Un grupo de obreros de la Amazonia ecuatoriana presentaron una acción de protección en contra del Presidente de la República, el Ministro del Trabajo y el titular de Petroecuador, para que se cumpla con lo establecido en el Mandato 8, que puso fin a la tercerización laboral.
Los demandantes, a través de su abogado Luis Villacís Gallardo, señalan que a través del referido Mandato Constituyente, que era de aplicación inmediata, se estableció que ninguna persona obrera deberá trabajar por horas ni a través de tercerizadoras, y que los que estaban en esta condición debían ser contratados directamente por la empresa, pero hasta la actualidad no se ha cumplido en ninguna de sus formas en Petroproducción.
Señalan además que las autoridades de la empresa estatal no solo que no han cumplido con el referido Mandato, sino también que han procedido a despedir a muchos obreros que estaban tercerizados, dejando a sus familias en desprotección absoluta.
Argumentan que no pretenden indagar sobre las circunstancias o hechos que indujeron a Petroproducción a no dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, o en su defecto a buscar culpables, sino todo lo contrario, porque su afán es remediar este hecho y de acuerdo con la ley y al amparo de las garantías constitucionales, se garantice la estabilidad laboral de los obreros, y que no sigan siendo contratados con órdenes de trabajo temporales y que se cumpla con lo establecido en el Mandato 8.
Justifican su acción señalando que por tratarse de autoridades públicas que han incurrido en acciones y omisiones ilegítimas, conculcatorias de derechos constitucionales, que han irrogado o que pueden irrogar grave daño, los legítimos contradictores, la legitimidad de personería pasiva se encuentra detentada en las personas del Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Petroproducción, filial de Petroecuador.
La acción de protección fue sorteada al Juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha.
Los demandantes, a través de su abogado Luis Villacís Gallardo, señalan que a través del referido Mandato Constituyente, que era de aplicación inmediata, se estableció que ninguna persona obrera deberá trabajar por horas ni a través de tercerizadoras, y que los que estaban en esta condición debían ser contratados directamente por la empresa, pero hasta la actualidad no se ha cumplido en ninguna de sus formas en Petroproducción.
Señalan además que las autoridades de la empresa estatal no solo que no han cumplido con el referido Mandato, sino también que han procedido a despedir a muchos obreros que estaban tercerizados, dejando a sus familias en desprotección absoluta.
Argumentan que no pretenden indagar sobre las circunstancias o hechos que indujeron a Petroproducción a no dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, o en su defecto a buscar culpables, sino todo lo contrario, porque su afán es remediar este hecho y de acuerdo con la ley y al amparo de las garantías constitucionales, se garantice la estabilidad laboral de los obreros, y que no sigan siendo contratados con órdenes de trabajo temporales y que se cumpla con lo establecido en el Mandato 8.
Justifican su acción señalando que por tratarse de autoridades públicas que han incurrido en acciones y omisiones ilegítimas, conculcatorias de derechos constitucionales, que han irrogado o que pueden irrogar grave daño, los legítimos contradictores, la legitimidad de personería pasiva se encuentra detentada en las personas del Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y Petroproducción, filial de Petroecuador.
La acción de protección fue sorteada al Juzgado Décimo de Garantías Penales de Pichincha.
