Petroecuador terminará este año con 743 empleados menos en su nómina, como parte del proceso de reestructuración que la Marina lleva adelante en la entidad.
Esta cifra sobrepasa el número estimado de 600 empleados removidos, que el presidente de la estatal petrolera, Luis Jaramillo, dio a conocer en marzo pasado. Incluso esta última cifra se dio luego de corregir una proyección inicial de 1 500 despidos.
Aunque cuántos empleados saldrán de forma definitiva, como parte de esta reestructuración solo se conocerá en diciembre de 2010, fecha a la que se extenderá este proceso, es decir, un año más. Respecto a este año, la última remoción de 258 funcionarios con nombramiento de las cuatro filiales se dio el viernes pasado.
A este reciente recorte de personal se suma la salida de 150 personas, entre mayo y agosto pasados por bajo rendimiento en la evaluación hecha por la Marina.
También se registró la renuncia de 50 funcionarios y la terminación unilateral de contratos de 50 trabajadores más. Adicionalmente fueron separadas 235 personas que trabajaban bajo la modalidad de tercerización y no firmaron un contrato provisional.
Con la salida de estos 743 empleados se estima que la nómina de Petroecuador bajaría de los 5 700 empleados. Aún la Marina no tiene una cifra exacta. En lo que va de este año, este proceso de depuración laboral representó un costo de USD 20 millones en indemnizaciones.
De acuerdo con Estuardo Salas, comandante de la Marina a cargo de la reestructuración laboral de Petroecuador, esta cifra se compensará con la reducción de gastos de sueldos de quienes cesaron. También advirtió que no se ha determinado un número definitivo de personas que dejarán la empresa al final del proceso de depuración pero insistió en que las indemnizaciones individuales no superan los USD 60 000.
Según explicó, la evaluación tomó a la Marina un período de un año y nueve meses y, para ello, desde marzo de 2008 se contrató los servicios de la consultora Wood Mackenzie, que presentó varias propuesta de mejoras en el área de recursos humanos.
Luego se trabajó con un grupo de consultores ecuatorianos en la evaluación general del personal, en la que se tomó en cuenta el nivel de profesionalización, las competencias, capacitación, experiencia y carga laboral.
A decir de Salas, antes de la entrada de la Marina, Petroecuador carecía de estas herramientas de evaluación que creaba una fuerte tolerancia a la ineficiencia. “El plan de carrera que tenía la empresa no contemplaba si usted era eficiente o no. Lo único que consideraba era su antigüedad”, aclaró.
Para el presidente de la Federación de Trabajadores de Petroecuador (Fetrapec), Diego Cano, no ha sido sorpresivo el reciente recorte del personal, ya que la amenaza de despidos estaba latente hace más de año y medio.
Cano señaló que los últimos funcionarios fueron removidos bajo la figura del despidos intempestivo, que aunque determina el pago de indemnizaciones, no explica los motivos de la salida. Advirtió que el proceso se tornó arbitrario e ilegal, pues no identifica a quienes han estado involucrados en irregularidades.
“Si algún trabajador estuviera envuelto en una irregularidad deberían iniciar un proceso de sumario administrativo y aplicar el visto bueno y no el despido intempestivo”. Aseguró que agotarán las instancias legales y acudirán a la Asamblea y a la Corte Constitucional para reclamar. No descaró medidas de hecho.
Esta cifra sobrepasa el número estimado de 600 empleados removidos, que el presidente de la estatal petrolera, Luis Jaramillo, dio a conocer en marzo pasado. Incluso esta última cifra se dio luego de corregir una proyección inicial de 1 500 despidos.
Aunque cuántos empleados saldrán de forma definitiva, como parte de esta reestructuración solo se conocerá en diciembre de 2010, fecha a la que se extenderá este proceso, es decir, un año más. Respecto a este año, la última remoción de 258 funcionarios con nombramiento de las cuatro filiales se dio el viernes pasado.
A este reciente recorte de personal se suma la salida de 150 personas, entre mayo y agosto pasados por bajo rendimiento en la evaluación hecha por la Marina.
También se registró la renuncia de 50 funcionarios y la terminación unilateral de contratos de 50 trabajadores más. Adicionalmente fueron separadas 235 personas que trabajaban bajo la modalidad de tercerización y no firmaron un contrato provisional.
Con la salida de estos 743 empleados se estima que la nómina de Petroecuador bajaría de los 5 700 empleados. Aún la Marina no tiene una cifra exacta. En lo que va de este año, este proceso de depuración laboral representó un costo de USD 20 millones en indemnizaciones.
De acuerdo con Estuardo Salas, comandante de la Marina a cargo de la reestructuración laboral de Petroecuador, esta cifra se compensará con la reducción de gastos de sueldos de quienes cesaron. También advirtió que no se ha determinado un número definitivo de personas que dejarán la empresa al final del proceso de depuración pero insistió en que las indemnizaciones individuales no superan los USD 60 000.
Según explicó, la evaluación tomó a la Marina un período de un año y nueve meses y, para ello, desde marzo de 2008 se contrató los servicios de la consultora Wood Mackenzie, que presentó varias propuesta de mejoras en el área de recursos humanos.
Luego se trabajó con un grupo de consultores ecuatorianos en la evaluación general del personal, en la que se tomó en cuenta el nivel de profesionalización, las competencias, capacitación, experiencia y carga laboral.
A decir de Salas, antes de la entrada de la Marina, Petroecuador carecía de estas herramientas de evaluación que creaba una fuerte tolerancia a la ineficiencia. “El plan de carrera que tenía la empresa no contemplaba si usted era eficiente o no. Lo único que consideraba era su antigüedad”, aclaró.
Para el presidente de la Federación de Trabajadores de Petroecuador (Fetrapec), Diego Cano, no ha sido sorpresivo el reciente recorte del personal, ya que la amenaza de despidos estaba latente hace más de año y medio.
Cano señaló que los últimos funcionarios fueron removidos bajo la figura del despidos intempestivo, que aunque determina el pago de indemnizaciones, no explica los motivos de la salida. Advirtió que el proceso se tornó arbitrario e ilegal, pues no identifica a quienes han estado involucrados en irregularidades.
“Si algún trabajador estuviera envuelto en una irregularidad deberían iniciar un proceso de sumario administrativo y aplicar el visto bueno y no el despido intempestivo”. Aseguró que agotarán las instancias legales y acudirán a la Asamblea y a la Corte Constitucional para reclamar. No descaró medidas de hecho.
