Unas 5 000 personas no presentaron la información requerida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) luego de que la semana pasado concluyó el plazo para realizar la Declaración Patrimonial. Según Carlos Marx Carrasco, director del SRI, la mayoría de declaraciones faltantes estarían en Guayas. "La provincia registró solo 1 865 declaraciones, casi igual que Azuay, donde tuvimos 1 520. Parecería que se intenta mantener una larga historia de resistencia al pago de impuestos", resaltó.
Los datos indican que 15 231 personas realizaron su declaración hasta el 29 de junio.
De estas, el mayor porcentaje se registra en Pichincha, es decir "más de 7 000 declaraciones". De igual manera, Zamora Chinchipe presentó 18", afirmó Carrasco.
De las 15 231 declaraciones recibidas 7 283 fueron presentados por sujetos individuales y 7 948 en sociedad conyugal.
Las posibles sanciones aún no han sido estudiadas por el SRI. "Este lunes se analizará la posibilidad de otorgar una prórroga para que las personas puedan declarar en julio.
De no ser así se aplicará un proceso presuntivo de cobro del Impuesto a la Renta y en el peor de los casos una multa de $30 por presentación tardía de la información. Aquellos que no hagan su declaración podrían ser acusados de fraude tributaria o enriquecimiento ilícito", añadió.
Por otra parte, Carrasco respondió a Jorge Zabala Egas, uno de los ocho juristas que lleva a cabo el proceso legal en contra de la disposición del SRI. Según indicó, la demanda que el abogado presentó bajo el supuesto "que el proceso es una lesión al principio de la intimidad y seguridad del ciudadano, es antiética e ilegal". A ello agregó que "afortunadamente, la única instancia donde se puede resolver el conflicto legal es la Corte Suprema de Justicia, de la cual tenemos todo el respaldo".
Según Carrasco, la Contraloría General exige una declaración similar de cada empleado y esta es más compleja que la que pidió el SRI. "La solicitud que tenemos es más simple.
En cuanto a inversiones, nos interesa saber si tienen dinero fuera del país. En automóviles necesitamos el número de matrícula y el valor del vehículo. Eso es todo".
Los datos indican que 15 231 personas realizaron su declaración hasta el 29 de junio.
De estas, el mayor porcentaje se registra en Pichincha, es decir "más de 7 000 declaraciones". De igual manera, Zamora Chinchipe presentó 18", afirmó Carrasco.
De las 15 231 declaraciones recibidas 7 283 fueron presentados por sujetos individuales y 7 948 en sociedad conyugal.
Las posibles sanciones aún no han sido estudiadas por el SRI. "Este lunes se analizará la posibilidad de otorgar una prórroga para que las personas puedan declarar en julio.
De no ser así se aplicará un proceso presuntivo de cobro del Impuesto a la Renta y en el peor de los casos una multa de $30 por presentación tardía de la información. Aquellos que no hagan su declaración podrían ser acusados de fraude tributaria o enriquecimiento ilícito", añadió.
Por otra parte, Carrasco respondió a Jorge Zabala Egas, uno de los ocho juristas que lleva a cabo el proceso legal en contra de la disposición del SRI. Según indicó, la demanda que el abogado presentó bajo el supuesto "que el proceso es una lesión al principio de la intimidad y seguridad del ciudadano, es antiética e ilegal". A ello agregó que "afortunadamente, la única instancia donde se puede resolver el conflicto legal es la Corte Suprema de Justicia, de la cual tenemos todo el respaldo".
Según Carrasco, la Contraloría General exige una declaración similar de cada empleado y esta es más compleja que la que pidió el SRI. "La solicitud que tenemos es más simple.
En cuanto a inversiones, nos interesa saber si tienen dinero fuera del país. En automóviles necesitamos el número de matrícula y el valor del vehículo. Eso es todo".
