De unas 3 000 entidades que conforman el sector público, 2.860, es decir el 95% incumple la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que entró en vigencia hace cinco años.
El artículo 12 de la Ley obliga a las instituciones públicas a entregar anualmente a la Defensoría del Pueblo la información sobre los pedidos de acceso a la información.
Cesar Ricaurte, director de esa organización, advierte que el problema va más allá de lo cuantitativo y tiene que ver con la calidad de la información facilitada por las pocas entidades que cumplen la norma, que del 5%.
Fundamedios inició el análisis hace solo dos meses, con un pedido de información a la Defensoría del Pueblo, pero allí encontró solo informes escuetos de pocas entidades en las que solo de informan a la Defensoría que sí atendieron pedidos de acceso a la información.
El mismo informe destaca que muchas instituciones, para justificar el cumplimiento de la Ley, se han limitado a abrir una página web con información administrativa, presupuestaria, jurídica, de servicios, contratos, etc pero a nivel general.
Otro aspecto que dificulta el acceso es, a decir de Ricaurte, la actitud de los funcionarios responsables del manejo de la información pública, sobre la cual han desarrollado un sentido de propiedad, lo cual traba la labor de los medios de comunicación y de cualquier ciudadano, empresa o sector que requiera datos oficiales.
Quizá, uno de los casos más reveladores es el del bloqueo denunciado por la Veeduría creada por disposición del Presidente Rafael Correa, para transparentar el escándalo de los contratos de su hermano Fabricio. Según Pablo Chambers, vocero de la Veeduría, la mayoría de entidades que tienen contratos con empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, les han negado la información.
Fundamedios emitirá una segunda parte de su estudio, con información sobre los medios de comunicación y periodistas que han solicitado información estatal y sobre la respuesta que han obtenido. Ricaurte destacó la necesidad de crear en el Ecuador un organismo independiente que vigile el cumplimiento de la Ley. Hasta el momento, esa tarea está a cargo de la Defensoría del Pueblo pero, en opinión del experto, esa vigilancia no ha estado entre sus prioridades. Destacó la importancia que el libre acceso tiene para la generación de información confiable. "Si no contamos con esa garantía, sería riesgoso porque evidenciaría que la Ley ha llegado a un punto muerto, y se estaría violando el derecho que la sociedad tiene a recibir información veraz y de calidad", acotó.
Para el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, las falencias obedecen a la falta de recursos, aunque indicó que la Defensoría se encuentra en una etapa de modernización y ampliación de sus sistemas informáticos para optimizar el control del cumplimiento de la Ley. Gutiérrez dijo que la Defensoría continuará, a través de anuncios de prensa, o de manera directa, recordándoles a las instituciones públicas su obligación de presentar un informe anual sobre la transparencia en la información.
El artículo 12 de la Ley obliga a las instituciones públicas a entregar anualmente a la Defensoría del Pueblo la información sobre los pedidos de acceso a la información.
Cesar Ricaurte, director de esa organización, advierte que el problema va más allá de lo cuantitativo y tiene que ver con la calidad de la información facilitada por las pocas entidades que cumplen la norma, que del 5%.
Fundamedios inició el análisis hace solo dos meses, con un pedido de información a la Defensoría del Pueblo, pero allí encontró solo informes escuetos de pocas entidades en las que solo de informan a la Defensoría que sí atendieron pedidos de acceso a la información.
El mismo informe destaca que muchas instituciones, para justificar el cumplimiento de la Ley, se han limitado a abrir una página web con información administrativa, presupuestaria, jurídica, de servicios, contratos, etc pero a nivel general.
Otro aspecto que dificulta el acceso es, a decir de Ricaurte, la actitud de los funcionarios responsables del manejo de la información pública, sobre la cual han desarrollado un sentido de propiedad, lo cual traba la labor de los medios de comunicación y de cualquier ciudadano, empresa o sector que requiera datos oficiales.
Quizá, uno de los casos más reveladores es el del bloqueo denunciado por la Veeduría creada por disposición del Presidente Rafael Correa, para transparentar el escándalo de los contratos de su hermano Fabricio. Según Pablo Chambers, vocero de la Veeduría, la mayoría de entidades que tienen contratos con empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, les han negado la información.
Fundamedios emitirá una segunda parte de su estudio, con información sobre los medios de comunicación y periodistas que han solicitado información estatal y sobre la respuesta que han obtenido. Ricaurte destacó la necesidad de crear en el Ecuador un organismo independiente que vigile el cumplimiento de la Ley. Hasta el momento, esa tarea está a cargo de la Defensoría del Pueblo pero, en opinión del experto, esa vigilancia no ha estado entre sus prioridades. Destacó la importancia que el libre acceso tiene para la generación de información confiable. "Si no contamos con esa garantía, sería riesgoso porque evidenciaría que la Ley ha llegado a un punto muerto, y se estaría violando el derecho que la sociedad tiene a recibir información veraz y de calidad", acotó.
Para el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, las falencias obedecen a la falta de recursos, aunque indicó que la Defensoría se encuentra en una etapa de modernización y ampliación de sus sistemas informáticos para optimizar el control del cumplimiento de la Ley. Gutiérrez dijo que la Defensoría continuará, a través de anuncios de prensa, o de manera directa, recordándoles a las instituciones públicas su obligación de presentar un informe anual sobre la transparencia en la información.
