La prórroga sería de unos 90 días, pues según la Ley de la Función Legislativa, ese es el tiempo aproximado que les toma a los asambleístas el tratamiento y aprobación de una norma. El bloque de PAIS aún no ha revisado el tema, lo hará el próximo lunes.
Otro aspecto que aún no se ha acordado es si la Asamblea se mantendrá hasta el 14 de octubre sin aprobar las leyes para que la CC se pronuncie, o si pedirán desde ya un pronunciamiento al respecto.
En el bloque gobiernista hay criterios divididos sobre el incumplimiento del plazo. Fernando Bustamante, por ejemplo, dice que en caso de que no se aprueben las leyes, habrá que “recurrir a la cláusula de la buena fe”. Esto es que quienes demanden la inconstitucionalidad de los textos no aprobados “deberán demostrar que en ello hubo mala fe”.
Pero Betty Amores considera que hablar de la violación del tiempo es “una falsa polémica”, pues recalca que cerca de 50 disposiciones transitorias de la Constitución de 1998 no fueron cumplidas. Por ello agrega que “no es necesaria una resolución de la Corte Constitucional”.
En la oposición
El retraso en el tratamiento de las leyes urgentes se debe, a decir de Jorge Escala (MPD), a que “se perdió el tiempo en esperar los proyectos que vengan del Ejecutivo”.
Pone como ejemplo la Ley de Aguas pues Pachakutik presentó una propuesta el 20 de agosto, la cual no fue calificada sino hasta finales de ese mes, cuando llegó el articulado de Carondelet.
Por otra parte, para Cynthia Viteri (MG-PSC) es innegable que lloverán las demandas de inconstitucionalidad sobre las normativas no aprobadas, ya que “la Constitución es tajante en decir cuáles leyes se deben aprobar hasta esa fecha”.
A la espera de información
El presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, afirmó que el tema será conocido por el organismo cuando cuenten con la información adecuada.
El funcionario puntualizó que en estos casos la Constitución establece que el organismo de interpretación auténtica es la CC. “Eso tendrá que ser analizado para que haya un pronunciamiento nuestro, pero antes no se puede anticipar un criterio”, indicó.
Deben aprobarse hasta octubre
Educación General
Educación Superior
Comunicación
Cultura
Deportes
Penal militar y policial
Registros de datos
Servicio Público
Participación Ciudadana
Aguas
Descentralización
Otro aspecto que aún no se ha acordado es si la Asamblea se mantendrá hasta el 14 de octubre sin aprobar las leyes para que la CC se pronuncie, o si pedirán desde ya un pronunciamiento al respecto.
En el bloque gobiernista hay criterios divididos sobre el incumplimiento del plazo. Fernando Bustamante, por ejemplo, dice que en caso de que no se aprueben las leyes, habrá que “recurrir a la cláusula de la buena fe”. Esto es que quienes demanden la inconstitucionalidad de los textos no aprobados “deberán demostrar que en ello hubo mala fe”.
Pero Betty Amores considera que hablar de la violación del tiempo es “una falsa polémica”, pues recalca que cerca de 50 disposiciones transitorias de la Constitución de 1998 no fueron cumplidas. Por ello agrega que “no es necesaria una resolución de la Corte Constitucional”.
En la oposición
El retraso en el tratamiento de las leyes urgentes se debe, a decir de Jorge Escala (MPD), a que “se perdió el tiempo en esperar los proyectos que vengan del Ejecutivo”.
Pone como ejemplo la Ley de Aguas pues Pachakutik presentó una propuesta el 20 de agosto, la cual no fue calificada sino hasta finales de ese mes, cuando llegó el articulado de Carondelet.
Por otra parte, para Cynthia Viteri (MG-PSC) es innegable que lloverán las demandas de inconstitucionalidad sobre las normativas no aprobadas, ya que “la Constitución es tajante en decir cuáles leyes se deben aprobar hasta esa fecha”.
A la espera de información
El presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, afirmó que el tema será conocido por el organismo cuando cuenten con la información adecuada.
El funcionario puntualizó que en estos casos la Constitución establece que el organismo de interpretación auténtica es la CC. “Eso tendrá que ser analizado para que haya un pronunciamiento nuestro, pero antes no se puede anticipar un criterio”, indicó.
Deben aprobarse hasta octubre
Educación General
Educación Superior
Comunicación
Cultura
Deportes
Penal militar y policial
Registros de datos
Servicio Público
Participación Ciudadana
Aguas
Descentralización
