Los tres proyectos de ley de comunicación presentados a la Asamblea Nacional por César Montúfar (CND), por el Foro Ecuatoriano de la Comunicación y Rolando Panchana (AP), segundo vicepresidente del Legislativo, plantean varias similitudes en cuanto al manejo de los medios públicos.
Mientras el proyecto del Foro de la Comunicación dispone que el financiamiento de estas instancias provendrán del Presupuesto General del Estado, tasas pagadas por la población, donaciones que el medio considere procedentes, la iniciativa de Panchana también relieva la necesidad que sea el Estado quien cubra este manejo, además, por donaciones nacionales, extranjeras o la venta de sus productos y servicios. El proyecto de Montúfar también coincide con estas sugerencias.
Sin embargo, en el planteamiento oficial no se especifican aspectos como los requisitos para su funcionamiento, y en una transitoria deja abierta la posibilidad de que una vez publicada la ley en el Registro Oficial, en un plazo de 360 se expedirá la ley que regule su ejercicio y una reforma a la Ley del Ejercicio Profesional de Periodistas.
Aunque en el proyecto oficial también se destaca que los beneficios económicos que se obtengan como producto de esta actividad, estos se destinarán a sus propio desarrollo y sostenibilidad, pero aclara que si estos recursos no son reinvertidos en estos fines, deberán ser transferidos al presupuesto del Estado.
Montúfar también comentó que será necesario introducir regulaciones para evitar que estos se conviertan en instrumentos del Gobierno. "No es admisible que cada mañana los ecuatorianos, que tenemos la libertad de escoger qué canal de televisión queremos ver para informarnos, el Gobierno intervenga con sus típicas cadenas".
Montúfar asimismo discrepa en que la creación de un medio público debería ser a través de una ley que regule su carácter. En su proyecto de comunicación también sugiere que se blinde de cualquier interferencia gubernamental o si un servidor público intente concebirlo como un instrumento de la política de comunicación del Gobierno.
Otras de las coincidencias que se observan en estas iniciativas es que estos medios no tendrán fines de lucro porque su rentabilidad es social y no económica. El proyecto del gobierno enfatiza además en que se "garantizará su autonomía e independencia del Gobierno del turno". De una forma más independiente, el proyecto del Foro de la Comunicación abre la posibilidad que la estructura organizacional de estos medios contará con una amplia participación de la ciudadanía.
Mientras el proyecto del Foro de la Comunicación dispone que el financiamiento de estas instancias provendrán del Presupuesto General del Estado, tasas pagadas por la población, donaciones que el medio considere procedentes, la iniciativa de Panchana también relieva la necesidad que sea el Estado quien cubra este manejo, además, por donaciones nacionales, extranjeras o la venta de sus productos y servicios. El proyecto de Montúfar también coincide con estas sugerencias.
Sin embargo, en el planteamiento oficial no se especifican aspectos como los requisitos para su funcionamiento, y en una transitoria deja abierta la posibilidad de que una vez publicada la ley en el Registro Oficial, en un plazo de 360 se expedirá la ley que regule su ejercicio y una reforma a la Ley del Ejercicio Profesional de Periodistas.
Aunque en el proyecto oficial también se destaca que los beneficios económicos que se obtengan como producto de esta actividad, estos se destinarán a sus propio desarrollo y sostenibilidad, pero aclara que si estos recursos no son reinvertidos en estos fines, deberán ser transferidos al presupuesto del Estado.
Montúfar también comentó que será necesario introducir regulaciones para evitar que estos se conviertan en instrumentos del Gobierno. "No es admisible que cada mañana los ecuatorianos, que tenemos la libertad de escoger qué canal de televisión queremos ver para informarnos, el Gobierno intervenga con sus típicas cadenas".
Montúfar asimismo discrepa en que la creación de un medio público debería ser a través de una ley que regule su carácter. En su proyecto de comunicación también sugiere que se blinde de cualquier interferencia gubernamental o si un servidor público intente concebirlo como un instrumento de la política de comunicación del Gobierno.
Otras de las coincidencias que se observan en estas iniciativas es que estos medios no tendrán fines de lucro porque su rentabilidad es social y no económica. El proyecto del gobierno enfatiza además en que se "garantizará su autonomía e independencia del Gobierno del turno". De una forma más independiente, el proyecto del Foro de la Comunicación abre la posibilidad que la estructura organizacional de estos medios contará con una amplia participación de la ciudadanía.
