El fiscal general del Estado, Washington Pesántez Muñoz, solicitó al Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, emprender las gestiones pertinentes ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, ante la posible violación de la Ley Federal contra prácticas de acciones corruptas que rige en Estados Unidos desde 1977.
La Ley Federal castiga a cualquier ciudadano estadounidense o a cualquier corporación norteamericana que caiga en prácticas corruptas en el extranjero, en las que habría incurrido Chevron Corporation.
El señor Thomas F. Cullen, abogado del estudio jurídico que representa a Chevron, acepta que fue Diego Fernando Borja Sánchez, un contratista ecuatoriano que trabajó para Chevron y el estadounidense Jaime Hansen, quienes grabaron supuestas reuniones mantenidas entre contratistas de remediación ambiental y el Juez de Sucumbíos Juan Núñez Sanabria, en las que se habría incurrido en presuntos hechos ilícitos, lo que evidencia que la referida compañía norteamericana estaría involucrada en actos penados por el ordenamiento legal de los Estados Unidos.
Por otra parte, la compañía admite, según una información aparecida en Diario La Hora, que no ha permitido a la prensa hablar con Borja, a quien trasladó de Ecuador a Estados Unidos antes de hacer públicas sus acusaciones y al que ha proporcionado “respaldo económico”.
El Fiscal General considera que corresponde a la Procuraduría General del Estado, emprender gestiones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos e impulsar las acciones legales que ameriten.
La Ley Federal castiga a cualquier ciudadano estadounidense o a cualquier corporación norteamericana que caiga en prácticas corruptas en el extranjero, en las que habría incurrido Chevron Corporation.
El señor Thomas F. Cullen, abogado del estudio jurídico que representa a Chevron, acepta que fue Diego Fernando Borja Sánchez, un contratista ecuatoriano que trabajó para Chevron y el estadounidense Jaime Hansen, quienes grabaron supuestas reuniones mantenidas entre contratistas de remediación ambiental y el Juez de Sucumbíos Juan Núñez Sanabria, en las que se habría incurrido en presuntos hechos ilícitos, lo que evidencia que la referida compañía norteamericana estaría involucrada en actos penados por el ordenamiento legal de los Estados Unidos.
Por otra parte, la compañía admite, según una información aparecida en Diario La Hora, que no ha permitido a la prensa hablar con Borja, a quien trasladó de Ecuador a Estados Unidos antes de hacer públicas sus acusaciones y al que ha proporcionado “respaldo económico”.
El Fiscal General considera que corresponde a la Procuraduría General del Estado, emprender gestiones ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos e impulsar las acciones legales que ameriten.
