La nueva Ley de Extranjería española que se encuentra en tramitación parlamentaria exigirá a los inmigrantes ser residentes legales para poder inscribirse en el padrón municipal, lo que automáticamente les cerrará las puertas a la salud y a la educación.
Este detalle de la normativa fue denunciado ayer por las ONG Cáritas Española, Red Acoge y Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se reunieron con grupos legislativos para presentarles sus enmiendas a la nueva Ley de Extranjería.
El Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento español) tiene previsto debatir hoy la enmienda a la totalidad de la normativa presentada por todos los partidos de la oposición para que el Gobierno retire el mencionado proyecto de ley.
El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, recalcó que aún hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes y "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia.
Las enmiendas redactadas por estas ONG exigen modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda, acceso al empadronamiento y a la educación.
En junio pasado, el Ejecutivo español aprobó la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años. De acuerdo con los defensores de esta normativa, el objetivo es controlar la inmigración y evitar que los desempleados se sigan sumando en España.
Con esta normativa se limita además la reagrupación familiar (con los ascendientes: abuelos y padres). También aumenta el tiempo que un inmigrante ilegal debe permanecer en un centro de internamiento antes de su deportación (de 40 a 60 días). (EFE)
Este detalle de la normativa fue denunciado ayer por las ONG Cáritas Española, Red Acoge y Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR), que se reunieron con grupos legislativos para presentarles sus enmiendas a la nueva Ley de Extranjería.
El Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento español) tiene previsto debatir hoy la enmienda a la totalidad de la normativa presentada por todos los partidos de la oposición para que el Gobierno retire el mencionado proyecto de ley.
El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, recalcó que aún hay margen y posibilidades para corregir aspectos que, a su juicio, limitan los derechos de los inmigrantes y "contradicen" las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia.
Las enmiendas redactadas por estas ONG exigen modificaciones del proyecto de ley referidas a la reagrupación familiar, acceso al derecho de justicia gratuita o a la vivienda, acceso al empadronamiento y a la educación.
En junio pasado, el Ejecutivo español aprobó la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años. De acuerdo con los defensores de esta normativa, el objetivo es controlar la inmigración y evitar que los desempleados se sigan sumando en España.
Con esta normativa se limita además la reagrupación familiar (con los ascendientes: abuelos y padres). También aumenta el tiempo que un inmigrante ilegal debe permanecer en un centro de internamiento antes de su deportación (de 40 a 60 días). (EFE)
