La ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo presentaría dos vacíos técnicos. Uno de ellos lo señala la Cámara de la Construcción de Quito, mientras que el otro lo evidencia el Consejo Provincial de Pichincha (CPP).
La ampliación de esta carretera se realiza desde la Y de Alóag hasta la comunidad de Tandapi, cantón Mejía (Pichincha), y tiene una extensión de 35 kilómetros.
Para Hermel Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito, "si bien la ampliación de la carretera consiste en estabilizar los taludes a través de placas de sostenimiento, no se puede asegurar su estabilidad, por lo que es necesario que se considere construir una vía alterna".
Esta vía alterna, según Flores, estaría en análisis, pues el CPP "ya tiene los estudios de la construcción del tramo en el sitio conocido como el río Corazón, que tendría una longitud de 30 kilómetros. Esta también sería una de las soluciones técnicas".
Sin embargo, para Fernando Hurtado, funcionario del CPP y fiscalizador de la obra, "la ampliación responde a estudios técnicos que precautelan la seguridad de los conductores".
Por ello, según él, se construyen geopantallas y muros de sostenimiento al lado derecho de la vía, mientras que en los taludes se implementan terrazas para evitar deslizamientos en el futuro. Además, según Hurtado, se prevé utilizar la tecnología del hormigón lanzado en los altos taludes para garantizar la estabilidad y seguridad en las carreteras.
No obstante, para Flores, la posibilidad de este mantenimiento vial es "dudoso".
"Dudamos que haya estudios técnicos que prevengan el riesgo por el derribamiento de montañas, pero debería implementarse como una política de conservación de las carreteras", dijo.
Estudios, con cambios costosos. En el estudio técnico original de esta construcción no se previno que se requeriría la implementación de tres túneles en los que no era posible la ampliación con geopantallas. Estos tendrían un alto costo.
El contrato original se suscribió en mayo de 2007 por un monto de $54 millones, que ahora se incrementaría a aproximadamente $90 millones con la construcción de los túneles.
Para Hurtado, estas nuevas propuestas son un derecho de la constructora. Pero, para Flores, "pudieron haber otras soluciones técnicas, sin un alto costo".
La ampliación de esta carretera se realiza desde la Y de Alóag hasta la comunidad de Tandapi, cantón Mejía (Pichincha), y tiene una extensión de 35 kilómetros.
Para Hermel Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito, "si bien la ampliación de la carretera consiste en estabilizar los taludes a través de placas de sostenimiento, no se puede asegurar su estabilidad, por lo que es necesario que se considere construir una vía alterna".
Esta vía alterna, según Flores, estaría en análisis, pues el CPP "ya tiene los estudios de la construcción del tramo en el sitio conocido como el río Corazón, que tendría una longitud de 30 kilómetros. Esta también sería una de las soluciones técnicas".
Sin embargo, para Fernando Hurtado, funcionario del CPP y fiscalizador de la obra, "la ampliación responde a estudios técnicos que precautelan la seguridad de los conductores".
Por ello, según él, se construyen geopantallas y muros de sostenimiento al lado derecho de la vía, mientras que en los taludes se implementan terrazas para evitar deslizamientos en el futuro. Además, según Hurtado, se prevé utilizar la tecnología del hormigón lanzado en los altos taludes para garantizar la estabilidad y seguridad en las carreteras.
No obstante, para Flores, la posibilidad de este mantenimiento vial es "dudoso".
"Dudamos que haya estudios técnicos que prevengan el riesgo por el derribamiento de montañas, pero debería implementarse como una política de conservación de las carreteras", dijo.
Estudios, con cambios costosos. En el estudio técnico original de esta construcción no se previno que se requeriría la implementación de tres túneles en los que no era posible la ampliación con geopantallas. Estos tendrían un alto costo.
El contrato original se suscribió en mayo de 2007 por un monto de $54 millones, que ahora se incrementaría a aproximadamente $90 millones con la construcción de los túneles.
Para Hurtado, estas nuevas propuestas son un derecho de la constructora. Pero, para Flores, "pudieron haber otras soluciones técnicas, sin un alto costo".
