CD’s con base de datos de aproximadamente 16 millones de ecuatorianos circulan de manera ilegal en el país, pese a que esta información es exclusiva del Registro Civil.
Cadenas farmacéuticas, concesionarias y almacenes de electrodomésticos, entre otros, son algunos de los negocios que están en la mira de la Dirección General de Registro Civil. En el ilícito estarían involucrados funcionarios de la institución.
“Nos llama la atención que cuando vamos a un local comercial, y nos solicitan el número de cédula, al ingresarlo aparecen en pantalla datos personales del cliente”, denunció Jimmy Salazar, director general del Registro Civil.
Según Salazar, eso es ilegal para la ley ecuatoriana, pues “para acceder a nuestra base de datos, los interesados deben firmar un convenio de confidencialidad con el Registro”.
El proceso está destinado exclusivamente para entes públicos, como es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Este convenio implica un límite de información, además de que no puede ser entregada a terceros.
Sin embargo, este Diario pudo comprobar ayer que la información del Registro Civil puede ser adquirida por quien quiera en las bahías del centro de Guayaquil por la irrisoria suma de 5 dólares.
El funcionario, en diálogo con EXPRESO, no descartó que detrás de esta red de corrupción estén involucrados empleados y autoridades de la institución.
A criterio de Salazar, la comercialización de este tipo de información se transformó en negocio lucrativo que atenta contra la seguridad del Estado y de los ciudadanos, por lo que ha ordenado operativos para dar con los responsables.
Más allá de las pérdidas económicas para la entidad, la preocupación de Salazar es que esta información, de la que no escapan ni los muertos, esté en manos de particulares.
El funcionario acogió una denuncia de un ciudadano que aseguró que un CD con la información del Registro Civil lo adquirió en la bahía a cambio de 200 dólares.
Sin embargo, en un recorrido que hicieron periodistas de esta Casa Editorial por el sector de las bahías, muchos se ofrecieron a conseguirlo en solo 48 horas. En esta zona comercial también se consiguen programas de computación piratas.
Renier Hinojosa, coordinador general del Registro Civil en Guayaquil, especificó que en este ilícito no está involucrado el sector financiero ni bancario, pues manejan una base personal.
Especificó que la base de datos actualizada hace un año (proyecto plan piloto) no ha tenido problemas.
Cita como ejemplo, que los datos personales que se utilizan de manera ilegal no cuentan con una actualización.
Aquello implica que personas recién ceduladas no consten en la base pirata.
“Con el nuevo proceso hay un total control de la información. Además no todos los funcionarios pueden acceder”, destacó Hinojosa.
¿Es posible guardar 16 millones de datos en un CD? El ingeniero Antonio Díaz, experto en informática, señaló que no hay inconvenientes. “No se requiere de mucho tiempo y pasa desapercibido”, aclaró.
“Si la información está en un formato pequeño, tranquilamente se puede archivar en un CD o DVD. Copiarlo no toma más de cinco minutos”.
Díaz sostuvo que para obtener este tipo de información, se requiere de la complicidad de uno o varios miembros pertenecientes al Registro Civil o de un especialista en computación, quien desde afuera logra conectarse de manera ilegal a la base de datos de la institución.
La Dirección General de Registro Civil presentó la denuncia ante la Fiscalía, en espera de una indagación.
A la vez la entidad se comprometió a efectuar un seguimiento minucioso de los sitios que utilizan la base pirata. Se espera que en las próximas horas se entregue la nómina de los negocios involucrados.
Las deudas de ecuatorianos reposan en burós de crédito
Muchas ejecutivas de casas comerciales clásicas, como Casa Tosi o De Prati, están entrenadas para lanzar el “anzuelo”. Su objetivo es pescar más deudores para la cartera de ese almacén.“¿Desea una tarjeta crediticia?”, dicen a sus clientes cada día.
Los que responden afirmativamente se someten a un chequeo financiero. Con el tecleo de un par de comandos en sus computadoras, las empleadas de los almacenes que otorgan crédito directo revisan el historial de deudas de los analizados: nombres, apellidos, fechas y curvas de pago, atrasos y lo más importante: su calificación, “A, B, C, D o E”. Si es A, la mejor nota -(significa que el cliente tiene un buen comportamiento crediticio)- recibe el documento plástico a los pocos días.
Desde el 17 de diciembre de 2002, cuando se aprobó a través de una resolución de la Junta Bancaria a los burós de información crediticia, la banca contó con una herramienta cómplice para entregar mejor los créditos. Los burós son una suerte de base de datos donde se archiva a todo cliente que alguna vez obtuvo un crédito con alguna entidad financiera, sea banca, cooperativa, mutualista o sociedad financiera.
Actualmente los burós también proveen de esa información a las casas comerciales u otras empresas. Según la ley de los burós de información crediticia, sus clientes son todas las personas -legalmente autorizadas- que contratan con ellos la prestación de servicios de referencias crediticias.
“Esta información también puede ser adquirida por las casas comerciales, persona natural u otras empresas, sostiene una funcionaria de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Solo se necesita entregar el número de cédula de identidad de la persona de la que se quiere conocer su historial crediticio”, explica. Aquello se debe a que tenemos todos el derecho a precautelar nuestros intereses y con los burós se pueden administrar mejor los riesgos.
Bajo esta norma se definió que, la prestación del servicio podrá ser realizado únicamente por instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, de giro exclusivo, esto es, los burós. (WMA)
Ellos opinan
Hay sanciones para involucrados
El artículo 202 del Código Penal establece que las personas que comercialicen datos de confidencialidad serán sancionados de 3 a 6 años. Mientras los que compran, entre 2 meses hasta 2 años. En caso de que un empleado o funcionario del Registro Civil sea encontrado responsable se iniciará un sumario administrativo y la separación inmediata.
Problema que se debió solucionar
La utilización de información de la base de datos no es reciente. A criterio de Salazar, el uso por parte de los negocios se remonta desde al menos una década. El problema radica en que ninguna autoridad ha tomado las precauciones para que el ilícito no se extienda y sea vendida al mejor postor. El riesgo que se corre es que la información sea utilizada para otros fines, incluso para chantajes.
Cadenas farmacéuticas, concesionarias y almacenes de electrodomésticos, entre otros, son algunos de los negocios que están en la mira de la Dirección General de Registro Civil. En el ilícito estarían involucrados funcionarios de la institución.
“Nos llama la atención que cuando vamos a un local comercial, y nos solicitan el número de cédula, al ingresarlo aparecen en pantalla datos personales del cliente”, denunció Jimmy Salazar, director general del Registro Civil.
Según Salazar, eso es ilegal para la ley ecuatoriana, pues “para acceder a nuestra base de datos, los interesados deben firmar un convenio de confidencialidad con el Registro”.
El proceso está destinado exclusivamente para entes públicos, como es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Este convenio implica un límite de información, además de que no puede ser entregada a terceros.
Sin embargo, este Diario pudo comprobar ayer que la información del Registro Civil puede ser adquirida por quien quiera en las bahías del centro de Guayaquil por la irrisoria suma de 5 dólares.
El funcionario, en diálogo con EXPRESO, no descartó que detrás de esta red de corrupción estén involucrados empleados y autoridades de la institución.
A criterio de Salazar, la comercialización de este tipo de información se transformó en negocio lucrativo que atenta contra la seguridad del Estado y de los ciudadanos, por lo que ha ordenado operativos para dar con los responsables.
Más allá de las pérdidas económicas para la entidad, la preocupación de Salazar es que esta información, de la que no escapan ni los muertos, esté en manos de particulares.
El funcionario acogió una denuncia de un ciudadano que aseguró que un CD con la información del Registro Civil lo adquirió en la bahía a cambio de 200 dólares.
Sin embargo, en un recorrido que hicieron periodistas de esta Casa Editorial por el sector de las bahías, muchos se ofrecieron a conseguirlo en solo 48 horas. En esta zona comercial también se consiguen programas de computación piratas.
Renier Hinojosa, coordinador general del Registro Civil en Guayaquil, especificó que en este ilícito no está involucrado el sector financiero ni bancario, pues manejan una base personal.
Especificó que la base de datos actualizada hace un año (proyecto plan piloto) no ha tenido problemas.
Cita como ejemplo, que los datos personales que se utilizan de manera ilegal no cuentan con una actualización.
Aquello implica que personas recién ceduladas no consten en la base pirata.
“Con el nuevo proceso hay un total control de la información. Además no todos los funcionarios pueden acceder”, destacó Hinojosa.
¿Es posible guardar 16 millones de datos en un CD? El ingeniero Antonio Díaz, experto en informática, señaló que no hay inconvenientes. “No se requiere de mucho tiempo y pasa desapercibido”, aclaró.
“Si la información está en un formato pequeño, tranquilamente se puede archivar en un CD o DVD. Copiarlo no toma más de cinco minutos”.
Díaz sostuvo que para obtener este tipo de información, se requiere de la complicidad de uno o varios miembros pertenecientes al Registro Civil o de un especialista en computación, quien desde afuera logra conectarse de manera ilegal a la base de datos de la institución.
La Dirección General de Registro Civil presentó la denuncia ante la Fiscalía, en espera de una indagación.
A la vez la entidad se comprometió a efectuar un seguimiento minucioso de los sitios que utilizan la base pirata. Se espera que en las próximas horas se entregue la nómina de los negocios involucrados.
Las deudas de ecuatorianos reposan en burós de crédito
Muchas ejecutivas de casas comerciales clásicas, como Casa Tosi o De Prati, están entrenadas para lanzar el “anzuelo”. Su objetivo es pescar más deudores para la cartera de ese almacén.“¿Desea una tarjeta crediticia?”, dicen a sus clientes cada día.
Los que responden afirmativamente se someten a un chequeo financiero. Con el tecleo de un par de comandos en sus computadoras, las empleadas de los almacenes que otorgan crédito directo revisan el historial de deudas de los analizados: nombres, apellidos, fechas y curvas de pago, atrasos y lo más importante: su calificación, “A, B, C, D o E”. Si es A, la mejor nota -(significa que el cliente tiene un buen comportamiento crediticio)- recibe el documento plástico a los pocos días.
Desde el 17 de diciembre de 2002, cuando se aprobó a través de una resolución de la Junta Bancaria a los burós de información crediticia, la banca contó con una herramienta cómplice para entregar mejor los créditos. Los burós son una suerte de base de datos donde se archiva a todo cliente que alguna vez obtuvo un crédito con alguna entidad financiera, sea banca, cooperativa, mutualista o sociedad financiera.
Actualmente los burós también proveen de esa información a las casas comerciales u otras empresas. Según la ley de los burós de información crediticia, sus clientes son todas las personas -legalmente autorizadas- que contratan con ellos la prestación de servicios de referencias crediticias.
“Esta información también puede ser adquirida por las casas comerciales, persona natural u otras empresas, sostiene una funcionaria de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Solo se necesita entregar el número de cédula de identidad de la persona de la que se quiere conocer su historial crediticio”, explica. Aquello se debe a que tenemos todos el derecho a precautelar nuestros intereses y con los burós se pueden administrar mejor los riesgos.
Bajo esta norma se definió que, la prestación del servicio podrá ser realizado únicamente por instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, de giro exclusivo, esto es, los burós. (WMA)
Ellos opinan
Hay sanciones para involucrados
El artículo 202 del Código Penal establece que las personas que comercialicen datos de confidencialidad serán sancionados de 3 a 6 años. Mientras los que compran, entre 2 meses hasta 2 años. En caso de que un empleado o funcionario del Registro Civil sea encontrado responsable se iniciará un sumario administrativo y la separación inmediata.
Problema que se debió solucionar
La utilización de información de la base de datos no es reciente. A criterio de Salazar, el uso por parte de los negocios se remonta desde al menos una década. El problema radica en que ninguna autoridad ha tomado las precauciones para que el ilícito no se extienda y sea vendida al mejor postor. El riesgo que se corre es que la información sea utilizada para otros fines, incluso para chantajes.
