Uno de los oficiales del Ejército que asesoró para que el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae) adquiera dos avionetas para el Programa de Salud Ambulatoria deslinda responsabilidad en los problemas que surgieron con las aeronaves. Una llegó en enero y, por no ser la adecuada, está varada en un hangar en Shell (Pastaza). La otra debía llegar ayer, pese a que el plazo se cumplió el 2 de agosto.
El oficial, que pidió la reserva de su nombre, dijo que todo se debe a que el Ecorae no terminó de comprar los equipos y accesorios. "Ecorae tiene que solucionar el problema y exigir que la empresa proveedora (Safetymax) cumpla con los parámetros contractuales", sostuvo.
Esas dos avionetas debían estar operando en casi 300 pistas cortas de comunidades indígenas de la selva de Pastaza, Morona, Zamora, Orellana y una parte de Napo, para evacuar pacientes dentro del Programa de Salud Ambulatoria publicitado por el Gobierno de Rafael Correa.
"Me da la impresión de que el tema es político. Las avionetas no despegan ni el proyecto", señaló la fuente, frente a lo cual, Carlos Viteri, secretario ejecutivo del Ecorae, aclaró: "No soy político, no busco candidatura a la vuelta de la esquina. No puedo perder el tiempo en juegos politiqueros. Todos es un problema técnico".
Otra cosa que destacó la fuente militar fue que un ingeniero agrónomo (de Ecorae) fue quien dijo que las naves no pueden operar por cuestiones técnicas, en referencia al jefe de Evaluación y Monitoreo del Ecorae.
Ante esto, Viteri destacó que los informes técnicos fueron realizados por pilotos locales que vuelan en pistas cortas y que el jefe de Evaluación, que sí es ingeniero agrónomo, solo recogió el informe y lo entregó.
Destacó que, en la anterior administración del Ecorae, liderada por Tania Massón, "se apresuraron procesos y tiempos de contratación para comprar las avionetas, por lo que se cayó en improvisación y no se tomaron en cuenta detalles técnicos".
Licitación. En el proceso de compra de estas avionetas, hubo dos licitaciones. La primera (005- SE-Ecorae) fue descartada porque, según Maritza Jaramillo, delegada de la Presidencia de la República para esa contratación, ninguna oferta cumplía parámetros técnicos. Por ello, se llamó a segunda licitación (007-SE-Ecorae) y se presentó una sola oferta. Peses a ello, el 2 de diciembre, el Ecorae declaró ganadora a Safetymax, dándole el contrato por $1 332 000, de los cuales, desembolsó $660 mil.
El oficial, que pidió la reserva de su nombre, dijo que todo se debe a que el Ecorae no terminó de comprar los equipos y accesorios. "Ecorae tiene que solucionar el problema y exigir que la empresa proveedora (Safetymax) cumpla con los parámetros contractuales", sostuvo.
Esas dos avionetas debían estar operando en casi 300 pistas cortas de comunidades indígenas de la selva de Pastaza, Morona, Zamora, Orellana y una parte de Napo, para evacuar pacientes dentro del Programa de Salud Ambulatoria publicitado por el Gobierno de Rafael Correa.
"Me da la impresión de que el tema es político. Las avionetas no despegan ni el proyecto", señaló la fuente, frente a lo cual, Carlos Viteri, secretario ejecutivo del Ecorae, aclaró: "No soy político, no busco candidatura a la vuelta de la esquina. No puedo perder el tiempo en juegos politiqueros. Todos es un problema técnico".
Otra cosa que destacó la fuente militar fue que un ingeniero agrónomo (de Ecorae) fue quien dijo que las naves no pueden operar por cuestiones técnicas, en referencia al jefe de Evaluación y Monitoreo del Ecorae.
Ante esto, Viteri destacó que los informes técnicos fueron realizados por pilotos locales que vuelan en pistas cortas y que el jefe de Evaluación, que sí es ingeniero agrónomo, solo recogió el informe y lo entregó.
Destacó que, en la anterior administración del Ecorae, liderada por Tania Massón, "se apresuraron procesos y tiempos de contratación para comprar las avionetas, por lo que se cayó en improvisación y no se tomaron en cuenta detalles técnicos".
Licitación. En el proceso de compra de estas avionetas, hubo dos licitaciones. La primera (005- SE-Ecorae) fue descartada porque, según Maritza Jaramillo, delegada de la Presidencia de la República para esa contratación, ninguna oferta cumplía parámetros técnicos. Por ello, se llamó a segunda licitación (007-SE-Ecorae) y se presentó una sola oferta. Peses a ello, el 2 de diciembre, el Ecorae declaró ganadora a Safetymax, dándole el contrato por $1 332 000, de los cuales, desembolsó $660 mil.
