Los familiares de Orlando Quisphe, señalado por la muerte de Marco Antonio Olivo Pallo, se reunieron ayer con miembros de la comunidad de La Cocha, parroquia Zumbahua (Cotopaxi), para acordar el castigo que se impondrá al supuesto asesino.
La detención de Quisphe enfrentó a los miembros de La Cocha y Guantopolo de donde son oriundos la víctima y el presunto asesino, respectivamente. Sin embargo, tras la cita de ayer, las diferencias estarían zanjadas.
El juzgamiento está previsto para el domingo, señaló el dirigente de Guantopolo, Pablo Umajinga. En ese día se reunirá la asamblea de las 24 comunidades del sector para definir la pena que sufrirá Quishpe.
Hasta que llegue ese momento, Quishpe realiza trabajos comunitarios con vigilancia indígena. Las tareas comprenden tostar cebada, cargar y trillar la gramínea y cavar papas. Ayer, un médico debía realizarle los chequeos de rigor.
Quishpe fue entregado por sus propios familiares al fiscal de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán, el miércoles 12 de mayo para que rindiera una versión sobre el fallecimiento de Olivo.
Su nombre fue mencionado por Iván Candelejo, uno de los primeros sospechosos del crimen ocurrido el 9 de mayo.
Justicia tergiversada
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, deploró la actuación de los comuneros de La Cocha y afirmó que el sentido de la justicia indígena ha sido tergiversado.
“El tema de la justicia indígena se debería asumir con seriedad, no se puede hablar de justicia indígena a cualquier práctica que esté reñida con la Constitución”, dijo. Para Jalkh la Policía deberá tener una estrategia de liberación de un secuestrado, sin que involucre la existencia de víctimas.
Coincidió con el fiscal Washington Pesántez en que este hecho no puede quedar en la impunidad y debe ser procesado por la justicia ordinaria.
Para el defensor Público, Ernesto Pazmiño, “la justicia indígena ya está rebasando los límites”.
La detención de Quisphe enfrentó a los miembros de La Cocha y Guantopolo de donde son oriundos la víctima y el presunto asesino, respectivamente. Sin embargo, tras la cita de ayer, las diferencias estarían zanjadas.
El juzgamiento está previsto para el domingo, señaló el dirigente de Guantopolo, Pablo Umajinga. En ese día se reunirá la asamblea de las 24 comunidades del sector para definir la pena que sufrirá Quishpe.
Hasta que llegue ese momento, Quishpe realiza trabajos comunitarios con vigilancia indígena. Las tareas comprenden tostar cebada, cargar y trillar la gramínea y cavar papas. Ayer, un médico debía realizarle los chequeos de rigor.
Quishpe fue entregado por sus propios familiares al fiscal de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán, el miércoles 12 de mayo para que rindiera una versión sobre el fallecimiento de Olivo.
Su nombre fue mencionado por Iván Candelejo, uno de los primeros sospechosos del crimen ocurrido el 9 de mayo.
Justicia tergiversada
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, deploró la actuación de los comuneros de La Cocha y afirmó que el sentido de la justicia indígena ha sido tergiversado.
“El tema de la justicia indígena se debería asumir con seriedad, no se puede hablar de justicia indígena a cualquier práctica que esté reñida con la Constitución”, dijo. Para Jalkh la Policía deberá tener una estrategia de liberación de un secuestrado, sin que involucre la existencia de víctimas.
Coincidió con el fiscal Washington Pesántez en que este hecho no puede quedar en la impunidad y debe ser procesado por la justicia ordinaria.
Para el defensor Público, Ernesto Pazmiño, “la justicia indígena ya está rebasando los límites”.
