En democracia, los gobiernos deben informar al pueblo sobre su accionar y para eso los medios deben otorgar gratuitamente espacios.
Sin embargo, el proyecto de ley de comunicación del oficialismo garantiza al Estado 20 minutos mensuales en todos los medios, pero no aclara si son sólo informativos, propagandísticos o sirvan para desprestigiar a los opositores.
La ley no contempla formas de evitar el mal uso de esa garantía e incluso apunta que la prensa escrita debe dar un “espacio proporcional”, sin tomar en cuenta los gastos productivos como la tinta y el papel.
La realidad
Francisco Rocha, experto en comunicación, piensa que las cadenas del Gobierno ecuatoriano “son un atropello a la democracia”, pues es excepcional que un presidente sature los medios con sus informes a la nación.
De igual manera, Iván Carvajal, profesor de la Universidad Católica de Quito, señala que la ley de comunicación propuesta por Alianza PAIS no deja en claro los mecanismos de regulación acerca de las cadenas presidenciales y tampoco sobre la publicidad estatal. Sin embargo, destina la mayoría del texto para el control de la información ofrecida por los medios privados.
“Todo gobierno tiene la obligación de informar de su gestión. La forma de hacerlo debe ser absolutamente objetiva”, expone el profesional, al tiempo que indica la importancia de que este espacio sea utilizado sin fines políticos. “Solo de esta forma se construye una sociedad madura políticamente”, agrega.
El proyecto indica que deben ser informativos y “relevantes para la ciudadanía”. ¿Los espacios que usa el Gobierno son para informar temas relevantes? Francisco Rocha está seguro que no. “Lo que allí se dice carece de control y no habrá un consejo de comunicación que sancione esa violación”.
José Hernández, director editorial de la revista Vanguardia, ve un futuro nada promisorio respecto al tema. “Hemos vivido tres años de atropellos del Presidente en televisión. Si no se sancionó antes, dudo que la nueva ley lo haga”.
El periodista recalca que "un derecho de la comunicación bebe ser garantizar la democracia en los espacios que utiliza el Estado”.
Ya existía la norma
El aartículo 48, literal b, del proyecto de comunicación del Gobierno establece que las máximas autoridades del país y el Ejecutivo pueden “transmitir, al menos una vez al mes en un máximo de 20 minutos, en cadena nacional, mensajes informativos de las máximas autoridades de las Funciones del Estado y solo en casos de emergencia nacional el tiempo se podrá extender”.
Sin embargo, ya la actual Ley Radiodifusión y Televisión creada en 1975 y reformada en 1995 expresa el mismo principio: “las cadenas e informaciones del presidente de turno deben ser de carácter informativo. Serán usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la Ley”. Esta última oración referente a castigos no se incluye en el nuevo proyecto y tampoco se ha aplicado esta norma en el actual régimen.
Caso único
El pasado miércoles, en el espacio de opinión de Teleamazonas ‘Hora 7’ fue interrumpido por una cadena para cuestionar criterios del propio conductor del programa, Jorge Ortiz. El tema giraba en torno a las cifras de la inversión social presentadas por el Gobierno en sus múltiples ‘spots’ de televisión.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios recodó, mediante un comunicado, que “esta no es la primera vez que el Gobierno utiliza este mecanismo para cuestionar periodistas. En diciembre del año anterior y marzo pasado, las cadenas fueron utilizadas de idéntica forma para responder a Ortiz y al periodista Carlos Vera, ambos críticos con el actual gobierno.
Exhortamos al Ejecutivo a no abusar de los espacios de comunicación pública destinados a informar a los ciudadanos sobre temas de interés, utilizándolos para cuestionar las opiniones de un periodista”.
Sin embargo, el proyecto de ley de comunicación del oficialismo garantiza al Estado 20 minutos mensuales en todos los medios, pero no aclara si son sólo informativos, propagandísticos o sirvan para desprestigiar a los opositores.
La ley no contempla formas de evitar el mal uso de esa garantía e incluso apunta que la prensa escrita debe dar un “espacio proporcional”, sin tomar en cuenta los gastos productivos como la tinta y el papel.
La realidad
Francisco Rocha, experto en comunicación, piensa que las cadenas del Gobierno ecuatoriano “son un atropello a la democracia”, pues es excepcional que un presidente sature los medios con sus informes a la nación.
De igual manera, Iván Carvajal, profesor de la Universidad Católica de Quito, señala que la ley de comunicación propuesta por Alianza PAIS no deja en claro los mecanismos de regulación acerca de las cadenas presidenciales y tampoco sobre la publicidad estatal. Sin embargo, destina la mayoría del texto para el control de la información ofrecida por los medios privados.
“Todo gobierno tiene la obligación de informar de su gestión. La forma de hacerlo debe ser absolutamente objetiva”, expone el profesional, al tiempo que indica la importancia de que este espacio sea utilizado sin fines políticos. “Solo de esta forma se construye una sociedad madura políticamente”, agrega.
El proyecto indica que deben ser informativos y “relevantes para la ciudadanía”. ¿Los espacios que usa el Gobierno son para informar temas relevantes? Francisco Rocha está seguro que no. “Lo que allí se dice carece de control y no habrá un consejo de comunicación que sancione esa violación”.
José Hernández, director editorial de la revista Vanguardia, ve un futuro nada promisorio respecto al tema. “Hemos vivido tres años de atropellos del Presidente en televisión. Si no se sancionó antes, dudo que la nueva ley lo haga”.
El periodista recalca que "un derecho de la comunicación bebe ser garantizar la democracia en los espacios que utiliza el Estado”.
Ya existía la norma
El aartículo 48, literal b, del proyecto de comunicación del Gobierno establece que las máximas autoridades del país y el Ejecutivo pueden “transmitir, al menos una vez al mes en un máximo de 20 minutos, en cadena nacional, mensajes informativos de las máximas autoridades de las Funciones del Estado y solo en casos de emergencia nacional el tiempo se podrá extender”.
Sin embargo, ya la actual Ley Radiodifusión y Televisión creada en 1975 y reformada en 1995 expresa el mismo principio: “las cadenas e informaciones del presidente de turno deben ser de carácter informativo. Serán usados exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos. Los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la Ley”. Esta última oración referente a castigos no se incluye en el nuevo proyecto y tampoco se ha aplicado esta norma en el actual régimen.
Caso único
El pasado miércoles, en el espacio de opinión de Teleamazonas ‘Hora 7’ fue interrumpido por una cadena para cuestionar criterios del propio conductor del programa, Jorge Ortiz. El tema giraba en torno a las cifras de la inversión social presentadas por el Gobierno en sus múltiples ‘spots’ de televisión.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios recodó, mediante un comunicado, que “esta no es la primera vez que el Gobierno utiliza este mecanismo para cuestionar periodistas. En diciembre del año anterior y marzo pasado, las cadenas fueron utilizadas de idéntica forma para responder a Ortiz y al periodista Carlos Vera, ambos críticos con el actual gobierno.
Exhortamos al Ejecutivo a no abusar de los espacios de comunicación pública destinados a informar a los ciudadanos sobre temas de interés, utilizándolos para cuestionar las opiniones de un periodista”.
