La prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada lunes, a las 08:30, ante Magno Borja, juez tercero de lo Penal de Pichincha, son las medidas cautelares dictadas en contra del ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies), Manuel Silva, como parte del proceso que investiga la supuesta entrega de información reservada a la Embajada de los EEUU.
Los argumentos del fiscal de Delitos Misceláneos, Nelson de la Cadena, giraron en torno a los hechos suscitados entre el 4 y el 5 de febrero de 2009 cuando, por una supuesta orden de Silva, los integrantes de la Uies recogieron los equipos de computación, armas y vehículos para entregarlos a dicha Embajada. De la Cadena señaló al ex comandante de la Uies como único responsable del supuesto delito.
Ramiro Aguilar, abogado de Silva, dijo que todo lo actuado por el fiscal y el juez es nulo. En torno a esto, precisó que su defendido fue oficial superior (mayor) de la Policía en la fecha que se investiga, época en la cual estaba en vigencia la Ley Orgánica de la Función Judicial. Esta, en su artículo 23, literal uno, señala que son atribuciones de las entonces cortes superiores, hoy provinciales, conocer las causas contra los generales y oficiales superiores, aunque el funcionario haya sido cesado del cargo.
En cuanto a las medidas cautelares, Aguilar cree que no tienen fundamento, ya que Silva actualmente tiene protección policial porque su vida está en peligro, según un estudio del GIR que así lo establece, y por lo tanto no puede fugar.
Finalmente, resaltó que la sanción por violación de deberes de funcionario público tiene una pena de $8 a $31 para quienes hayan dictado reglamentos o disposiciones excediéndose en sus funciones. Además, que Silva no es depositario de nada, como lo establece el artículo 263 del Código Penal, razón por la cual esta figura no procedería.
Los argumentos del fiscal de Delitos Misceláneos, Nelson de la Cadena, giraron en torno a los hechos suscitados entre el 4 y el 5 de febrero de 2009 cuando, por una supuesta orden de Silva, los integrantes de la Uies recogieron los equipos de computación, armas y vehículos para entregarlos a dicha Embajada. De la Cadena señaló al ex comandante de la Uies como único responsable del supuesto delito.
Ramiro Aguilar, abogado de Silva, dijo que todo lo actuado por el fiscal y el juez es nulo. En torno a esto, precisó que su defendido fue oficial superior (mayor) de la Policía en la fecha que se investiga, época en la cual estaba en vigencia la Ley Orgánica de la Función Judicial. Esta, en su artículo 23, literal uno, señala que son atribuciones de las entonces cortes superiores, hoy provinciales, conocer las causas contra los generales y oficiales superiores, aunque el funcionario haya sido cesado del cargo.
En cuanto a las medidas cautelares, Aguilar cree que no tienen fundamento, ya que Silva actualmente tiene protección policial porque su vida está en peligro, según un estudio del GIR que así lo establece, y por lo tanto no puede fugar.
Finalmente, resaltó que la sanción por violación de deberes de funcionario público tiene una pena de $8 a $31 para quienes hayan dictado reglamentos o disposiciones excediéndose en sus funciones. Además, que Silva no es depositario de nada, como lo establece el artículo 263 del Código Penal, razón por la cual esta figura no procedería.
