El nuevo reglamento, que superó hoy su cuarta reforma en los últimos ocho años, permitirá a las ONG y entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorgará a las regiones españolas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio.
La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".
La Ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia, que incluyen la participación en cursos de formación sobre "valores constitucionales y estatutarios", derechos humanos "tolerancia e igualdad" y conocimiento de las lenguas oficiales.
Durante el debate que se celebró hoy en el Congreso de los Diputados (la Cámara Baja del Parlamento), el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, definió la nueva normativa como "una buena ley porque corrige elementos que discriminaban".
Corbacho aseguró además que "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada y potencia los elementos de la integración".
A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal y por otro lado, apostar "decididamente" por un proyecto de integración para construir una sociedad "rica y plural".
Por su parte, Rafael Hernando, diputado del Partido Popular (PP), el principal en la oposición al Gobierno, definió la nueva Ley como una "reforma parcial y chapucera" y opinó que lo que se ha hecho es una "tramitación de urgencia".
Mientras se debatía la Ley, miembros de unas setenta asociaciones y ONG, disfrazados de presos de Guantánamo, tacharon la nueva normativa de "inhumana" e "injusta" y entregaron una carta abierta a los diputados donde detallan su rechazo y piden el cierre de los centros de internamiento.
Según Amnistía Internacional, esta reforma está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos.
Además, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge han expresado también su preocupación ante la nueva ley porque, aseguran, incluye importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.
El texto de esta reforma fue aprobado en junio pasado por el Gobierno español como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000.
Desde entonces ha superado varios trámites parlamentarios hasta llegar hoy a su aprobación final.
La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".
La Ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia, que incluyen la participación en cursos de formación sobre "valores constitucionales y estatutarios", derechos humanos "tolerancia e igualdad" y conocimiento de las lenguas oficiales.
Durante el debate que se celebró hoy en el Congreso de los Diputados (la Cámara Baja del Parlamento), el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, definió la nueva normativa como "una buena ley porque corrige elementos que discriminaban".
Corbacho aseguró además que "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada y potencia los elementos de la integración".
A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal y por otro lado, apostar "decididamente" por un proyecto de integración para construir una sociedad "rica y plural".
Por su parte, Rafael Hernando, diputado del Partido Popular (PP), el principal en la oposición al Gobierno, definió la nueva Ley como una "reforma parcial y chapucera" y opinó que lo que se ha hecho es una "tramitación de urgencia".
Mientras se debatía la Ley, miembros de unas setenta asociaciones y ONG, disfrazados de presos de Guantánamo, tacharon la nueva normativa de "inhumana" e "injusta" y entregaron una carta abierta a los diputados donde detallan su rechazo y piden el cierre de los centros de internamiento.
Según Amnistía Internacional, esta reforma está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos.
Además, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge han expresado también su preocupación ante la nueva ley porque, aseguran, incluye importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.
El texto de esta reforma fue aprobado en junio pasado por el Gobierno español como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000.
Desde entonces ha superado varios trámites parlamentarios hasta llegar hoy a su aprobación final.
