El congresillo analizará hoy, en segundo debate, el proyecto de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que fue enviado por el Ejecutivo a inicios de junio y reformado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.
La propuesta final recomienda la conformación de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Sus funciones serán asesorar y recomendar al presidente sobre las políticas, planes y estrategias de Estado y recomendarle la adopción de medidas de prevención, etc.
El asambleísta Marcos Martínez mocionó que se conserve la creación legal de la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de que exista un organismo técnico que dé operatividad y organicidad al Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
El proyecto contempla la creación de una Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) como una entidad de derecho público, con independencia administrativa y financiera, con personalidad jurídica, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia y adscrita al Ministerio de Seguridad o quien haga sus veces.
El titular de la SNI será nombrado por el presidente y no podrá ser miembro activo de las FFAA o la Policía. Entre sus funciones tendrá la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia y proporcionará inteligencia estratégica al presidente, entre otros.
En los gastos especiales (reservados), señala que la SNI dispondrá de un fondo permanente cuya rendición de cuentas se realizará ante el contralor con un respaldo instrumental.
El asambleísta Luis Hernández (RED) cree que se debería crear una Secretaría de Seguridad que asuma el rol que se otorga al Ministerio de Seguridad. Pide la supervisión del Legislativo de los gastos especiales.
La propuesta final recomienda la conformación de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Sus funciones serán asesorar y recomendar al presidente sobre las políticas, planes y estrategias de Estado y recomendarle la adopción de medidas de prevención, etc.
El asambleísta Marcos Martínez mocionó que se conserve la creación legal de la Secretaría de Seguridad Pública con el fin de que exista un organismo técnico que dé operatividad y organicidad al Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
El proyecto contempla la creación de una Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) como una entidad de derecho público, con independencia administrativa y financiera, con personalidad jurídica, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia y adscrita al Ministerio de Seguridad o quien haga sus veces.
El titular de la SNI será nombrado por el presidente y no podrá ser miembro activo de las FFAA o la Policía. Entre sus funciones tendrá la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia y proporcionará inteligencia estratégica al presidente, entre otros.
En los gastos especiales (reservados), señala que la SNI dispondrá de un fondo permanente cuya rendición de cuentas se realizará ante el contralor con un respaldo instrumental.
El asambleísta Luis Hernández (RED) cree que se debería crear una Secretaría de Seguridad que asuma el rol que se otorga al Ministerio de Seguridad. Pide la supervisión del Legislativo de los gastos especiales.
