La Corporación de Aseguradoras del SOAT responde a la Fiscalía General del Estado señalando que los argumentos jurídicos de la instrucción fiscal que se prepara en su contra, por el supuesto delito de peculado, no tiene asidero alguno.
Aducen tener todos los argumentos para defender su gestión, porque –según aducen- trabajan al servicio de la vida y la tranquilidad de las personas.
“La figura de peculado con el cual se pretende imputar a la Corporación de Aseguradoras del SOAT (Corposoat), no es aplicable puesto que no son parte del sistema financiero”, señala la agremiación, no sin antes insistir que para dar paso a un juicio bajo la figura de peculado debe existir un informe de Contraloría General del Estado y ese informe se formula únicamente en caso de empleados públicos, que en su caso no lo son.
No son fondos públicos
Corposoat argumenta que se ha violado el libre proceso, porque no se les ha llamado a rendir su versión en las investigaciones que se han formulado en la Fiscalía y que jurídicamente no actúan como personas naturales y se les quiere juzgar como si lo fueran.
Aducen además que no son fondos públicos los que maneja Corposoat, porque éstos son fondos privados en beneficio público.
Se defienden también, señalando que el SOAT ha rebasado las expectativas, porque han realizado un buen manejo administrativo de los fondos privados beneficiando, en 24 meses, a más de 60 mil ecuatorianos.
17 compañías en la mira del Fiscal
Para el próximo jueves, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene previsto llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de los representantes legales de las 17 aseguradoras que operan en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y un funcionario de la Superintendencia de Bancos.
El delito imputado es por peculado que se habría perpetrado en el manejo de los recursos recaudados por concepto del SOAT.
La investigación fiscal se inició en abril de 2009, en función de las noticias que fueron vertidas a través de diferentes medios de comunicación, sobre las aparentes irregularidades en el manejo de los recursos recaudados por concepto del SOAT y en esta se llegó a establecer indicios de relevancia jurídico-penal, que permiten presumir la existencia del delito de peculado.
Aducen tener todos los argumentos para defender su gestión, porque –según aducen- trabajan al servicio de la vida y la tranquilidad de las personas.
“La figura de peculado con el cual se pretende imputar a la Corporación de Aseguradoras del SOAT (Corposoat), no es aplicable puesto que no son parte del sistema financiero”, señala la agremiación, no sin antes insistir que para dar paso a un juicio bajo la figura de peculado debe existir un informe de Contraloría General del Estado y ese informe se formula únicamente en caso de empleados públicos, que en su caso no lo son.
No son fondos públicos
Corposoat argumenta que se ha violado el libre proceso, porque no se les ha llamado a rendir su versión en las investigaciones que se han formulado en la Fiscalía y que jurídicamente no actúan como personas naturales y se les quiere juzgar como si lo fueran.
Aducen además que no son fondos públicos los que maneja Corposoat, porque éstos son fondos privados en beneficio público.
Se defienden también, señalando que el SOAT ha rebasado las expectativas, porque han realizado un buen manejo administrativo de los fondos privados beneficiando, en 24 meses, a más de 60 mil ecuatorianos.
17 compañías en la mira del Fiscal
Para el próximo jueves, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene previsto llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de los representantes legales de las 17 aseguradoras que operan en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y un funcionario de la Superintendencia de Bancos.
El delito imputado es por peculado que se habría perpetrado en el manejo de los recursos recaudados por concepto del SOAT.
La investigación fiscal se inició en abril de 2009, en función de las noticias que fueron vertidas a través de diferentes medios de comunicación, sobre las aparentes irregularidades en el manejo de los recursos recaudados por concepto del SOAT y en esta se llegó a establecer indicios de relevancia jurídico-penal, que permiten presumir la existencia del delito de peculado.
