Con la presencia de la ministra Coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, inició el conocimiento y análisis del Tratado Constitutivo del Banco del Sur.
El titular del organismo, Fernando Bustamante, recordó que el Banco del Sur es una iniciativa vinculada a los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que pretende crear una banca de inversión y desarrollo que permita incrementar la autonomía o capacidad de los pueblos de la subregión para orientar su ahorro interno a los propósitos de desarrollo.
La perspectiva está trazada hacia la soberanía alimentaria y energética; apoyo al desarrollo de la mediana y pequeña empresa; el progreso de la salud; y, la transversalidad ambiental, dijo, al comentar que la Corte Constitucional emitió el correspondiente dictamen favorable el 18 de marzo de 2010, para la ratificación del tratado.
Anunció que el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea estará listo la próxima semana, a la vez que recordó que según la normativa Brasil, Venezuela y Argentina aportarán 2 mil millones de dólares, otros más pequeños, entre ellos Ecuador 400 millones y otros, como Surinam y Guyana 45 millones.
Entre tanto, la Secretaria de Estado explicó que dicho instrumento, dentro de sus características y objetivos, plantea que haya una intermediación de los recursos del ahorro de los países participantes para el financiamiento de su desarrollo.
Además, dijo, se persigue una redefinición de prioridades de desarrollo económico – social, a través de las soberanías definidas en la misma constitución, tales como la soberanía alimentaria, energética que busca el cambio de la matriz energética hacia energías limpias, la soberanía de la salud, de los recursos naturales y la soberanía del conocimiento, entendiendo todos estos como elementos articuladores que permitirían afianzar el avance desde nosotros mismos.
Agregó que también es clave el tema de la orientación del financiamiento especialmente para la economía popular y solidaria, para facilitar los mecanismos de pago, el comercio con una desvinculación del capital con el poder de toma de decisiones; en la entidad cada país tendrá un voto, sostuvo, el citar el caso del BID, organismo multilateral, donde se vota de acuerdo con las acciones que tiene cada nación, en función de los aportes que realizan.
Al tiempo de precisar que Ecuador podría acceder a préstamos equivalentes a cuatro veces el aporte, precisó que existe una consideración particular y transversal del área ambiental, que propiciará el financiamiento de iniciativas verdes.
Insistió que se busca captar el ahorro regional, que actualmente se invierte en el norte y que, de alguna manera, no representa ninguna garantía después de la crisis mundial que se vivió, que se inició en Estados Unidos y luego se extendió a todos los rincones del planeta. La idea es que podamos captar este ahorro en forma de reservas internacionales e inversiones privadas y que sirva para nosotros mismos, sostuvo.
Enfatizó que se persigue financiar el desarrollo económico y social de los países participantes sobre la base de las nuevas prioridades, no de una agenda impuesta, en el caso del Ecuador, soberana y definida en la Constitución y en el Plan Nacional para el Buen Vivir, al manifestar que nuestro país tendrá que entregar 400 millones de dólares en un período de 10 años y que para el primer año en el presupuesto general del Estado constan 8 millones de dólares.
La Comisión 5 receptó los comentarios de Carlos de la Torre, delegado del Presidente de la Comisión Técnica Presidencial para la configuración de la nueva arquitectura financiera regional.
El titular del organismo, Fernando Bustamante, recordó que el Banco del Sur es una iniciativa vinculada a los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que pretende crear una banca de inversión y desarrollo que permita incrementar la autonomía o capacidad de los pueblos de la subregión para orientar su ahorro interno a los propósitos de desarrollo.
La perspectiva está trazada hacia la soberanía alimentaria y energética; apoyo al desarrollo de la mediana y pequeña empresa; el progreso de la salud; y, la transversalidad ambiental, dijo, al comentar que la Corte Constitucional emitió el correspondiente dictamen favorable el 18 de marzo de 2010, para la ratificación del tratado.
Anunció que el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea estará listo la próxima semana, a la vez que recordó que según la normativa Brasil, Venezuela y Argentina aportarán 2 mil millones de dólares, otros más pequeños, entre ellos Ecuador 400 millones y otros, como Surinam y Guyana 45 millones.
Entre tanto, la Secretaria de Estado explicó que dicho instrumento, dentro de sus características y objetivos, plantea que haya una intermediación de los recursos del ahorro de los países participantes para el financiamiento de su desarrollo.
Además, dijo, se persigue una redefinición de prioridades de desarrollo económico – social, a través de las soberanías definidas en la misma constitución, tales como la soberanía alimentaria, energética que busca el cambio de la matriz energética hacia energías limpias, la soberanía de la salud, de los recursos naturales y la soberanía del conocimiento, entendiendo todos estos como elementos articuladores que permitirían afianzar el avance desde nosotros mismos.
Agregó que también es clave el tema de la orientación del financiamiento especialmente para la economía popular y solidaria, para facilitar los mecanismos de pago, el comercio con una desvinculación del capital con el poder de toma de decisiones; en la entidad cada país tendrá un voto, sostuvo, el citar el caso del BID, organismo multilateral, donde se vota de acuerdo con las acciones que tiene cada nación, en función de los aportes que realizan.
Al tiempo de precisar que Ecuador podría acceder a préstamos equivalentes a cuatro veces el aporte, precisó que existe una consideración particular y transversal del área ambiental, que propiciará el financiamiento de iniciativas verdes.
Insistió que se busca captar el ahorro regional, que actualmente se invierte en el norte y que, de alguna manera, no representa ninguna garantía después de la crisis mundial que se vivió, que se inició en Estados Unidos y luego se extendió a todos los rincones del planeta. La idea es que podamos captar este ahorro en forma de reservas internacionales e inversiones privadas y que sirva para nosotros mismos, sostuvo.
Enfatizó que se persigue financiar el desarrollo económico y social de los países participantes sobre la base de las nuevas prioridades, no de una agenda impuesta, en el caso del Ecuador, soberana y definida en la Constitución y en el Plan Nacional para el Buen Vivir, al manifestar que nuestro país tendrá que entregar 400 millones de dólares en un período de 10 años y que para el primer año en el presupuesto general del Estado constan 8 millones de dólares.
La Comisión 5 receptó los comentarios de Carlos de la Torre, delegado del Presidente de la Comisión Técnica Presidencial para la configuración de la nueva arquitectura financiera regional.
