Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Oswaldo Domínguez, Ulpiano Salazar, Marco Tulio Cordero y Víctor Hugo Castillo comparecieron ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para comprometerse a entregar todos los documentos solicitados y para exponer sus inquietudes acerca de la situación que se vive en el CJ.
Por su parte, el asambleísta Andrés Páez (ID) expuso ante los vocales, lo que según el legislador serían malas prácticas de algunos jueces de garantías penales, entre los que están las juezas de Pichincha, Noemí Santillán y Ángela Sarmiento. Los vocales se comprometieron a poner atención a estos casos.
Ante la comisión, Salazar destacó la labor del CJ e indicó que en los cuatro años de gestión, se ha destituido a 590 funcionarios judiciales. “Un hecho trascendente es la destitución de los jueces de la Corte de Machala involucrados en el caso Cabrera”, dijo el vocal.
Ulpiano Salazar también indicó que en el CJ “se está queriendo retomar la antigua mafia gremial a través de los actuales funcionarios”. “El Consejo de la Judicatura fue constituido como un botín político más que como un órgano de administración de la Función Judicial”, manifestó.
El vocal sugirió a la Comisión que solicite copias de todas las actas de las sesiones del pleno del CJ para que puedan analizar la posición en la que se han mantenido los vocales en todo su periodo de gestión.
La asambleísta Mariángel Muñoz (PAIS) dijo que la Comisión llegará al “fondo del asunto” y analizará las acciones que se está emprendiendo desde la presidencia y desde algunos vocales del CJ.
Los otros vocales, entre los que está el presidente de la institución, Benjamín Cevallos, no asistieron porque tenían un compromiso en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil.
La presidenta de la Comisión, María Paula Romo (PAIS), dijo que la comparecencia de los otros vocales también es importante para tener más elementos de juicio.
Por su parte, el asambleísta Andrés Páez (ID) expuso ante los vocales, lo que según el legislador serían malas prácticas de algunos jueces de garantías penales, entre los que están las juezas de Pichincha, Noemí Santillán y Ángela Sarmiento. Los vocales se comprometieron a poner atención a estos casos.
Ante la comisión, Salazar destacó la labor del CJ e indicó que en los cuatro años de gestión, se ha destituido a 590 funcionarios judiciales. “Un hecho trascendente es la destitución de los jueces de la Corte de Machala involucrados en el caso Cabrera”, dijo el vocal.
Ulpiano Salazar también indicó que en el CJ “se está queriendo retomar la antigua mafia gremial a través de los actuales funcionarios”. “El Consejo de la Judicatura fue constituido como un botín político más que como un órgano de administración de la Función Judicial”, manifestó.
El vocal sugirió a la Comisión que solicite copias de todas las actas de las sesiones del pleno del CJ para que puedan analizar la posición en la que se han mantenido los vocales en todo su periodo de gestión.
La asambleísta Mariángel Muñoz (PAIS) dijo que la Comisión llegará al “fondo del asunto” y analizará las acciones que se está emprendiendo desde la presidencia y desde algunos vocales del CJ.
Los otros vocales, entre los que está el presidente de la institución, Benjamín Cevallos, no asistieron porque tenían un compromiso en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil.
La presidenta de la Comisión, María Paula Romo (PAIS), dijo que la comparecencia de los otros vocales también es importante para tener más elementos de juicio.
