mientras los asambleístas de PAIS consideran casi una obligación que el régimen esté representado, la oposición piensa es un ente más ciudadano.
César Montúfar (Concertación Nacional Democrática) y Fausto Cobo (PSP) mostraron su inconformidad con la propuesta de integración del futuro Consejo que presentó la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo. Según su planteamiento, deben estar tres representantes de la ciudadanía, uno del ministro de Educación, uno del de Cultura, uno de los consejos de la igualdad (reconocidos en la Constitución para vigilar el cumplimiento de los derechos de la Constitución) y uno de las facultades de Comunicación.
“No puede estar el Gobierno, porque es un actor de la comunicación que también debe ser regulado”, reclamó Montúfar. Mientras, Cobo recordó a los legisladores de PAIS que el Consejo de Comunicación “no es un nivel de Gobierno”.
Sin embargo, Carrillo no dio su brazo a torcer, pues para ella dejar fuera al Ejecutivo implicaría incumplir con los demás puntos del compromiso.
En lo único que están de acuerdo es que el Consejo debe tener siete integrantes.
La oposición sugiere la presencia del Defensor del Pueblo; un delegado de las comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; un delegado de los comunicadores y periodistas agremiados, un delegado de las facultades de Comunicación y tres vocales ciudadanos.
Por esta indefinición, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez, expresó su preocupación, porque hasta el momento no se aprueba un solo artículo del proyecto.
El acuerdo político sobre el texto de la Ley de Comunicación, firmado en diciembre pasado en la Asamblea, complica la integración del Consejo de Comunicación, previsto en la nueva normativa.
El cuarto punto de ese acuerdo reconoce la necesidad de conformar el mencionado organismo, pero también establece que este debe ser “autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos”.
El conflicto es por la presencia o no de delegados del Ejecutivo en el Consejo. Mientras los asambleístas de PAIS consideran casi una obligación que el régimen esté representado, la oposición piensa es un ente más ciudadano.
César Montúfar (Concertación Nacional Democrática) y Fausto Cobo (PSP) mostraron su inconformidad con la propuesta de integración del futuro Consejo que presentó la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo. Según su planteamiento, deben estar tres representantes de la ciudadanía, uno del ministro de Educación, uno del de Cultura, uno de los consejos de la igualdad (reconocidos en la Constitución para vigilar el cumplimiento de los derechos de la Constitución) y uno de las facultades de Comunicación.
“No puede estar el Gobierno, porque es un actor de la comunicación que también debe ser regulado”, reclamó Montúfar. Mientras, Cobo recordó a los legisladores de PAIS que el Consejo de Comunicación “no es un nivel de Gobierno”.
Sin embargo, Carrillo no dio su brazo a torcer, pues para ella dejar fuera al Ejecutivo implicaría incumplir con los demás puntos del compromiso.
En lo único que están de acuerdo es que el Consejo debe tener siete integrantes.
La oposición sugiere la presencia del Defensor del Pueblo; un delegado de las comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias; un delegado de los comunicadores y periodistas agremiados, un delegado de las facultades de Comunicación y tres vocales ciudadanos.
Por esta indefinición, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez, expresó su preocupación, porque hasta el momento no se aprueba un solo artículo del proyecto.
