La normativa aborda la estructura institucional y determina los productos, servicios y procesos de cada uno de sus estamentos.
Además, el Quinto Poder del Estado estará conformado por el Pleno, como su máxima autoridad; la presidencia, vicepresidencia y dos secretarías técnicas: de Participación Ciudadana y Control Social, y de Lucha Contra la Corrupción.
Ambas secretarías estarán articuladas por un coordinador técnico. Adicionalmente se implementarán las delegaciones provinciales, coordinaciones generales y direcciones nacionales de área.
Días atrás fueron aprobados los reglamentos de funcionamiento del Pleno y de Administración de Personal.
Los integrantes de este organismo analizaban y presentaban sus observaciones a cada artículo vinculado al área jurídica, de comunicación, planificación y en el campo administrativo.
El consejero Luis Pachala solicitó al pleno cambiar la figura de secretaría por el de coordinación técnica, cuyas atribuciones serán las de gestionar el trabajo de los secretarios técnicos de Participación y Control Social, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Los integrantes acordaron elegir al coordinador en una próxima sesión, ya que no pudieron hacerlo bajo la figura de elección de un secretario.
También esbozaron algunas observaciones en torno a las delegaciones provinciales y del exterior.
Pachala, por su parte, definió como un logro la creación de la Coordinación Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, porque de esta manera “se podrá articular una planificación estratégica con estos sectores”.
En el área jurídica, la consejera Tatiana Ordeñana pidió eliminar algunos artículos del primer borrador, en función de que había cruces de competencias con el área de relaciones internacionales y con la secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
“Se dejó que asesoría jurídica se dedique estrictamente a la competencia de los temas del pleno y de la presidencia”. También habló de la importancia de que a futuro no exista una duplicidad de esas funciones.
El Pleno también coincidió en la existencia de algunos inconvenientes en torno a los servicios de los casilleros judiciales.
En cambio, los integrantes del Consejo no tuvieron mayores reparos cuando abordaron el área de comunicación, de cuya responsabilidad estuvo a cargo el vicepresidente de este organismo, Fernando Cedeño.
Se detallaron varias actividades vinculadas con la comunicación general e imagen corporativa y monitoreo de las informaciones emitidas por los medios de comunicación. El organismo podrá tener la atribución de contratar agencias especializadas en este ámbito.
Al finalizar la sesión, los integrantes del Pleno votaron de manera unánime por la aprobación del reglamento.
Esto provocó una reacción emocionada de la titular de este organismo, Marcela Miranda, quien dijo que este trabajo cumplió con el plazo impuesto por la Constitución y la Ley Orgánica del quinto poder.
“Estamos construyendo este Consejo. Ha sido saludable para todos nosotros el haber tenido esa actitud crítica y de contribución para cambiar este país”, concluyó Miranda.
Además, el Quinto Poder del Estado estará conformado por el Pleno, como su máxima autoridad; la presidencia, vicepresidencia y dos secretarías técnicas: de Participación Ciudadana y Control Social, y de Lucha Contra la Corrupción.
Ambas secretarías estarán articuladas por un coordinador técnico. Adicionalmente se implementarán las delegaciones provinciales, coordinaciones generales y direcciones nacionales de área.
Días atrás fueron aprobados los reglamentos de funcionamiento del Pleno y de Administración de Personal.
Los integrantes de este organismo analizaban y presentaban sus observaciones a cada artículo vinculado al área jurídica, de comunicación, planificación y en el campo administrativo.
El consejero Luis Pachala solicitó al pleno cambiar la figura de secretaría por el de coordinación técnica, cuyas atribuciones serán las de gestionar el trabajo de los secretarios técnicos de Participación y Control Social, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Los integrantes acordaron elegir al coordinador en una próxima sesión, ya que no pudieron hacerlo bajo la figura de elección de un secretario.
También esbozaron algunas observaciones en torno a las delegaciones provinciales y del exterior.
Pachala, por su parte, definió como un logro la creación de la Coordinación Nacional Intercultural de Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, porque de esta manera “se podrá articular una planificación estratégica con estos sectores”.
En el área jurídica, la consejera Tatiana Ordeñana pidió eliminar algunos artículos del primer borrador, en función de que había cruces de competencias con el área de relaciones internacionales y con la secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
“Se dejó que asesoría jurídica se dedique estrictamente a la competencia de los temas del pleno y de la presidencia”. También habló de la importancia de que a futuro no exista una duplicidad de esas funciones.
El Pleno también coincidió en la existencia de algunos inconvenientes en torno a los servicios de los casilleros judiciales.
En cambio, los integrantes del Consejo no tuvieron mayores reparos cuando abordaron el área de comunicación, de cuya responsabilidad estuvo a cargo el vicepresidente de este organismo, Fernando Cedeño.
Se detallaron varias actividades vinculadas con la comunicación general e imagen corporativa y monitoreo de las informaciones emitidas por los medios de comunicación. El organismo podrá tener la atribución de contratar agencias especializadas en este ámbito.
Al finalizar la sesión, los integrantes del Pleno votaron de manera unánime por la aprobación del reglamento.
Esto provocó una reacción emocionada de la titular de este organismo, Marcela Miranda, quien dijo que este trabajo cumplió con el plazo impuesto por la Constitución y la Ley Orgánica del quinto poder.
“Estamos construyendo este Consejo. Ha sido saludable para todos nosotros el haber tenido esa actitud crítica y de contribución para cambiar este país”, concluyó Miranda.
