Las autoridades de la empresa pública EP Petroecuador mantuvieron hasta ayer silencio frente a la denuncia del ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio, de un supuesto perjuicio económico de $ 14 millones en la novena subasta de crudo.
A esa irregularidad, según el denunciante, se suma que el comprador fue la firma Latina Oil (ecuatoriana), que es una empresa que no consta en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni de la Superintendencia de Compañías y tampoco está en la lista de proveedores de Petroecuador.
La afectación, según Villavicencio, se dio al momento en que el valor a descontarse del precio internacional –por cada barril de crudo que se embarque superó el planteado por Petroecuador.
El castigo pedido en la subasta fue de $ 1,25 para el Oriente y $ 1,30 para el Napo, pero el comprador presentó $ 1,50 por barril, denunció Villavicencio.
El remate se efectuó en abril pasado y fueron dos lotes de crudo de 360.000 barriles cada uno. El petróleo subastado pertenece a la petrolera franco-británica Perenco. “El perjuicio es de $ 20 por barril, equivalentes a $ 14 millones si se contabilizan los dos embarques de petróleo, configurando (así) la existencia de los delitos de colusión y peculado”, expuso.
Petroecuador remata ese crudo para recuperar más de $ 327 millones que esa compañía le debe, supuestamente, por no transferir recursos al fisco. Los fondos se acumularon porque Perenco no transfirió los excedentes petroleros generados por el alto precio del crudo.
Esa rebeldía provocó que Petroecuador inicie un juicio coactivo, el cual desembocó en el embargo de su producción. Así, los barriles de crudo que extrae Perenco en la Amazonía y se transportan a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) al puerto de Balao, en Esmeraldas, son retenidos en el puerto por Petroecuador para su posterior subasta.
Hasta el momento la empresa pública ha efectuado nueve remates de crudo. Los ocho primeros se llevó la propia Petroecuador y el noveno, las empresas Trenaco y Latina Oil.
Luis Calero, abogado petrolero, comentó que en caso de haber un perjuicio económico en el remate, este sería para Perenco, ya que el Estado subasta el producto de esa compañía para recuperar una deuda.
A esa irregularidad, según el denunciante, se suma que el comprador fue la firma Latina Oil (ecuatoriana), que es una empresa que no consta en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni de la Superintendencia de Compañías y tampoco está en la lista de proveedores de Petroecuador.
La afectación, según Villavicencio, se dio al momento en que el valor a descontarse del precio internacional –por cada barril de crudo que se embarque superó el planteado por Petroecuador.
El castigo pedido en la subasta fue de $ 1,25 para el Oriente y $ 1,30 para el Napo, pero el comprador presentó $ 1,50 por barril, denunció Villavicencio.
El remate se efectuó en abril pasado y fueron dos lotes de crudo de 360.000 barriles cada uno. El petróleo subastado pertenece a la petrolera franco-británica Perenco. “El perjuicio es de $ 20 por barril, equivalentes a $ 14 millones si se contabilizan los dos embarques de petróleo, configurando (así) la existencia de los delitos de colusión y peculado”, expuso.
Petroecuador remata ese crudo para recuperar más de $ 327 millones que esa compañía le debe, supuestamente, por no transferir recursos al fisco. Los fondos se acumularon porque Perenco no transfirió los excedentes petroleros generados por el alto precio del crudo.
Esa rebeldía provocó que Petroecuador inicie un juicio coactivo, el cual desembocó en el embargo de su producción. Así, los barriles de crudo que extrae Perenco en la Amazonía y se transportan a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) al puerto de Balao, en Esmeraldas, son retenidos en el puerto por Petroecuador para su posterior subasta.
Hasta el momento la empresa pública ha efectuado nueve remates de crudo. Los ocho primeros se llevó la propia Petroecuador y el noveno, las empresas Trenaco y Latina Oil.
Luis Calero, abogado petrolero, comentó que en caso de haber un perjuicio económico en el remate, este sería para Perenco, ya que el Estado subasta el producto de esa compañía para recuperar una deuda.
