El Ejecutivo, en más de una ocasión, ha dicho estar al margen de la discusión legislativa de
la nueva ley de Comunicación. Pero, en la práctica, varios de los postulados que defiende
el Régimen, como su visión crítica de la prensa y los medios, se plasman en el documento
final que debate la Comisión ocasional de la Asamblea.
Carondelet ha tenido un papel protagónico en este proceso a través de varias vías. Por un
lado, el presidente Rafael Correa no ha desaprovechado foro alguno para dar sus
lineamientos de lo que aspira de la Ley de Comunicación: libertad de expresión sin
censura previa, pero con responsabilidad ulterior; registro de los medios, la
profesionalización de los comunicadores sociales... Estos temas fueron expuestos por el
Mandatario en la reunión que tuvo con el relator de la ONU para la Libertad de
Expresión Frank la Rue la semana pasada.
Los mismos planteamientos fueron debatidos por la Secretaría de Comunicación de la
Presidencia y los delegados de la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP), en la reunión
que mantuvieron el 16 de octubre.
Estas tesis del Régimen han sido las primeras en incluirse en el último borrador de la ley
que discute la Comisión ocasional y que, desde el lunes, inició una carrera contra el
tiempo para entregar el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea.
La Secretaría de Comunicación ha participado activamente en este debate aplicando
varias estrategias. Por ejemplo, la Subsecretaría de Innovación y Nuevos Medios, a
través del periódico El Ciudadano, hizo una campaña temporal de defensa de la nueva
Ley. El principal mensaje del oficialismo fue cuestionar a los medios privados y la
necesidad de establecer una regulación.
La campaña perdió fuerza hace 15 días. En ese sentido, Marco Antonio Bravo,
subsecretario de Innovación, dijo que “nos hemos limitado a difundir los pronunciamientos
del Régimen. No hemos desarrollado grandes debates sobre el tema”.
En un escenario más activo, la Secretaría de Comunicación también envió a uno de sus
asesores para que asista a las sesiones de la Comisión de Comunicación. Se trata de
Rafael Balda, quien figura como asesor jurídico de esa dependencia.
El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, reconoció que Balda realiza
observaciones al proyecto de Ley. No obstante, aclaró que esto no significa que todas sus
opiniones sean recogidas por los asambleístas. “Lo hace como cualquier ecuatoriano”,
dijo.
Alvarado comenta que su Secretaría ha decidido respaldar varios conceptos que se
debaten al interior del proyecto de Ley. Por ejemplo, la profesionalización y capacitación
a los comunicadores. Incluso, Alvarado comenta que el polémico artículo 6, de la
propuesta inicial de Rolando Panchana, no fue respaldada por el Ejecutivo. Este artículo
obligaba a las partes en litigio judicial (persona investigada y medio de comunicación) a no
referirse al tema de conflicto mientras el caso no sea resuelto.
Precisamente, este tema fue retirado del proyecto final que se debate en la Asamblea.
El legislador de oposición, César Montúfar, dice desconocer las intervenciones de Balda
en la comisión. Pero, advierte que el borrador se redacta según los postulados del
presidente Correa.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, descartó cualquier intervención del Régimen
o de funcionarios del Gobierno.
la nueva ley de Comunicación. Pero, en la práctica, varios de los postulados que defiende
el Régimen, como su visión crítica de la prensa y los medios, se plasman en el documento
final que debate la Comisión ocasional de la Asamblea.
Carondelet ha tenido un papel protagónico en este proceso a través de varias vías. Por un
lado, el presidente Rafael Correa no ha desaprovechado foro alguno para dar sus
lineamientos de lo que aspira de la Ley de Comunicación: libertad de expresión sin
censura previa, pero con responsabilidad ulterior; registro de los medios, la
profesionalización de los comunicadores sociales... Estos temas fueron expuestos por el
Mandatario en la reunión que tuvo con el relator de la ONU para la Libertad de
Expresión Frank la Rue la semana pasada.
Los mismos planteamientos fueron debatidos por la Secretaría de Comunicación de la
Presidencia y los delegados de la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP), en la reunión
que mantuvieron el 16 de octubre.
Estas tesis del Régimen han sido las primeras en incluirse en el último borrador de la ley
que discute la Comisión ocasional y que, desde el lunes, inició una carrera contra el
tiempo para entregar el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea.
La Secretaría de Comunicación ha participado activamente en este debate aplicando
varias estrategias. Por ejemplo, la Subsecretaría de Innovación y Nuevos Medios, a
través del periódico El Ciudadano, hizo una campaña temporal de defensa de la nueva
Ley. El principal mensaje del oficialismo fue cuestionar a los medios privados y la
necesidad de establecer una regulación.
La campaña perdió fuerza hace 15 días. En ese sentido, Marco Antonio Bravo,
subsecretario de Innovación, dijo que “nos hemos limitado a difundir los pronunciamientos
del Régimen. No hemos desarrollado grandes debates sobre el tema”.
En un escenario más activo, la Secretaría de Comunicación también envió a uno de sus
asesores para que asista a las sesiones de la Comisión de Comunicación. Se trata de
Rafael Balda, quien figura como asesor jurídico de esa dependencia.
El secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, reconoció que Balda realiza
observaciones al proyecto de Ley. No obstante, aclaró que esto no significa que todas sus
opiniones sean recogidas por los asambleístas. “Lo hace como cualquier ecuatoriano”,
dijo.
Alvarado comenta que su Secretaría ha decidido respaldar varios conceptos que se
debaten al interior del proyecto de Ley. Por ejemplo, la profesionalización y capacitación
a los comunicadores. Incluso, Alvarado comenta que el polémico artículo 6, de la
propuesta inicial de Rolando Panchana, no fue respaldada por el Ejecutivo. Este artículo
obligaba a las partes en litigio judicial (persona investigada y medio de comunicación) a no
referirse al tema de conflicto mientras el caso no sea resuelto.
Precisamente, este tema fue retirado del proyecto final que se debate en la Asamblea.
El legislador de oposición, César Montúfar, dice desconocer las intervenciones de Balda
en la comisión. Pero, advierte que el borrador se redacta según los postulados del
presidente Correa.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, descartó cualquier intervención del Régimen
o de funcionarios del Gobierno.
