Personal de la empresa Reciclajes Internacionales (Recynter) durante la clasificación de tres diferentes tipos de cobre en la planta, al norte de la ciudad.
Mario Bravo tiene más de 40 años en el negocio del reciclaje. Desde pequeño recogió latas de aluminio y periódicos en las calles que, con el pasar del tiempo, le sirvieron para formar una empresa que hoy corre el peligro de cerrar sus operaciones.
Sentado en el despacho de Reciclajes Internacionales (Recynter), el hombre ve a través de un gran ventanal a una parte de las casi 150 personas que laboran para él, y en tono preocupado dice que “el tiempo se acaba”. Si hasta fines de este mes el Gobierno no modifica el Decreto 1145 que prohíbe el envío de chatarra ferrosa (hierro y acero) y no ferrosa (cobre, bronce y aluminio), advierte que las consecuencias serán graves para el sector, ya que se atenta con la estabilidad de 15.000 recicladores.
Durante el 2008 y 2009 un grupo de cinco empresas de este sector realizó exportaciones a Asia, y ahora solicitan vender el 15% del material de la oferta del mercado interno, que es de 300 mil toneladas métricas.
Según datos estadísticos, un aproximado de 45 mil toneladas métricas de material no ferroso y 200 mil toneladas del ferroso es exportado, lo que representaban $ 150 millones.
La tonelada de chatarra se comercializa en el exterior en $ 380, en el país se paga $230.
Con ese precedente, Bravo es claro en decir que lo correcto debería ser que den un cupo al año, ya que todos han realizado inversión en maquinarias e implementos, lo que se transformaría en pérdidas.
Así, una de las soluciones que proponen los recicladores es que si recogen 5.000 toneladas de chatarra al mes, los dejen al menos exportar el 10%, que serían alrededor de 3.000, de manera que en el 2011 les reduzcan gradualmente a 2.000 toneladas y ya en el 2012 puedan no exportar.
“Se trata de regular el precio del mercado de compra y no todo de un solo golpe, ya que se deja de exportar chatarra y todo ese material queda; con esto los productos terminados bajarían si ellos pagan a menos precio la chatarra”, dijo.
El sector envió cartas a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de la Producción e Industrias, por lo que esperan un pronunciamiento en las próximas horas, caso contrario no descarta solicitar una demanda de amparo constitucional para frenar la medida.
Mario Bravo tiene más de 40 años en el negocio del reciclaje. Desde pequeño recogió latas de aluminio y periódicos en las calles que, con el pasar del tiempo, le sirvieron para formar una empresa que hoy corre el peligro de cerrar sus operaciones.
Sentado en el despacho de Reciclajes Internacionales (Recynter), el hombre ve a través de un gran ventanal a una parte de las casi 150 personas que laboran para él, y en tono preocupado dice que “el tiempo se acaba”. Si hasta fines de este mes el Gobierno no modifica el Decreto 1145 que prohíbe el envío de chatarra ferrosa (hierro y acero) y no ferrosa (cobre, bronce y aluminio), advierte que las consecuencias serán graves para el sector, ya que se atenta con la estabilidad de 15.000 recicladores.
Durante el 2008 y 2009 un grupo de cinco empresas de este sector realizó exportaciones a Asia, y ahora solicitan vender el 15% del material de la oferta del mercado interno, que es de 300 mil toneladas métricas.
Según datos estadísticos, un aproximado de 45 mil toneladas métricas de material no ferroso y 200 mil toneladas del ferroso es exportado, lo que representaban $ 150 millones.
La tonelada de chatarra se comercializa en el exterior en $ 380, en el país se paga $230.
Con ese precedente, Bravo es claro en decir que lo correcto debería ser que den un cupo al año, ya que todos han realizado inversión en maquinarias e implementos, lo que se transformaría en pérdidas.
Así, una de las soluciones que proponen los recicladores es que si recogen 5.000 toneladas de chatarra al mes, los dejen al menos exportar el 10%, que serían alrededor de 3.000, de manera que en el 2011 les reduzcan gradualmente a 2.000 toneladas y ya en el 2012 puedan no exportar.
“Se trata de regular el precio del mercado de compra y no todo de un solo golpe, ya que se deja de exportar chatarra y todo ese material queda; con esto los productos terminados bajarían si ellos pagan a menos precio la chatarra”, dijo.
El sector envió cartas a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de la Producción e Industrias, por lo que esperan un pronunciamiento en las próximas horas, caso contrario no descarta solicitar una demanda de amparo constitucional para frenar la medida.
