Las discrepancias al interior del bloque legislativo de Alianza País (AP), en torno al juicio político contra el fiscal Washington Pesántez, trasladan al debate la posibilidad de aplicar el artículo 148 de la Constitución, conocido como la "muerte cruzada".
La Carta Política del Estado faculta al presidente de la República el "disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna".
De ocurrir aquello, el Consejo Nacional Electoral tendrá siete días para convocar a elecciones presidenciales y legislativas, señala el artículo.
Esa posibilidad, no fue descartada ayer por la ministra de la Política Doris Soliz, quien advirtió: "no estamos frente a esa medida extrema, aunque así lo establece la Constitución, pero sería penoso".
Soliz declaró, que la muerte cruzada se aplicaría en la medida de lo que plantea la Constitución, "la imposibilidad y obstrucción entre funciones del Estado", y para no llegar a ese punto insistió en que "dependerá de la responsabilidad con que la Asamblea y el Ejecutivo seamos capaces de avanzar en nuestras tareas políticas".
Asimismo, recordó que la bancada legislativa está para cumplir un proyecto político colectivo y no por agendas de grupo o personales. "Estamos aquí por un proyecto político que incluye la responsabilidad de viabilizar un trabajo coordinado, respetando las funciones Ejecutivo-Legislativo, y debemos actuar políticamente con madurez", acotó Soliz.
La división de AP se evidenció cuando cuatro legisladores, María Paula Romo, Virgilio Hernández, Paco Velasco y Rosana Alvarado, presentaron un pedido de juicio político contra el ministro fiscal, pese a los cuestionamientos del presidente Rafael Correa, quien en varias ocasiones lo calificó como "inoportuno" y minimizó las denuncias de sus coidearios.
Al respecto, Soliz calificó como "incorrecto" e "ilegal" pretender que el caso pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea, luego de que en la Comisión de Fiscalización existieron cinco votos a favor del juicio, cinco en contra y una abstención. "No es temor, creo que sería incorrecto, y eso lo considera la mayoría de la bancada", dijo.
Por lo tanto, manifestó que "si hubiese alguien que ya no se siente identificado con este colectivo está en toda la libertad de salir, como en cualquier partido político. (GM-Hoy)
La Carta Política del Estado faculta al presidente de la República el "disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna".
De ocurrir aquello, el Consejo Nacional Electoral tendrá siete días para convocar a elecciones presidenciales y legislativas, señala el artículo.
Esa posibilidad, no fue descartada ayer por la ministra de la Política Doris Soliz, quien advirtió: "no estamos frente a esa medida extrema, aunque así lo establece la Constitución, pero sería penoso".
Soliz declaró, que la muerte cruzada se aplicaría en la medida de lo que plantea la Constitución, "la imposibilidad y obstrucción entre funciones del Estado", y para no llegar a ese punto insistió en que "dependerá de la responsabilidad con que la Asamblea y el Ejecutivo seamos capaces de avanzar en nuestras tareas políticas".
Asimismo, recordó que la bancada legislativa está para cumplir un proyecto político colectivo y no por agendas de grupo o personales. "Estamos aquí por un proyecto político que incluye la responsabilidad de viabilizar un trabajo coordinado, respetando las funciones Ejecutivo-Legislativo, y debemos actuar políticamente con madurez", acotó Soliz.
La división de AP se evidenció cuando cuatro legisladores, María Paula Romo, Virgilio Hernández, Paco Velasco y Rosana Alvarado, presentaron un pedido de juicio político contra el ministro fiscal, pese a los cuestionamientos del presidente Rafael Correa, quien en varias ocasiones lo calificó como "inoportuno" y minimizó las denuncias de sus coidearios.
Al respecto, Soliz calificó como "incorrecto" e "ilegal" pretender que el caso pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea, luego de que en la Comisión de Fiscalización existieron cinco votos a favor del juicio, cinco en contra y una abstención. "No es temor, creo que sería incorrecto, y eso lo considera la mayoría de la bancada", dijo.
Por lo tanto, manifestó que "si hubiese alguien que ya no se siente identificado con este colectivo está en toda la libertad de salir, como en cualquier partido político. (GM-Hoy)
