Los accionistas de Teleamazonas convocaron a un concurso de ofertas para su valoración con vistas a una eventual venta de la emisora, informó hoy esa cadena de televisión.
En un breve comunicado, Teleamazonas explicó que para cumplir con la nueva Constitución, aprobada en septiembre de 2008 y que establece que los accionistas de instituciones financieras no pueden tener participación en medios de comunicación, convocó a un concurso de ofertas para la valoración del canal.
Según los medios locales, los propietarios de Teleamazonas están relacionados con el grupo financiero Pichincha, cuya entidad bancaria es una de las más importantes del país andino.
De acuerdo con el canal, el proceso "tiene como objetivo conocer cuál sería el justo precio para su venta" y, en el trámite, no sólo se considerará la oferta más alta sino y "sobre todo, las condiciones éticas y morales que exhiban los oferentes".
"Se tomará en cuenta especialmente su trayectoria como concesionarios y operadores de medios de comunicación respetuosos de las libertades individuales y colectivas", añade.
Teleamazonas tiene pendiente un juicio administrativo por la difusión de vídeos grabados clandestinamente en el despacho presidencial, contraviniendo lo establecido en la actual ley de Radiodifusión.
Ese proceso supone el cuarto expediente que el Gobierno ha abierto contra el canal pues en junio ya fue multado con 40 dólares por haber transmitido una noticia basada en supuestos sobre la existencia de un presunto centro de cómputo clandestino del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones generales de abril.
Meses antes fue sancionado a pagar 20 dólares por haber transmitido imágenes de corridas de toros en un horario no permitido.
Actualmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones estudia una tercera sanción, que supondría una clausura por tres meses, también por difundir una noticia basada en supuestos, esta vez por un reportaje sobre un proyecto de exploración de gas que presumiblemente afectaría a la pesca.
El canal se ha convertido en uno de los bastiones de la oposición al Gobierno del presidente Rafael Correa y ha denunciado en diversas ocasiones que esos procesos administrativos son un ataque a la libertad de expresión y una persecución contra sus periodistas.
En un breve comunicado, Teleamazonas explicó que para cumplir con la nueva Constitución, aprobada en septiembre de 2008 y que establece que los accionistas de instituciones financieras no pueden tener participación en medios de comunicación, convocó a un concurso de ofertas para la valoración del canal.
Según los medios locales, los propietarios de Teleamazonas están relacionados con el grupo financiero Pichincha, cuya entidad bancaria es una de las más importantes del país andino.
De acuerdo con el canal, el proceso "tiene como objetivo conocer cuál sería el justo precio para su venta" y, en el trámite, no sólo se considerará la oferta más alta sino y "sobre todo, las condiciones éticas y morales que exhiban los oferentes".
"Se tomará en cuenta especialmente su trayectoria como concesionarios y operadores de medios de comunicación respetuosos de las libertades individuales y colectivas", añade.
Teleamazonas tiene pendiente un juicio administrativo por la difusión de vídeos grabados clandestinamente en el despacho presidencial, contraviniendo lo establecido en la actual ley de Radiodifusión.
Ese proceso supone el cuarto expediente que el Gobierno ha abierto contra el canal pues en junio ya fue multado con 40 dólares por haber transmitido una noticia basada en supuestos sobre la existencia de un presunto centro de cómputo clandestino del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones generales de abril.
Meses antes fue sancionado a pagar 20 dólares por haber transmitido imágenes de corridas de toros en un horario no permitido.
Actualmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones estudia una tercera sanción, que supondría una clausura por tres meses, también por difundir una noticia basada en supuestos, esta vez por un reportaje sobre un proyecto de exploración de gas que presumiblemente afectaría a la pesca.
El canal se ha convertido en uno de los bastiones de la oposición al Gobierno del presidente Rafael Correa y ha denunciado en diversas ocasiones que esos procesos administrativos son un ataque a la libertad de expresión y una persecución contra sus periodistas.
