Domingo Paredes, titular de la Secretaría Nacional del Agua, se mostró de acuerdo con el planteamiento del presidente de la República, Rafael Correa, en el sentido de pedir el archivo del proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
El funcionario consideró que la decisión del mandatario, a la que calificó de sabia, permitirá desactivar el conflicto ocasionado por las presiones de ciertos dirigentes aborígenes, quienes han cerrado la posibilidad de que se conozca la opinión de las comunidades de base a través de una consulta prelegislativa.
“La decisión del Presidente ha sido muy importante, atinada y oportuna. Es decir, (archivar) un instrumento legal que ha generado conflictos, tantas malas interpretaciones e incomprensiones, donde aparecen elementos anticonstitucionales en los planteamientos de algunos dirigentes indígenas”, dijo Paredes durante una entrevista con El Ciudadano TV.
Señaló que si bien se necesita de un marco legal modernizado –puesto que la actual ley data de 1972- es pertinente establecer un lapso de tiempo prudencial para construir un proyecto de Ley más concertado y que ajuste a la Constitución de la República, que dispone que el recurso natural será regido por una Autoridad Única, posición a la que se oponen ciertos dirigentes indígenas.
“Tenemos un mandato constitucional donde hay dos elementos muy importantes: uno la declaratoria del agua como patrimonio nacional (que no se puede vender ni privatizar) y como un derecho humano. Y hay un orden de prelación que debe ser respetado, entonces, tenemos un mandato que está sobre la ley vigente y que hay que aplicarlo”, explicó.
Paredes cuestionó la falta de palabra y coherencia de los dirigentes indígenas quienes, según consta en ocho actas, llegaron a determinados acuerdos con el Gobierno, pero con el pasar de los días pretendieron tratar de imponer nuevas exigencias, “muchas de ellas anticonstitucionales.
Precisó que en ese sentido, los principios son inquebrantables: “no se puede negociar atentando contra los preceptos básicos de la Constitución”.
“El Presidente tiene razón (al plantear el archivo de la Ley) y una razón política en estos momentos muy objetiva e importante, porque no se puede establecer un proyecto de ley sin legitimidad, y al paso que vamos la legitimidad social está muy debilitada”, subrayó.
En este contexto cuestionó que los indígenas propongan la creación de un Consejo Plurinacional con rectoría y definición de políticas, que deja por fuera al sector productivo.
El funcionario consideró que la decisión del mandatario, a la que calificó de sabia, permitirá desactivar el conflicto ocasionado por las presiones de ciertos dirigentes aborígenes, quienes han cerrado la posibilidad de que se conozca la opinión de las comunidades de base a través de una consulta prelegislativa.
“La decisión del Presidente ha sido muy importante, atinada y oportuna. Es decir, (archivar) un instrumento legal que ha generado conflictos, tantas malas interpretaciones e incomprensiones, donde aparecen elementos anticonstitucionales en los planteamientos de algunos dirigentes indígenas”, dijo Paredes durante una entrevista con El Ciudadano TV.
Señaló que si bien se necesita de un marco legal modernizado –puesto que la actual ley data de 1972- es pertinente establecer un lapso de tiempo prudencial para construir un proyecto de Ley más concertado y que ajuste a la Constitución de la República, que dispone que el recurso natural será regido por una Autoridad Única, posición a la que se oponen ciertos dirigentes indígenas.
“Tenemos un mandato constitucional donde hay dos elementos muy importantes: uno la declaratoria del agua como patrimonio nacional (que no se puede vender ni privatizar) y como un derecho humano. Y hay un orden de prelación que debe ser respetado, entonces, tenemos un mandato que está sobre la ley vigente y que hay que aplicarlo”, explicó.
Paredes cuestionó la falta de palabra y coherencia de los dirigentes indígenas quienes, según consta en ocho actas, llegaron a determinados acuerdos con el Gobierno, pero con el pasar de los días pretendieron tratar de imponer nuevas exigencias, “muchas de ellas anticonstitucionales.
Precisó que en ese sentido, los principios son inquebrantables: “no se puede negociar atentando contra los preceptos básicos de la Constitución”.
“El Presidente tiene razón (al plantear el archivo de la Ley) y una razón política en estos momentos muy objetiva e importante, porque no se puede establecer un proyecto de ley sin legitimidad, y al paso que vamos la legitimidad social está muy debilitada”, subrayó.
En este contexto cuestionó que los indígenas propongan la creación de un Consejo Plurinacional con rectoría y definición de políticas, que deja por fuera al sector productivo.
