El Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en su penúltima sesión, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Provincial que tiene como objetivo principal asegurar una mayor articulación entre consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales rurales y una adecuada representación de las unidades territoriales que componen la provincia.
Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Organización Territorial y Gobiernos Autónomos, los asambleístas debatieron las reformas a este instrumento legal, principalmente sobre si ésta se mantiene vigente o no.
Se aclaró que este 31 tendrán que posesionarse los prefectos y viceprefectos elegidos el pasado 26 de abril y que, luego de 15 días, se posesionará el Consejo Provincial, que hoy estará integrado por el los alcaldes y representantes de los cantones de cada una de las provincias y de los presidentes de las juntas parroquiales.
Una de las preocupaciones versó acerca de una eventual falta de proporcionalidad o representación de las minorías que se daría en estos organismos, por cuanto no están definidos con claridad los mecanismos para su conformación, tanto en su número, cuanto en la fuente política.
Eduardo Sánchez, representante de la provincia de Galápagos, manifestó su preocupación con estas reformas, puesto que no aclara en absoluto sobre la realidad de la provincia insular, toda vez que, según la Constitución, en esa provincia se crea el Consejo de Gobierno, institución a la cual deben pasar todos los activos y pasivos del actual Consejo Provincial, por lo que propuso se incorpore una transitoria que prorrogue en funciones al actual organismo provincial, hasta que se cree el Consejo de Gobierno.
Respecto de las reclamaciones provenientes de personas naturales o jurídicas referentes a ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales o relacionadas con los concejos que se realizaban ante el Consejo Provincial, hoy, según las reformas, deberán pasar a la Corte Constitucional, sin embargo, los asambleístas dijeron que sería desatinado porque se trata de un organismo de carácter eminentemente constitucional y no administrativo, lo correcto sería que esta competencia se traslade al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Igualmente, se formularon observaciones en el sentido que este organismo colegiado se reúna las veces que sean necesarias para la planificación y ejecución de sus obras y no cada 30 días, como se plantea en el informe. También mostraron su preocupación por el pago de dietas de las sesiones del consejo provincial, puesto que estos representantes son de elección popular y perciben dietas en sus propias instituciones.
Destacaron que estas reformas son urgentes, puesto que este 31 de julio deberán posesionarse, alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, entre otras autoridades de elección popular. Señalaron que posteriormente todas estas competencias serán reguladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Resaltaron que esta ley se sustenta en lo dispuesto en el Art. 252 de la Constitución de la República.
El proyecto deberá ser retomado y analizado por la comisión respectiva de la Asamblea Nacional que se instalará este 31 de julio, la cual se encargará de elaborar el informe para segundo debate.
Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Organización Territorial y Gobiernos Autónomos, los asambleístas debatieron las reformas a este instrumento legal, principalmente sobre si ésta se mantiene vigente o no.
Se aclaró que este 31 tendrán que posesionarse los prefectos y viceprefectos elegidos el pasado 26 de abril y que, luego de 15 días, se posesionará el Consejo Provincial, que hoy estará integrado por el los alcaldes y representantes de los cantones de cada una de las provincias y de los presidentes de las juntas parroquiales.
Una de las preocupaciones versó acerca de una eventual falta de proporcionalidad o representación de las minorías que se daría en estos organismos, por cuanto no están definidos con claridad los mecanismos para su conformación, tanto en su número, cuanto en la fuente política.
Eduardo Sánchez, representante de la provincia de Galápagos, manifestó su preocupación con estas reformas, puesto que no aclara en absoluto sobre la realidad de la provincia insular, toda vez que, según la Constitución, en esa provincia se crea el Consejo de Gobierno, institución a la cual deben pasar todos los activos y pasivos del actual Consejo Provincial, por lo que propuso se incorpore una transitoria que prorrogue en funciones al actual organismo provincial, hasta que se cree el Consejo de Gobierno.
Respecto de las reclamaciones provenientes de personas naturales o jurídicas referentes a ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales o relacionadas con los concejos que se realizaban ante el Consejo Provincial, hoy, según las reformas, deberán pasar a la Corte Constitucional, sin embargo, los asambleístas dijeron que sería desatinado porque se trata de un organismo de carácter eminentemente constitucional y no administrativo, lo correcto sería que esta competencia se traslade al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Igualmente, se formularon observaciones en el sentido que este organismo colegiado se reúna las veces que sean necesarias para la planificación y ejecución de sus obras y no cada 30 días, como se plantea en el informe. También mostraron su preocupación por el pago de dietas de las sesiones del consejo provincial, puesto que estos representantes son de elección popular y perciben dietas en sus propias instituciones.
Destacaron que estas reformas son urgentes, puesto que este 31 de julio deberán posesionarse, alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, entre otras autoridades de elección popular. Señalaron que posteriormente todas estas competencias serán reguladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Resaltaron que esta ley se sustenta en lo dispuesto en el Art. 252 de la Constitución de la República.
El proyecto deberá ser retomado y analizado por la comisión respectiva de la Asamblea Nacional que se instalará este 31 de julio, la cual se encargará de elaborar el informe para segundo debate.
