Las notificaciones oficiales sobre la terminación unilateral de los contratos que celebró Fabricio Correa con el Estado llegaron ayer a la oficina del abogado Joffre Campaña, ubicada al norte de Guayaquil.
No obstante, la información pública sobre la decisión tomada por el Gobierno se presentó a nombre de Máximo Villavicencio (gerente de Magamaq) y Daniel Valdiviezo (titular del consorcio Rellenos y Plataformas).
Con esto, según Campaña, "F. Correa no es parte de ese escenario". Pero dentro del "juego jurídico-político", como lo califica el jurista guayaquileño, las empresas analizarán a fondo el contenido de las notificaciones, las cuales expresan una violación del art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, su titular, Walter Soliz, dirigió un oficio a Valdiviezo indicándole: "De la información hecha pública por los diferentes medios de comunicación, es de conocimiento que la compañía Cosurca sería de propiedad de Internacional Overseas Corporation, cuyas acciones, según la prensa, serían de propiedad de Fabricio Correa".
Campaña explica que, con este mecanismo, las empresas están obligadas a buscar toda la información publicada en los periódicos para saber cual información las vincula en la causa. "En derecho, esto provoca un estado de indefensión. Es un trámite burdo, insostenible".
Añadió que el ministro no asume una decisión cuando dice conocer el origen de la empresa por informaciones de prensa y tampoco define si el Miduvi o el contratista deben establecer la causa en que estaría incursa la compañía. Para Campaña esto pone "en bandeja de plata la defensa de las empresas", ya que se podría argumentar que para el presidente Rafael Correa las informaciones de prensa son mentirosas.
En las notificaciones, incluso, no se adjuntan documentos oficiales de órganos rectores como la Superintendencia de Compañías para demostrar lo que subraya la prensa.
El ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Xavier Casal, considera que las declaraciones que Fabricio Correa efectuó en medios de comunicación, donde se declara como el "dueño de las empresas", motivaron al inicio del proceso de terminación de los contratos. Esto, dice, por haber actuado de manera contraria a la Ley, puesto que hay una inhabilidad de los parientes del presidente de la República para suscribir contratos. Reiteró que las notificaciones a las entidades contratantes empezaron ayer y que las partes deben contestar y descargar los argumentos, en un lapso de 10 días.
Por su lado, el asambleísta León Roldós refiere que el Gobierno ha querido establecer diferentes formas de encubrimiento, reformando reglamentos y dando instructivos, "pero ahora todo está claro y no se debe caer en la trampa de si Fabricio Correa es o no es accionista".
No obstante, la información pública sobre la decisión tomada por el Gobierno se presentó a nombre de Máximo Villavicencio (gerente de Magamaq) y Daniel Valdiviezo (titular del consorcio Rellenos y Plataformas).
Con esto, según Campaña, "F. Correa no es parte de ese escenario". Pero dentro del "juego jurídico-político", como lo califica el jurista guayaquileño, las empresas analizarán a fondo el contenido de las notificaciones, las cuales expresan una violación del art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, su titular, Walter Soliz, dirigió un oficio a Valdiviezo indicándole: "De la información hecha pública por los diferentes medios de comunicación, es de conocimiento que la compañía Cosurca sería de propiedad de Internacional Overseas Corporation, cuyas acciones, según la prensa, serían de propiedad de Fabricio Correa".
Campaña explica que, con este mecanismo, las empresas están obligadas a buscar toda la información publicada en los periódicos para saber cual información las vincula en la causa. "En derecho, esto provoca un estado de indefensión. Es un trámite burdo, insostenible".
Añadió que el ministro no asume una decisión cuando dice conocer el origen de la empresa por informaciones de prensa y tampoco define si el Miduvi o el contratista deben establecer la causa en que estaría incursa la compañía. Para Campaña esto pone "en bandeja de plata la defensa de las empresas", ya que se podría argumentar que para el presidente Rafael Correa las informaciones de prensa son mentirosas.
En las notificaciones, incluso, no se adjuntan documentos oficiales de órganos rectores como la Superintendencia de Compañías para demostrar lo que subraya la prensa.
El ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Xavier Casal, considera que las declaraciones que Fabricio Correa efectuó en medios de comunicación, donde se declara como el "dueño de las empresas", motivaron al inicio del proceso de terminación de los contratos. Esto, dice, por haber actuado de manera contraria a la Ley, puesto que hay una inhabilidad de los parientes del presidente de la República para suscribir contratos. Reiteró que las notificaciones a las entidades contratantes empezaron ayer y que las partes deben contestar y descargar los argumentos, en un lapso de 10 días.
Por su lado, el asambleísta León Roldós refiere que el Gobierno ha querido establecer diferentes formas de encubrimiento, reformando reglamentos y dando instructivos, "pero ahora todo está claro y no se debe caer en la trampa de si Fabricio Correa es o no es accionista".
