Luis Muñoz Llerena, ex presidente del Fondo Privado de Jubilación Patronal de la Contraloría General del Estado (CGE) y Diego Andrade Lara, ex asesor, fueron sentenciados a 12 años de reclusión como coautores del delito de peculado.
El ex tesorero de este Fondo, Luis Cadena, fue sancionado con seis años de reclusión como cómplice.
El Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha determinó que estos funcionarios perjudicaron a este Fondo por el monto de un millón 400 mil dólares en 2001. En ese entonces, este fondo se alimentaba de contribuciones de los funcionarios y en un 50% de recursos de la Contraloría, es decir, del Estado.
Según los testimonios de funcionarios de la CGE, Muñoz, Andrade y Lara dispusieron el traspaso de este dinero al fideicomiso Interibis, sin la autorización de la comisión administradora del Fondo.
Auditores de la CGE determinaron que la inversión en el fideicomiso no tenía garantías suficientes y trataron de recuperar este capital, sin embargo, no lo consiguieron y el dinero se dio por perdido.
La Fiscalía determinó además que Interibis ni siquiera formaba parte del sistema financiero autorizado para captar inversiones, sino que su objeto social era la producción de pulpa de fruta.
Por otro lado, los hermanos Rafael y Juan Botero Velásquez, administradores de Interibis, también fueron condenados a 12 años de prisión como coautores del delito. En este proceso, el Tribunal absolvió a María Villacís, secretaria del fideicomiso.
Los implicados fueron juzgados en ausencia porque se encuentran prófugos de la justicia desde que se inició el proceso penal en 2003. El Tribunal también los inhabilitó “perpetuamente” para desempeñar cualquier cargo público, para tal efecto, se emitió un oficio a la Secretaría de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres).
El Tribunal también acogió la acusación particular presentada por la CGE y dispuso que los sentenciados paguen los daños y perjuicios que la Contraloría reclame en conformidad con la Ley.
El delito se cometió cuando Alfredo Corral era contralor general.
Luis Muñoz, el principal implicado, era la mano derecha de Corral.
Es hermano del que fue vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), César Muñoz Llerena.
El Fondo de Jubilación tiene 1.400 afiliados.
El ex tesorero de este Fondo, Luis Cadena, fue sancionado con seis años de reclusión como cómplice.
El Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha determinó que estos funcionarios perjudicaron a este Fondo por el monto de un millón 400 mil dólares en 2001. En ese entonces, este fondo se alimentaba de contribuciones de los funcionarios y en un 50% de recursos de la Contraloría, es decir, del Estado.
Según los testimonios de funcionarios de la CGE, Muñoz, Andrade y Lara dispusieron el traspaso de este dinero al fideicomiso Interibis, sin la autorización de la comisión administradora del Fondo.
Auditores de la CGE determinaron que la inversión en el fideicomiso no tenía garantías suficientes y trataron de recuperar este capital, sin embargo, no lo consiguieron y el dinero se dio por perdido.
La Fiscalía determinó además que Interibis ni siquiera formaba parte del sistema financiero autorizado para captar inversiones, sino que su objeto social era la producción de pulpa de fruta.
Por otro lado, los hermanos Rafael y Juan Botero Velásquez, administradores de Interibis, también fueron condenados a 12 años de prisión como coautores del delito. En este proceso, el Tribunal absolvió a María Villacís, secretaria del fideicomiso.
Los implicados fueron juzgados en ausencia porque se encuentran prófugos de la justicia desde que se inició el proceso penal en 2003. El Tribunal también los inhabilitó “perpetuamente” para desempeñar cualquier cargo público, para tal efecto, se emitió un oficio a la Secretaría de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres).
El Tribunal también acogió la acusación particular presentada por la CGE y dispuso que los sentenciados paguen los daños y perjuicios que la Contraloría reclame en conformidad con la Ley.
El delito se cometió cuando Alfredo Corral era contralor general.
Luis Muñoz, el principal implicado, era la mano derecha de Corral.
Es hermano del que fue vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), César Muñoz Llerena.
El Fondo de Jubilación tiene 1.400 afiliados.
