El ministerio de educación (ME) presentó ayer su proyecto de Ley de Educación, una de las 14 leyes que debe aprobar la Asamblea Nacional hasta el próximo 14 de octubre, tal como lo establece la Constitución.
El documento consta de 110 artículos, entre los cuales determina la creación de tres organismos: el Instituto Nacional de Evaluación, para garantizar la calidad del sistema; el Instituto de Lenguas Ancestrales, para que las nacionalidades se eduquen en su propio idioma, y la Escuela Superior de Pedagogía, para formar docentes.
La Autoridad Educativa Nacional será el organismo rector del sistema educativo y estará conformado por cuatro niveles de gestión: central, regional, distrital y de circuitos educativos.
El primero define políticas, regula y controla el sistema. El segundo planifica y coordina las acciones de los distritos educativos, según las políticas definidas por el nivel central.
El nivel distrital, en cambio, debe garantizar la educación inicial, la básica y el bachillerato. Además, controlará el buen uso de los recursos y asesorará a los circuitos educativos, los que estarán integrados por una red de instituciones educativas vinculadas geográficamente para cubrir la demanda de estudiantes.
"Así, se podrá crear el 8.°, el 9.° y el 10.° años de básica y ampliar el bachillerato según las necesidades locales", explicó el titular del ME, Raúl Vallejo.
Por otro lado, se creará un gobierno escolar ciudadano que funcionará como una veeduría para garantizar la calidad del gasto, el trabajo de directivos y docentes y evaluar a los maestros. El organismo estará integrado por seis padres de familia, tres maestros y un estudiante.
Sin embargo, Mery Zamora, presidenta de la UNE, calificó al proyecto de "municipalista" y denunció que "el Estado pretende renunciar a su derecho de controlar la política educativa".
La ley también modifica el escalafón docente, que actualmente se compone de 16 categorías, para establecer solo cuatro. "Se busca que el salario de un maestro que recién ingresa al Magisterio se iguale al de otros empleados públicos, pues ahora un docente gana $330 y un auxiliar de servicios $450", criticó Vallejo.
Además, clasifica a los planteles educativos en públicos, particulares y fiscomisionales, sin mencionar a los municipales. No obstante, todos deberán ser "inclusivos y cumplir con las normas de accesibilidad para personas con discapacidad". Mientras que los particulares no deberán tener fines de lucro.
El documento consta de 110 artículos, entre los cuales determina la creación de tres organismos: el Instituto Nacional de Evaluación, para garantizar la calidad del sistema; el Instituto de Lenguas Ancestrales, para que las nacionalidades se eduquen en su propio idioma, y la Escuela Superior de Pedagogía, para formar docentes.
La Autoridad Educativa Nacional será el organismo rector del sistema educativo y estará conformado por cuatro niveles de gestión: central, regional, distrital y de circuitos educativos.
El primero define políticas, regula y controla el sistema. El segundo planifica y coordina las acciones de los distritos educativos, según las políticas definidas por el nivel central.
El nivel distrital, en cambio, debe garantizar la educación inicial, la básica y el bachillerato. Además, controlará el buen uso de los recursos y asesorará a los circuitos educativos, los que estarán integrados por una red de instituciones educativas vinculadas geográficamente para cubrir la demanda de estudiantes.
"Así, se podrá crear el 8.°, el 9.° y el 10.° años de básica y ampliar el bachillerato según las necesidades locales", explicó el titular del ME, Raúl Vallejo.
Por otro lado, se creará un gobierno escolar ciudadano que funcionará como una veeduría para garantizar la calidad del gasto, el trabajo de directivos y docentes y evaluar a los maestros. El organismo estará integrado por seis padres de familia, tres maestros y un estudiante.
Sin embargo, Mery Zamora, presidenta de la UNE, calificó al proyecto de "municipalista" y denunció que "el Estado pretende renunciar a su derecho de controlar la política educativa".
La ley también modifica el escalafón docente, que actualmente se compone de 16 categorías, para establecer solo cuatro. "Se busca que el salario de un maestro que recién ingresa al Magisterio se iguale al de otros empleados públicos, pues ahora un docente gana $330 y un auxiliar de servicios $450", criticó Vallejo.
Además, clasifica a los planteles educativos en públicos, particulares y fiscomisionales, sin mencionar a los municipales. No obstante, todos deberán ser "inclusivos y cumplir con las normas de accesibilidad para personas con discapacidad". Mientras que los particulares no deberán tener fines de lucro.
