Por segunda ocasión se volvió a postergar la audiencia de juzgamiento de Cao Lay Muñoz y Bolívar López, imputados del presunto delito de cohecho cuando se habría intentado “comprar” conciencias en la Asamblea Constituyente.
En esta ocasión, el Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha justificó la prórroga de la audiencia señalando que el principal testigo de este caso, el asambleísta Gabriel Rivera López, se ausentará del país el 26 de mayo de 2010, fecha en que debía darse la audiencia oral pública de juzgamiento de los dos imputados.
La Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha confirmó en todas sus partes el auto de llamamiento a juicio en contra de Cao Lay Muñoz y Bolívar López Santos, por el presunto delito de cohecho, que es sancionado con una penal de seis meses a tres años de prisión y una multa de ocho a diez y seis dólares.
Este proceso se inició el 6 de marzo de 2008 mediante la instrucción dictada por el fiscal Iván Ron, de la Unidad de Delitos Flagrantes, en base a la denuncia formulada por el entonces asambleísta constituyente, José Rivera López, quien dijo que el 4 de enero de 2008 fue contactado telefónicamente por un sujeto que no se identificó ni conocía y que le ofreció tres millones de dólares.
Este dinero aparentemente debía ser pagado de la siguiente forma: un millón de dólares por la reinstalación del Congreso Nacional y dos millones por la no aprobación del texto de la nueva Constitución, así como 250 mil dólares por cada asambleísta que consiga para hacer el mismo trabajo.
Organizada la instrucción fiscal y concluida la misma, el representante del Ministerio Fiscal emitió dictamen acusatorio contra los dos imputados, en el grado de autor a Cao Lay Muñoz y como cómplice a Bolívar López, dictamen que fue ratificado en la audiencia preliminar por el fiscal actuante, Miguel Jurado, y a la conclusión de la misma el juez dictó auto de llamamiento a juicio contra los referidos imputados, quienes impugnaron dicha resolución.
Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial señalan que conforme lo establece el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, antes de las reformas de 24 de marzo de 2009, para dictar auto de llamamiento a juicio, se requiere que de los resultados de la instrucción fiscal aparezcan presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito de del procesado, como autor, cómplice o encubridor, presunciones e indicios que en el caso que les ocupa, han sido ampliamente demostradas dentro del expediente.
El proceso tendrá que regresar al juzgado de origen, en este caso al Primero de Garantías Penales de Pichincha, para que continúe su trámite.
Un asambleísta es el principal testigo
El Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha postergó para el 16 de junio de 2010 la audiencia oral pública de juzgamiento de Cao Lay Muñoz y Bolívar López, a la que están citados 15 testigos, entre éstos el asambleísta Gabriel Rivera López.
Cao Lay Muñoz y Bolívar López también enfrentaban otro juicio por un supuesto atentado a la seguridad interna del Estado, en el que además estaba imputado el hoy fallecido asambleísta de Sociedad Patriótica, Julio Logroño, pero en éste fueron sobreseídos y el caso se archivó.
Los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia alegaron que no encontraron hechos que constituyan delito y que los indicios existentes no permitieron la determinación de presunciones sobre la existencia de la infracción.
En esta ocasión, el Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha justificó la prórroga de la audiencia señalando que el principal testigo de este caso, el asambleísta Gabriel Rivera López, se ausentará del país el 26 de mayo de 2010, fecha en que debía darse la audiencia oral pública de juzgamiento de los dos imputados.
La Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha confirmó en todas sus partes el auto de llamamiento a juicio en contra de Cao Lay Muñoz y Bolívar López Santos, por el presunto delito de cohecho, que es sancionado con una penal de seis meses a tres años de prisión y una multa de ocho a diez y seis dólares.
Este proceso se inició el 6 de marzo de 2008 mediante la instrucción dictada por el fiscal Iván Ron, de la Unidad de Delitos Flagrantes, en base a la denuncia formulada por el entonces asambleísta constituyente, José Rivera López, quien dijo que el 4 de enero de 2008 fue contactado telefónicamente por un sujeto que no se identificó ni conocía y que le ofreció tres millones de dólares.
Este dinero aparentemente debía ser pagado de la siguiente forma: un millón de dólares por la reinstalación del Congreso Nacional y dos millones por la no aprobación del texto de la nueva Constitución, así como 250 mil dólares por cada asambleísta que consiga para hacer el mismo trabajo.
Organizada la instrucción fiscal y concluida la misma, el representante del Ministerio Fiscal emitió dictamen acusatorio contra los dos imputados, en el grado de autor a Cao Lay Muñoz y como cómplice a Bolívar López, dictamen que fue ratificado en la audiencia preliminar por el fiscal actuante, Miguel Jurado, y a la conclusión de la misma el juez dictó auto de llamamiento a juicio contra los referidos imputados, quienes impugnaron dicha resolución.
Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial señalan que conforme lo establece el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, antes de las reformas de 24 de marzo de 2009, para dictar auto de llamamiento a juicio, se requiere que de los resultados de la instrucción fiscal aparezcan presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito de del procesado, como autor, cómplice o encubridor, presunciones e indicios que en el caso que les ocupa, han sido ampliamente demostradas dentro del expediente.
El proceso tendrá que regresar al juzgado de origen, en este caso al Primero de Garantías Penales de Pichincha, para que continúe su trámite.
Un asambleísta es el principal testigo
El Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha postergó para el 16 de junio de 2010 la audiencia oral pública de juzgamiento de Cao Lay Muñoz y Bolívar López, a la que están citados 15 testigos, entre éstos el asambleísta Gabriel Rivera López.
Cao Lay Muñoz y Bolívar López también enfrentaban otro juicio por un supuesto atentado a la seguridad interna del Estado, en el que además estaba imputado el hoy fallecido asambleísta de Sociedad Patriótica, Julio Logroño, pero en éste fueron sobreseídos y el caso se archivó.
Los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia alegaron que no encontraron hechos que constituyan delito y que los indicios existentes no permitieron la determinación de presunciones sobre la existencia de la infracción.
