A pocas horas de que se realice la negociación de los $ 1.515,3 millones en bonos emitidos por el Gobierno para financiar su déficit, y que tenía como seguro comprador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), varios eventos hacen tambalear dicha transacción.
Ayer, Blasco Peñaherrera Solah, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) que aglutina a las federaciones de cámaras productivas, conminó a Felipe Pezo, representante de su gremio ante el Consejo Directivo del IESS, que realice las acciones pertinentes para que no se realice ninguna inversión adicional en bonos del Estado “hasta que la deuda por pensiones y salud no haya sido cancelada”.
El Seguro había anunciado en su plan de inversiones comprar hasta $ 1.000 millones en esos bonos, generando críticas de varios sectores, especialmente porque el Gobierno está moroso con el IESS por más de $ 815 millones, según las cuentas del propio representante del Ejecutivo en el Seguro, Ramiro González.
En este sentido, Peñaherrera, pidió que no se acepte el pago de deuda pendiente con bonos del Estado, ya que la Constitución prohíbe pagar gastos corrientes con inversión.
Y advirtió a Pezo que será responsable, a título personal, de cualquier irregularidad o decisión contraria a la comunicación de sus mandantes.
El miércoles pasado, tanto Pezo como Luis Hidrobo (segundo representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IESS) pidieron que se gestione hasta este 25 de mayo, el cobro de la deuda y que se firme un convenio de pago definitivo correspondiente al 40% de las pensiones jubilares.
A través de una carta dirigida a González, criticaron el acta de compromiso de pago que había firmado este junto con el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, el lunes pasado. En ese documento ambas autoridades establecían que en cinco meses recién se establecería un monto consensuado y se definiría un cronograma de pago.
Sobre esa acta, la asambleísta Nivea Vélez (ADE), presidenta de la Comisión de los Trabajadores, explicó que la firma del acta es una estrategia engañosa del Gobierno para allanar el camino para la compra de bonos: “En ninguna parte de ese documento se dice cuándo va a pagar el Gobierno al Seguro Social”, aseguró.
La asambleísta rechazó el acta, pues no incluye la deuda total que incluye el déficit actuarial y las prestaciones médicas anteriores al 2008.
Vélez aseguró que la Comisión Técnica de Inversiones del IESS deberá responder sobre cómo es que autoriza la compra sin tener claras las cuentas con el deudor. “Estamos definiendo una figura jurídica dentro del Código Penal para establecer sanciones en contra de quienes hagan malos manejos de los dineros del IESS”, explicó.
Ayer, la Comisión de Inversiones, encabezada por Eva García, representante de los empresarios, analizaba la compra, pero no hubo resultados hasta el cierre de las bolsas.
Ayer, Blasco Peñaherrera Solah, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) que aglutina a las federaciones de cámaras productivas, conminó a Felipe Pezo, representante de su gremio ante el Consejo Directivo del IESS, que realice las acciones pertinentes para que no se realice ninguna inversión adicional en bonos del Estado “hasta que la deuda por pensiones y salud no haya sido cancelada”.
El Seguro había anunciado en su plan de inversiones comprar hasta $ 1.000 millones en esos bonos, generando críticas de varios sectores, especialmente porque el Gobierno está moroso con el IESS por más de $ 815 millones, según las cuentas del propio representante del Ejecutivo en el Seguro, Ramiro González.
En este sentido, Peñaherrera, pidió que no se acepte el pago de deuda pendiente con bonos del Estado, ya que la Constitución prohíbe pagar gastos corrientes con inversión.
Y advirtió a Pezo que será responsable, a título personal, de cualquier irregularidad o decisión contraria a la comunicación de sus mandantes.
El miércoles pasado, tanto Pezo como Luis Hidrobo (segundo representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IESS) pidieron que se gestione hasta este 25 de mayo, el cobro de la deuda y que se firme un convenio de pago definitivo correspondiente al 40% de las pensiones jubilares.
A través de una carta dirigida a González, criticaron el acta de compromiso de pago que había firmado este junto con el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, el lunes pasado. En ese documento ambas autoridades establecían que en cinco meses recién se establecería un monto consensuado y se definiría un cronograma de pago.
Sobre esa acta, la asambleísta Nivea Vélez (ADE), presidenta de la Comisión de los Trabajadores, explicó que la firma del acta es una estrategia engañosa del Gobierno para allanar el camino para la compra de bonos: “En ninguna parte de ese documento se dice cuándo va a pagar el Gobierno al Seguro Social”, aseguró.
La asambleísta rechazó el acta, pues no incluye la deuda total que incluye el déficit actuarial y las prestaciones médicas anteriores al 2008.
Vélez aseguró que la Comisión Técnica de Inversiones del IESS deberá responder sobre cómo es que autoriza la compra sin tener claras las cuentas con el deudor. “Estamos definiendo una figura jurídica dentro del Código Penal para establecer sanciones en contra de quienes hagan malos manejos de los dineros del IESS”, explicó.
Ayer, la Comisión de Inversiones, encabezada por Eva García, representante de los empresarios, analizaba la compra, pero no hubo resultados hasta el cierre de las bolsas.
