En Madrid. Mónica Enríquez, una madre boliviana afectada, aparece con Juan Carlos Rois (izq.) y
La ONG española América España Solidaridad y Cooperación (Aesco) hizo una denuncia en Madrid.
La organización señaló que la Fiscalía y el Juzgado encargado del Registro Civil de Madrid han iniciado los trámites para revocar la nacionalidad española a unos 150 bebés hijos de extranjeros.
Aesco maneja solo el expediente de la boliviana Mónica Enríquez, cuyo hijo de un año se halla en esta situación. Sin embargo, la Fiscalía le informó de 150 casos: 79 bolivianos, el resto ecuatorianos y de alguna otra nacionalidad, sin precisar cifras.
Aesco tiene conocimiento de que ya se han retirado DNI españoles en Cuenca, a 167 km al sureste de Madrid, y teme que los expedientes vayan en aumento.
“Hemos convocado a los medios para detener esto”, dijo Gustavo Fajardo, director de los servicios jurídicos de Aesco.
Dennis, el pequeño de Mónica Enríquez, nació el 19 de abril de 2009 en Madrid. Casi un año después, esta boliviana recibió una providencia del Juzgado Encargado del Registro Civil de Madrid que le notifica, con base en informaciones del Ministerio Fiscal, que se ha abierto un expediente para declarar que no le corresponde la nacionalidad española. Una vez resuelto –dice el documento- se dejará sin efecto la inscripción del menor como español de origen, como consta en su inscripción de nacimiento.
El texto, de redacción confusa, no explica por qué la Fiscalía cree que el hijo de Mónica Enríquez no es español ni por qué se intenta quitarle ese derecho.
Mónica, a través de Aesco, ha impugnado la providencia y, a la vez, ha solicitado que se argumenten las causas.
La ONG baraja una hipótesis. Dennis nació en el período en que se reformaba la Constitución boliviana –el 7 de febrero de 2009- y se emitía el Decreto Supremo que reglamentaba esas reformas, el 22 de julio de 2009. La nueva Constitución del país andino establece que serán bolivianos las personas nacidas en el extranjero de madre o padre de esa nación, pero solo a partir de esta última fecha.
Es decir, el Ministerio Fiscal y el Registro Civil aplican la Ley con carácter retroactivo, lo cual, según Aesco, es ilegal.
Justamente el Estado boliviano, a través de su Consulado en Madrid, explica en un documento que la Constitución de su país no es retroactiva y que el cambio de reglas sobre la nacionalidad rige a partir del Decreto Supremo del 22 de julio de 2009.
Por Ley, España otorga la nacionalidad a los hijos de extranjeros que nacen en su territorio si los Estados de los padres no la otorgan. Esto se aplicaba anteriormente a los menores hijos de ecuatorianos, bolivianos, etc. Estos adquirían la nacionalidad española ‘por simple presunción’.
Cuando se reformó las Constituciones en esos países, atribuyendo esa nacionalidad a la de los padres, España suspendió la adjudicación de la nacionalidad española a los menores.
Otra irregularidad que encuentra Aesco es que el Registro Civil inicia la revocatoria de la nacionalidad por la vía administrativa, cuando la Ley establece que solo se puede hacerlo por una sentencia judicial.
“¿Qué han hecho estos menores para que se quiera retirarles la nacionalidad?”, pregunta Fajardo.
Mónica Enríquez y Aesco denuncian también la vulnerabilidad a la que se somete al pequeño Dennis. “No es que le quitan la nacionalidad española y le dan enseguida la boliviana; tiene que hacer un trámite, durante el cual el niño es apátrida”, dice Fajardo.
La ONG española América España Solidaridad y Cooperación (Aesco) hizo una denuncia en Madrid.
La organización señaló que la Fiscalía y el Juzgado encargado del Registro Civil de Madrid han iniciado los trámites para revocar la nacionalidad española a unos 150 bebés hijos de extranjeros.
Aesco maneja solo el expediente de la boliviana Mónica Enríquez, cuyo hijo de un año se halla en esta situación. Sin embargo, la Fiscalía le informó de 150 casos: 79 bolivianos, el resto ecuatorianos y de alguna otra nacionalidad, sin precisar cifras.
Aesco tiene conocimiento de que ya se han retirado DNI españoles en Cuenca, a 167 km al sureste de Madrid, y teme que los expedientes vayan en aumento.
“Hemos convocado a los medios para detener esto”, dijo Gustavo Fajardo, director de los servicios jurídicos de Aesco.
Dennis, el pequeño de Mónica Enríquez, nació el 19 de abril de 2009 en Madrid. Casi un año después, esta boliviana recibió una providencia del Juzgado Encargado del Registro Civil de Madrid que le notifica, con base en informaciones del Ministerio Fiscal, que se ha abierto un expediente para declarar que no le corresponde la nacionalidad española. Una vez resuelto –dice el documento- se dejará sin efecto la inscripción del menor como español de origen, como consta en su inscripción de nacimiento.
El texto, de redacción confusa, no explica por qué la Fiscalía cree que el hijo de Mónica Enríquez no es español ni por qué se intenta quitarle ese derecho.
Mónica, a través de Aesco, ha impugnado la providencia y, a la vez, ha solicitado que se argumenten las causas.
La ONG baraja una hipótesis. Dennis nació en el período en que se reformaba la Constitución boliviana –el 7 de febrero de 2009- y se emitía el Decreto Supremo que reglamentaba esas reformas, el 22 de julio de 2009. La nueva Constitución del país andino establece que serán bolivianos las personas nacidas en el extranjero de madre o padre de esa nación, pero solo a partir de esta última fecha.
Es decir, el Ministerio Fiscal y el Registro Civil aplican la Ley con carácter retroactivo, lo cual, según Aesco, es ilegal.
Justamente el Estado boliviano, a través de su Consulado en Madrid, explica en un documento que la Constitución de su país no es retroactiva y que el cambio de reglas sobre la nacionalidad rige a partir del Decreto Supremo del 22 de julio de 2009.
Por Ley, España otorga la nacionalidad a los hijos de extranjeros que nacen en su territorio si los Estados de los padres no la otorgan. Esto se aplicaba anteriormente a los menores hijos de ecuatorianos, bolivianos, etc. Estos adquirían la nacionalidad española ‘por simple presunción’.
Cuando se reformó las Constituciones en esos países, atribuyendo esa nacionalidad a la de los padres, España suspendió la adjudicación de la nacionalidad española a los menores.
Otra irregularidad que encuentra Aesco es que el Registro Civil inicia la revocatoria de la nacionalidad por la vía administrativa, cuando la Ley establece que solo se puede hacerlo por una sentencia judicial.
“¿Qué han hecho estos menores para que se quiera retirarles la nacionalidad?”, pregunta Fajardo.
Mónica Enríquez y Aesco denuncian también la vulnerabilidad a la que se somete al pequeño Dennis. “No es que le quitan la nacionalidad española y le dan enseguida la boliviana; tiene que hacer un trámite, durante el cual el niño es apátrida”, dice Fajardo.
