Pese a que el Presidente de la República, Rafael Correa, y el secretario nacional del Agua, Domingo Paredes, sugirieron el posible archivo de la ley de recursos hídricos, la propuesta aún no logra el respaldo ni siquiera de PAIS.
Ayer, César Rodríguez, coordinador de la bancada oficialista, dijo que el tema todavía no se ha tratado en el bloque pero cree que ya que la ley de aguas es un mandato constitucional, el archivo “no se puede asumir como una respuesta al conflicto”.
En tanto, Sociedad Patriótica (PSP) y Madera de Guerrero (MG) insisten en que la norma legal debe ser llevada a votación porque para ellos la consulta prelegislativa que se prevé es un simple trámite para ganar tiempo hasta que el Gobierno sume los votos para aprobar la norma tal como está.
De su parte, Cléver Jiménez (PK) también comentó que el Movimiento Indígena no concuerda con el archivo de la ley y sostuvo que insistirán en que los resultados de la consulta sean tomados en cuenta para el texto final.
Si la Asamblea decide archivar el proyecto de ley de recursos hídricos (ley de aguas) tendrá que enfrentar una nueva arremetida de los sectores indígenas.
Esto lo dejó claro el presidente del Consejo Nacional de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Manuel Chugchilán, al oficializar la postura de su movimiento en este tema.
“Si se llega a concretar dicha medida, el movimiento indígena no descarta nuevas movilizaciones”, advirtió el dirigente, quien rechazó la posibilidad que el presidente Rafael Correa hizo para congelar el tratamiento de la normativa.
Chugchilán agregó que la Feine exigirá que se trabaje por un país sin exclusiones, maltratos, insultos y sectarismos. “El Gobierno debe bajar el tono y buscar el diálogo con el fin de articular los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional”, acotó.
El presidente de la Feine dijo que pedirán que la consulta pre legisltativa sea vinculante respetando la Constitución y los tratados internacionales. “No tendría sentido consultar a los pueblos indígenas si nuestras ideas no van a ser incluidas”, puntualizó.
El asambleísta Marco Murillo respaldó la tesis de una consulta vinculante e indicó que se debe respetar el artículo 32 numeral 2 de la Organización de las Naciones Unidas que trata sobre este derecho de los pueblos indígenas.
El asambleísta indicó además que conforme a lo que señala la Carta Magna en su artículo 10 numeral 3, todos los derechos establecidos en la Constitución o en los instrumentos universales serán de inmediata aplicación.
El presidente del Consejo Nacional de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Manuel Chugchilán hizo un llamado al Gobierno para que aclare a queéorganizaciones entregó recursos económicos. “El presidente Correa deberá demostrar con documentos cuánto y para qué entregó dinero a cada organización, no creo que la plata haya dado para los bolsillos de los dirigentes”.
Ayer se convocó a los jefes de las bancadas legislativas a una reunión con el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, para discutir sobre las leyes que deberían pasar por la consulta prelegislativa.
Pero justo a las 11:00, hora de la convocatoria, la cita fue suspendida y reprogramada para el viernes a la misma hora. Eso generó el rechazo de varios legisladores, sobre todo de Gilmar Gutiérrez (PSP), quien envió una carta a Cordero reclamando por la “falta de respeto”.
Ayer, César Rodríguez, coordinador de la bancada oficialista, dijo que el tema todavía no se ha tratado en el bloque pero cree que ya que la ley de aguas es un mandato constitucional, el archivo “no se puede asumir como una respuesta al conflicto”.
En tanto, Sociedad Patriótica (PSP) y Madera de Guerrero (MG) insisten en que la norma legal debe ser llevada a votación porque para ellos la consulta prelegislativa que se prevé es un simple trámite para ganar tiempo hasta que el Gobierno sume los votos para aprobar la norma tal como está.
De su parte, Cléver Jiménez (PK) también comentó que el Movimiento Indígena no concuerda con el archivo de la ley y sostuvo que insistirán en que los resultados de la consulta sean tomados en cuenta para el texto final.
Si la Asamblea decide archivar el proyecto de ley de recursos hídricos (ley de aguas) tendrá que enfrentar una nueva arremetida de los sectores indígenas.
Esto lo dejó claro el presidente del Consejo Nacional de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Manuel Chugchilán, al oficializar la postura de su movimiento en este tema.
“Si se llega a concretar dicha medida, el movimiento indígena no descarta nuevas movilizaciones”, advirtió el dirigente, quien rechazó la posibilidad que el presidente Rafael Correa hizo para congelar el tratamiento de la normativa.
Chugchilán agregó que la Feine exigirá que se trabaje por un país sin exclusiones, maltratos, insultos y sectarismos. “El Gobierno debe bajar el tono y buscar el diálogo con el fin de articular los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional”, acotó.
El presidente de la Feine dijo que pedirán que la consulta pre legisltativa sea vinculante respetando la Constitución y los tratados internacionales. “No tendría sentido consultar a los pueblos indígenas si nuestras ideas no van a ser incluidas”, puntualizó.
El asambleísta Marco Murillo respaldó la tesis de una consulta vinculante e indicó que se debe respetar el artículo 32 numeral 2 de la Organización de las Naciones Unidas que trata sobre este derecho de los pueblos indígenas.
El asambleísta indicó además que conforme a lo que señala la Carta Magna en su artículo 10 numeral 3, todos los derechos establecidos en la Constitución o en los instrumentos universales serán de inmediata aplicación.
El presidente del Consejo Nacional de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Manuel Chugchilán hizo un llamado al Gobierno para que aclare a queéorganizaciones entregó recursos económicos. “El presidente Correa deberá demostrar con documentos cuánto y para qué entregó dinero a cada organización, no creo que la plata haya dado para los bolsillos de los dirigentes”.
Ayer se convocó a los jefes de las bancadas legislativas a una reunión con el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, para discutir sobre las leyes que deberían pasar por la consulta prelegislativa.
Pero justo a las 11:00, hora de la convocatoria, la cita fue suspendida y reprogramada para el viernes a la misma hora. Eso generó el rechazo de varios legisladores, sobre todo de Gilmar Gutiérrez (PSP), quien envió una carta a Cordero reclamando por la “falta de respeto”.
