Una de las obligaciones de los maestros, de acuerdo al proyecto de ley de educación general, que tramita la Asamblea, será someterse a la evaluación de su desempeño periódicamente. No hacerlo, sin embargo, no implicará sanciones.
Eso, al menos por ahora, un día antes de que la Comisión de Educación entregue el informe para primer debate.
Según Jorge Escala (MPD), el descarte del tema punitivo es uno de los logros del diálogo entre el Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE), luego de las movilizaciones suscitadas en octubre pasado.
El asambleísta dice que el articulado quedó enmarcado ‘sin castigos’ debido a que la ley instaura la evaluación como un deber.
Eso, en contraposición a la política con la cual el Ministerio de Educación (ME) efectuó los exámenes este año.
Al inicio, quienes no se presentaron corrían el riesgo de ser destituidos del Magisterio.
Dentro del cuerpo legal que regirá al sector educativo se enunciarían todos los deberes y derechos de los maestros, pese a que a ellos los rige la Ley de Escalafón y Carrera Docente del Magisterio.
La oposición no está de acuerdo con que este cuerpo legal en trámite regule a los profesores. Los asambleístas de minoría ya se opusieron a esto hace dos semanas en el primer debate de la ley de servicio público.
PAIS concordó con estas observaciones pero, ahora, la mayoría oficialista de la comisión ha dejado de lado las afirmaciones que hizo en el Pleno cuando se pretendía convertir a los docentes en parte de la burocracia.
La Constitución determina la prohibición de paralizar los servicios públicos, en este caso, la educación. El proyecto de ley recoge esa disposición y, pese a los acuerdos, Escala aún tiene reparos al respecto.
“Por un lado se aprueba eso pero, por otro, no se ha desarrollado el derecho a la resistencia del sector educativo”, comenta.
Aunque el plazo para que la mesa legislativa remita el primer borrador vence mañana, hasta ayer en la tarde se habían aprobado recién 39 de los cerca de 110 artículos planificados.
La Ley de la Función Legislativa impide que la prórroga de más de 20 días para entregar el texto. Pero el titular de la comisión, César Rodríguez (PAIS), pretendía que en ese lapso no se cuenten los días ocupados en el Pleno.
Al parecer, su intención no tuvo acogida. En la mesa justifican el lento avance de la discusión en el tiempo que dedicaron a foros, a recibir comparecencias y a esperar los resultados del diálogo entre la UNE y el Ministerio de Educación.
Eso, al menos por ahora, un día antes de que la Comisión de Educación entregue el informe para primer debate.
Según Jorge Escala (MPD), el descarte del tema punitivo es uno de los logros del diálogo entre el Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE), luego de las movilizaciones suscitadas en octubre pasado.
El asambleísta dice que el articulado quedó enmarcado ‘sin castigos’ debido a que la ley instaura la evaluación como un deber.
Eso, en contraposición a la política con la cual el Ministerio de Educación (ME) efectuó los exámenes este año.
Al inicio, quienes no se presentaron corrían el riesgo de ser destituidos del Magisterio.
Dentro del cuerpo legal que regirá al sector educativo se enunciarían todos los deberes y derechos de los maestros, pese a que a ellos los rige la Ley de Escalafón y Carrera Docente del Magisterio.
La oposición no está de acuerdo con que este cuerpo legal en trámite regule a los profesores. Los asambleístas de minoría ya se opusieron a esto hace dos semanas en el primer debate de la ley de servicio público.
PAIS concordó con estas observaciones pero, ahora, la mayoría oficialista de la comisión ha dejado de lado las afirmaciones que hizo en el Pleno cuando se pretendía convertir a los docentes en parte de la burocracia.
La Constitución determina la prohibición de paralizar los servicios públicos, en este caso, la educación. El proyecto de ley recoge esa disposición y, pese a los acuerdos, Escala aún tiene reparos al respecto.
“Por un lado se aprueba eso pero, por otro, no se ha desarrollado el derecho a la resistencia del sector educativo”, comenta.
Aunque el plazo para que la mesa legislativa remita el primer borrador vence mañana, hasta ayer en la tarde se habían aprobado recién 39 de los cerca de 110 artículos planificados.
La Ley de la Función Legislativa impide que la prórroga de más de 20 días para entregar el texto. Pero el titular de la comisión, César Rodríguez (PAIS), pretendía que en ese lapso no se cuenten los días ocupados en el Pleno.
Al parecer, su intención no tuvo acogida. En la mesa justifican el lento avance de la discusión en el tiempo que dedicaron a foros, a recibir comparecencias y a esperar los resultados del diálogo entre la UNE y el Ministerio de Educación.
