El presidente Rafael Correa ratificó ayer las acciones judiciales contra quienes participaron en el ajusticiamiento del ciudadano Orlando Quishpe, que ocurrió en la comunidad de La Cocha, provincia de Cotopaxi.
“Aquí hay gente que paladinamente sale diciendo nosotros tenemos a este señor y lo vamos a sancionar. Eso es secuestro. La gente que cometió el secuestro del ciudadano Quishpe, por culpable que sea de asesinato, las torturas que se realizaron, etcétera, tendrá que responder ante la ley nacional”, dijo.
A su arribo de Argentina, Correa señaló que el país se debe regir por el estado de derecho y no puede aceptar torturas, ni espectáculos denigrantes.
Aseveró que en la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se aprobó el nuevo orden constitucional, lo que se hizo fue continuar con lo establecido en la Constitución de 1998 sobre justicia indígena, pero expresando claramente que se reconocerá esta figura en todo lo que no atente a la Carta Magna y los Derechos Humanos.
El Jefe de Estado enfatizó que en cuestiones penales, sobre todo en robos y asesinatos, ya no caben las prácticas ancestrales, sino la justicia nacional.
Calificó como una “monstruosidad” las presuntas declaraciones del ex fiscal de asuntos indígenas de Cotopaxi, Vicente Tibán, quien señaló que (en el caso de La Cocha) con la justicia indígena ya bastaba. “Imagínese si inauguramos esa nueva clase de justicia, que es un asesinato de acuerdo a costumbres ancestrales. Mañana un amigo mío asesina, digo que las costumbres ancestrales de mi barrio deben ponerle 30 días de trabajo comunitario es un precedente nefasto”.
Mientras, la Fiscalía General analiza la posibilidad de iniciar procesos penales en contra de las personas de la comunidad de La Cocha que ejercieron justicia por mano propia.
La Defensoría Pública solicitó evitar este tipo de acciones, hasta que la Asamblea apruebe una ley que regule la aplicación de la justicia indígena.
La autoridades de ambas entidades dijeron que lo ocurrido en La Cocha sobrepasó el derecho de las comunidades indias y violó los derechos humanos.
Por ello, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, dijo que al no existir un procedimiento adecuado no se puede regresar a etapas de la edad media, donde la tortura fue el mecanismo para conseguir pruebas ilícitas y condenar a las personas.
El defensor público Ernesto Pazmiño pidió a los indígenas que paren en la aplicación de la justicia. “No puede exponerse al país a este bochorno internacional porque todos esos latigazos y colgamientos son parte de las cadenas noticiosas internacionales, donde se ve a Ecuador como un pueblo primitivo”.
En tanto, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se reunió ayer de manera reservada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales para analizar, entro otros puntos, las bases de proyecto de regulación de la justicia indígena.
Detalles: Casos en Cotopaxi y Orellana.
El diálogo entre la Policía, la Fiscalía y miembros de la comunidad de Alpamalag del cantón Pujilí (Cotopaxi), permitió que el pasado domingo se evite el castigo a Germán Guanotasig, presunto ladrón de ganado. La comunidad y el detenido firmaron un acta en la que este se comprometió a buscar un trabajo, dejar la bebida, pagar una indemnización a la comunidad de $ 500 y la advertencia de que si volvía a robar reses quedará desterrado por la comunidad.
Colonos quemados
En la comuna 25 de Agosto del cantón Loreto (en Orellana), los dirigentes quichuas dieron una fiesta la madrugada del pasado lunes. El presidente de la comuna, Mario Chiguango, sacó a bailar a la pareja de un colono, pero esto originó una gresca en la que los colonos Víctor Naranjo y Pedro Velasco fueron atados, golpeados y quemados con leña y gasolina. Por el asesinato, siete personas fueron detenidas, entre ellos Chiguango.
“Aquí hay gente que paladinamente sale diciendo nosotros tenemos a este señor y lo vamos a sancionar. Eso es secuestro. La gente que cometió el secuestro del ciudadano Quishpe, por culpable que sea de asesinato, las torturas que se realizaron, etcétera, tendrá que responder ante la ley nacional”, dijo.
A su arribo de Argentina, Correa señaló que el país se debe regir por el estado de derecho y no puede aceptar torturas, ni espectáculos denigrantes.
Aseveró que en la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se aprobó el nuevo orden constitucional, lo que se hizo fue continuar con lo establecido en la Constitución de 1998 sobre justicia indígena, pero expresando claramente que se reconocerá esta figura en todo lo que no atente a la Carta Magna y los Derechos Humanos.
El Jefe de Estado enfatizó que en cuestiones penales, sobre todo en robos y asesinatos, ya no caben las prácticas ancestrales, sino la justicia nacional.
Calificó como una “monstruosidad” las presuntas declaraciones del ex fiscal de asuntos indígenas de Cotopaxi, Vicente Tibán, quien señaló que (en el caso de La Cocha) con la justicia indígena ya bastaba. “Imagínese si inauguramos esa nueva clase de justicia, que es un asesinato de acuerdo a costumbres ancestrales. Mañana un amigo mío asesina, digo que las costumbres ancestrales de mi barrio deben ponerle 30 días de trabajo comunitario es un precedente nefasto”.
Mientras, la Fiscalía General analiza la posibilidad de iniciar procesos penales en contra de las personas de la comunidad de La Cocha que ejercieron justicia por mano propia.
La Defensoría Pública solicitó evitar este tipo de acciones, hasta que la Asamblea apruebe una ley que regule la aplicación de la justicia indígena.
La autoridades de ambas entidades dijeron que lo ocurrido en La Cocha sobrepasó el derecho de las comunidades indias y violó los derechos humanos.
Por ello, el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, dijo que al no existir un procedimiento adecuado no se puede regresar a etapas de la edad media, donde la tortura fue el mecanismo para conseguir pruebas ilícitas y condenar a las personas.
El defensor público Ernesto Pazmiño pidió a los indígenas que paren en la aplicación de la justicia. “No puede exponerse al país a este bochorno internacional porque todos esos latigazos y colgamientos son parte de las cadenas noticiosas internacionales, donde se ve a Ecuador como un pueblo primitivo”.
En tanto, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se reunió ayer de manera reservada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales para analizar, entro otros puntos, las bases de proyecto de regulación de la justicia indígena.
Detalles: Casos en Cotopaxi y Orellana.
El diálogo entre la Policía, la Fiscalía y miembros de la comunidad de Alpamalag del cantón Pujilí (Cotopaxi), permitió que el pasado domingo se evite el castigo a Germán Guanotasig, presunto ladrón de ganado. La comunidad y el detenido firmaron un acta en la que este se comprometió a buscar un trabajo, dejar la bebida, pagar una indemnización a la comunidad de $ 500 y la advertencia de que si volvía a robar reses quedará desterrado por la comunidad.
Colonos quemados
En la comuna 25 de Agosto del cantón Loreto (en Orellana), los dirigentes quichuas dieron una fiesta la madrugada del pasado lunes. El presidente de la comuna, Mario Chiguango, sacó a bailar a la pareja de un colono, pero esto originó una gresca en la que los colonos Víctor Naranjo y Pedro Velasco fueron atados, golpeados y quemados con leña y gasolina. Por el asesinato, siete personas fueron detenidas, entre ellos Chiguango.
