Las visitas del presidente Rafael Correa y de su ministro de la Política, Ricardo Patiño, ablandaron la posición antiminera existente en Zamora Chinchipe.
Según James Salcedo, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería de esa provincia, las tensiones entre Correa y el prefecto Salvador Quishpe (Pachakutik) se superaron luego de la visita que hizo el Mandatario a Zamora el 10 de noviembre pasado.
La agenda, en análisis
El 4 de noviembre, el presidente Correa firmó en Zaruma el Reglamento a la Ley de Minería, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y el Reglamento Especial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Ayer, la Federación Provincial de Pequeños y Mineros Artesanales se reunió con el prefecto Quishpe. Se conformó un Comité para tratar el catastro minero.
También habrá una Asamblea provincial donde se definirá la posición política frente a la actividad. La fecha está por definirse.
Es decir, seis días después de que el Régimen firmara en Zaruma (El Oro) los tres reglamentos que dan vía libre a la explotación minera de gran escala y artesanal.
La apertura que tuvo el Gobierno para financiar obras de desarrollo en Zamora fueron determinantes. Durante la visita de Correa, Quishpe pidió al Gobierno apoyar la construcción de los proyectos hidroeléctricos Sabanilla y Valladolid con el 40% de la inversión. Pero el Presidente le garantizó el 100%. También ofreció concretar la construcción del Centro de la Culturalidad y de una empresa para procesar derivados de plátano.
En el marco de esos acercamientos -indica Salcedo-, el Prefecto argumentó que su posición no es oponerse a la minería. Sino que exige a las grandes mineras pagar las patentes y regalías, como manda la Constitución.
Las organizaciones opuestas a la minería a gran escala, que han apoyado a Quishpe, se muestran menos beligerantes. Sin embargo, sus dirigentes explican que ese bajo perfil es su estrategia.
El Comité en Defensa de la Naturaleza, la Salud y la Vida, creada en 2006, se reunió el sábado para renovar su directiva y analizar los reglamentos mineros.
Su presidente, Rodrigo Aucay, reconoce que hay una ligera disminución en el respaldo a la organización que dirige. Su lectura es que las empresas mineras se acercaron a los dirigentes de las organizaciones de base para diseminarlos. En todo caso, señaló que este Comité, que agrupa a mestizos, shuar e indígenas saraguros sigue de cerca las decisiones del Gobierno.
Otro punto que ha jugado en favor del Régimen es la posición neutral que, sobre el tema minero, tiene el actual alcalde del cantón El Pangui, Luis Portilla, del Movimiento Acción y Servicio (MAS). Eso le ha quitado fuerza al Comité en Defensa de la Naturaleza. Portilla señala que hay que evitar la división en su cantón con estas posiciones mineras a favor y en contra.
“Nuestro pueblo necesita del Gobierno y yo estoy recuperando la unidad que fue transgredida por este tema”.
El liderazgo que tiene Quishpe dentro de la agenda minera es tan fuerte, que las organizaciones de base no han podido hacer un balance crítico de su reciente acercamiento con Correa. Jorge Guamán, de la organización Zamaskijat, confía en las decisiones que toma el Prefecto. “Con él no hemos podido reunirnos. Pero vemos que mantiene su posición, confiamos en él y estamos convencidos que no nos defraudará”. Esta frase resulta reveladora, puesto que hay campesinos de esta organización que han decidido vincularse a la minería.
Pero, el prefecto Quishpe le dijo a este Diario que los recientes ofrecimientos que ha hecho el presidente Correa no serán canjeados por la demanda minera. “Si por eso se cierran las puertas en Quito, lo evaluaremos y lo denunciaremos públicamente”.
Para Salcedo, la socialización de la Ley Minera que el Gobierno impulsó a través de la Secretaría de los Pueblos (bajo estricta coordinación con el ministro Ricardo Patiño) en los últimos meses ha dado resultados. “Sus visitas sirvieron para sensibilizar a la población”. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaría de los Pueblos llevaron el mensaje de una minería bondadosa a más de 40 comunidades.
Según James Salcedo, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería de esa provincia, las tensiones entre Correa y el prefecto Salvador Quishpe (Pachakutik) se superaron luego de la visita que hizo el Mandatario a Zamora el 10 de noviembre pasado.
La agenda, en análisis
El 4 de noviembre, el presidente Correa firmó en Zaruma el Reglamento a la Ley de Minería, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y el Reglamento Especial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
Ayer, la Federación Provincial de Pequeños y Mineros Artesanales se reunió con el prefecto Quishpe. Se conformó un Comité para tratar el catastro minero.
También habrá una Asamblea provincial donde se definirá la posición política frente a la actividad. La fecha está por definirse.
Es decir, seis días después de que el Régimen firmara en Zaruma (El Oro) los tres reglamentos que dan vía libre a la explotación minera de gran escala y artesanal.
La apertura que tuvo el Gobierno para financiar obras de desarrollo en Zamora fueron determinantes. Durante la visita de Correa, Quishpe pidió al Gobierno apoyar la construcción de los proyectos hidroeléctricos Sabanilla y Valladolid con el 40% de la inversión. Pero el Presidente le garantizó el 100%. También ofreció concretar la construcción del Centro de la Culturalidad y de una empresa para procesar derivados de plátano.
En el marco de esos acercamientos -indica Salcedo-, el Prefecto argumentó que su posición no es oponerse a la minería. Sino que exige a las grandes mineras pagar las patentes y regalías, como manda la Constitución.
Las organizaciones opuestas a la minería a gran escala, que han apoyado a Quishpe, se muestran menos beligerantes. Sin embargo, sus dirigentes explican que ese bajo perfil es su estrategia.
El Comité en Defensa de la Naturaleza, la Salud y la Vida, creada en 2006, se reunió el sábado para renovar su directiva y analizar los reglamentos mineros.
Su presidente, Rodrigo Aucay, reconoce que hay una ligera disminución en el respaldo a la organización que dirige. Su lectura es que las empresas mineras se acercaron a los dirigentes de las organizaciones de base para diseminarlos. En todo caso, señaló que este Comité, que agrupa a mestizos, shuar e indígenas saraguros sigue de cerca las decisiones del Gobierno.
Otro punto que ha jugado en favor del Régimen es la posición neutral que, sobre el tema minero, tiene el actual alcalde del cantón El Pangui, Luis Portilla, del Movimiento Acción y Servicio (MAS). Eso le ha quitado fuerza al Comité en Defensa de la Naturaleza. Portilla señala que hay que evitar la división en su cantón con estas posiciones mineras a favor y en contra.
“Nuestro pueblo necesita del Gobierno y yo estoy recuperando la unidad que fue transgredida por este tema”.
El liderazgo que tiene Quishpe dentro de la agenda minera es tan fuerte, que las organizaciones de base no han podido hacer un balance crítico de su reciente acercamiento con Correa. Jorge Guamán, de la organización Zamaskijat, confía en las decisiones que toma el Prefecto. “Con él no hemos podido reunirnos. Pero vemos que mantiene su posición, confiamos en él y estamos convencidos que no nos defraudará”. Esta frase resulta reveladora, puesto que hay campesinos de esta organización que han decidido vincularse a la minería.
Pero, el prefecto Quishpe le dijo a este Diario que los recientes ofrecimientos que ha hecho el presidente Correa no serán canjeados por la demanda minera. “Si por eso se cierran las puertas en Quito, lo evaluaremos y lo denunciaremos públicamente”.
Para Salcedo, la socialización de la Ley Minera que el Gobierno impulsó a través de la Secretaría de los Pueblos (bajo estricta coordinación con el ministro Ricardo Patiño) en los últimos meses ha dado resultados. “Sus visitas sirvieron para sensibilizar a la población”. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaría de los Pueblos llevaron el mensaje de una minería bondadosa a más de 40 comunidades.
