El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) todavía no define un cronograma para elegir a las autoridades de control, una de las funciones principales del organismo. Casi un mes después de haberse posesionado, los consejeros no tienen idea de cuándo iniciarán los concursos para conformar las comisiones ciudadanas de selección y las veedurías para designar a las autoridades.
Con ello se prevé que el Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal, Contralor, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Contencioso Electoral, de la Judicatura y superintendentes, seguirán en sus cargos por tiempo aún indefinido, pese a ser funcionarios de transición.
David Rosero, consejero de Participación, señala que aunque cumplieron los plazos, al aprobar los tres reglamentos de funcionamiento interno, la Ley Orgánica del Consejo no determina un período para elegir a las autoridades. Destaca que era necesario tener una estructura interna del Consejo antes de seleccionar a las autoridades y el seguimiento de los casos de investigación.
La consejera Mónica Banegas reconoce que no han analizado el tema de la designación de autoridades. Enfatiza que en este mes se han dedicado de lleno a aprobar los reglamentos de funcionamiento interno del Consejo.
Puntualiza que no tienen un plazo determinado en la Ley Orgánica del denominado Quinto Poder para elegir a las autoridades de control. Enfatiza que una de las razones es que no tienen el presupuesto necesario para efectuar esta tarea.
A esto se suma la falta de delegados del organismo en las provincias, sostiene el consejero Luis Pachala. También arguye que el actual edificio donde se encuentra el Consejo no es funcional y que no existen los recursos para pagar el 3,5 por ciento a cada una de las personas que conformarán las comisiones de selección.
“¿Dónde van a trabajar las comisiones, si el espacio del Consejo es reducido?”, se pregunta, e insiste que el tema de la designación de autoridades debe ser analizado.
Al consultársele si el presupuesto de este año debe ser el mismo que el del próximo, donde no será la prioridad la elección de autoridades, dice que sí. Según el consejero, el Quinto Poder debe impulsar veedurías, la participación y el control social.
El tema del presupuesto es uno de los puntos centrales del Consejo. Pachala sostiene que los 5,9 millones de dólares asignados para 2010 son insuficientes para cumplir las tareas del Cpccs.
Insiste en que se debería incrementar la asignación de este año por la serie de concursos que hay que realizar. Señala que él propondrá que este y el próximo sean a través de concursos.
La presidenta del Consejo, Marcela Miranda, también, pide que se incremente el presupuesto.
El lunes pasado presentó el reglamento orgánico de procesos a los ministerios de Relaciones Laborales y de Finanzas. Ambos organismos deberán analizar técnicamente el estatuto de los procesos que detalla el orgánico funcional.
A partir de ahí, se podrá analizar el nuevo presupuesto para el Consejo. Miranda indica que el presupuesto actual fue pensado en una ley que no existía, donde no estaban establecidas las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana.
“Yo no tengo la más mínima idea de cuánto necesitamos”, recuerda, tras señalar que no solo la elección de las autoridades es la prioridad sino también promover derechos y obligaciones de 13 millones de ecuatorianos, así como la lucha contra la corrupción
Con ello se prevé que el Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal, Contralor, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Contencioso Electoral, de la Judicatura y superintendentes, seguirán en sus cargos por tiempo aún indefinido, pese a ser funcionarios de transición.
David Rosero, consejero de Participación, señala que aunque cumplieron los plazos, al aprobar los tres reglamentos de funcionamiento interno, la Ley Orgánica del Consejo no determina un período para elegir a las autoridades. Destaca que era necesario tener una estructura interna del Consejo antes de seleccionar a las autoridades y el seguimiento de los casos de investigación.
La consejera Mónica Banegas reconoce que no han analizado el tema de la designación de autoridades. Enfatiza que en este mes se han dedicado de lleno a aprobar los reglamentos de funcionamiento interno del Consejo.
Puntualiza que no tienen un plazo determinado en la Ley Orgánica del denominado Quinto Poder para elegir a las autoridades de control. Enfatiza que una de las razones es que no tienen el presupuesto necesario para efectuar esta tarea.
A esto se suma la falta de delegados del organismo en las provincias, sostiene el consejero Luis Pachala. También arguye que el actual edificio donde se encuentra el Consejo no es funcional y que no existen los recursos para pagar el 3,5 por ciento a cada una de las personas que conformarán las comisiones de selección.
“¿Dónde van a trabajar las comisiones, si el espacio del Consejo es reducido?”, se pregunta, e insiste que el tema de la designación de autoridades debe ser analizado.
Al consultársele si el presupuesto de este año debe ser el mismo que el del próximo, donde no será la prioridad la elección de autoridades, dice que sí. Según el consejero, el Quinto Poder debe impulsar veedurías, la participación y el control social.
El tema del presupuesto es uno de los puntos centrales del Consejo. Pachala sostiene que los 5,9 millones de dólares asignados para 2010 son insuficientes para cumplir las tareas del Cpccs.
Insiste en que se debería incrementar la asignación de este año por la serie de concursos que hay que realizar. Señala que él propondrá que este y el próximo sean a través de concursos.
La presidenta del Consejo, Marcela Miranda, también, pide que se incremente el presupuesto.
El lunes pasado presentó el reglamento orgánico de procesos a los ministerios de Relaciones Laborales y de Finanzas. Ambos organismos deberán analizar técnicamente el estatuto de los procesos que detalla el orgánico funcional.
A partir de ahí, se podrá analizar el nuevo presupuesto para el Consejo. Miranda indica que el presupuesto actual fue pensado en una ley que no existía, donde no estaban establecidas las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana.
“Yo no tengo la más mínima idea de cuánto necesitamos”, recuerda, tras señalar que no solo la elección de las autoridades es la prioridad sino también promover derechos y obligaciones de 13 millones de ecuatorianos, así como la lucha contra la corrupción
