La Comisión de Soberanía Alimentaria entregó ayer el informe de mayoría de la Ley de recursos hídricos, (Ley de Aguas). El Proyecto contiene 266 artículos, 3 disposiciones generales, 20 transitorias y 16 derogatorias.
El Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, explicó que la ley se orienta a beneficiar el interés de los 14 millones de ecuatorianos. En la ley se recogen la mayoría de aportes de las diferentes organizaciones sociales, indígenas y campesinos, en lo referente a la conformación de la autoridad única del agua, eliminando cualquier posibilidad de privatización, tal como lo manda la constitución. Abril, reiteró que durante el período de socialización participaron activamente los usuarios del agua, los regantes, indígenas, campesinos, las cámaras de la producción, así también la Conaie y Ecuarunari que quisieron imponer una agenda propia y en ningún instante expusieron propuestas alternativas para abrir un debate sobre los nudos críticos; luego optaron por retirarse de la mesa.
Explicó que la Autoridad Única del Agua está compuesta por el Consejo Plurinacional e Intercultural, la Secretaría Nacional y la Agencia de Regulación y Control, institucionalidad en la que tienen participación los indígenas, campesinos, pueblos y comunidades para formular, planificar y diseñar políticas. El Consejo, que estará integrado por un 50% del Estado y el restante por usuarios, regantes, pueblos, tiene que administrar todo lo que es el proceso de la gestión del líquido.
Se acaba todo tipo de concesiones y éstas se convertirán en autorizaciones, por tanto, la gestión del agua es pública y comunitaria, argumentó, tras precisar que en el caso de Interagua la disposición constitucional 316 determina la excepcionalidad para que una empresa pueda manejar una gestión del agua, pero bajo la competencia del alcalde la respectiva ciudad.
Bajo esas consideraciones, el municipio tiene la plena facultad para realizar auditoría y evaluación, a fin de analizar si ha cumplido con los parámetros de asistencia, inversión, beneficios a la población, de ello dependerá dar por terminado o continuar con la negociación.
Aguas termales y envasadoras
Respetando la inversión en el sector privado, puesto que contribuye al desarrollo económico, la Comisión de Soberanía Alimentaria determinó que en las nuevas autorizaciones se modifique sustancialmente las irrisorias tarifas que venían pagando al Estado y que el envasamiento sea mediante elementos biodegradables, en el lapso de tres años, una vez que cuenten con la pertinente tecnología, sostuvo, al enfatizar que el asambleísta Pedro de la Cruz compartió en un 90% con el texto.
Entre el socialista Pedro de la Cruz denunció que el documento aprobado mantiene la privatización del recurso, además de que consiente irregularidades como que los camaroneros sigan instalándose en áreas de manglar.
Al anunciar que presentará un informe de minoría, el legislador apuntó que el documento aprobado permite que las empresas mineras puedan ejercer sus actividades extractivas aprovechando las fuentes de agua, y que las envasadoras sigan en su trabajo.
Otro de los puntos a los que se opone es que las empresas agroproductoras pueden ser consideradas dentro de los principios de soberanía alimentaria en las mismas condiciones que los pequeños productores de alimentos.
De la Cruz también está en contra de que el servicio de agua potable y alcantarillado pueda ser brindado por entidades privadas.
A su vez el asambleísta por la provincia de los Ríos, miembro de la Comisión, Omar Juez, negó quae hayan recibido presiones de ningún sector, ni mucho menos del ejecutivo. "Aquí hemos actuado con nuestra conciencia y voluntad, en la socialización de la ley en la que activamente participó Pedro de la Cruz". reiteró
"Esta ley es una de las más progresiatas del País, pero tambien tenemos que ver que para suscribir el proyecto no hubo compra de conciencia ni compra de votos. Aquí el voto de la compañera Susana González, que suscribe el informe de mayoría, es un voto censato, porque hemos trabajado no solo por un sector de este País, sino por los 14 millones de ecuatorianos, y rechazamos cualquier pronunciamiento de algún sector que se siente afectado, la posibilidad de que hemos pactado con la derecha. Sí hemos pactado, pero con nuestra conciencia y los ciudadanos honestos que serán los beneficiarios de esta ley, finalizó
El informe de mayoría está suscrito por Jaime Abril, Lídice Larrea, Omar Juez, Yandri Brunner, Jimmy Pinoargote y Susana González.
El Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, explicó que la ley se orienta a beneficiar el interés de los 14 millones de ecuatorianos. En la ley se recogen la mayoría de aportes de las diferentes organizaciones sociales, indígenas y campesinos, en lo referente a la conformación de la autoridad única del agua, eliminando cualquier posibilidad de privatización, tal como lo manda la constitución. Abril, reiteró que durante el período de socialización participaron activamente los usuarios del agua, los regantes, indígenas, campesinos, las cámaras de la producción, así también la Conaie y Ecuarunari que quisieron imponer una agenda propia y en ningún instante expusieron propuestas alternativas para abrir un debate sobre los nudos críticos; luego optaron por retirarse de la mesa.
Explicó que la Autoridad Única del Agua está compuesta por el Consejo Plurinacional e Intercultural, la Secretaría Nacional y la Agencia de Regulación y Control, institucionalidad en la que tienen participación los indígenas, campesinos, pueblos y comunidades para formular, planificar y diseñar políticas. El Consejo, que estará integrado por un 50% del Estado y el restante por usuarios, regantes, pueblos, tiene que administrar todo lo que es el proceso de la gestión del líquido.
Se acaba todo tipo de concesiones y éstas se convertirán en autorizaciones, por tanto, la gestión del agua es pública y comunitaria, argumentó, tras precisar que en el caso de Interagua la disposición constitucional 316 determina la excepcionalidad para que una empresa pueda manejar una gestión del agua, pero bajo la competencia del alcalde la respectiva ciudad.
Bajo esas consideraciones, el municipio tiene la plena facultad para realizar auditoría y evaluación, a fin de analizar si ha cumplido con los parámetros de asistencia, inversión, beneficios a la población, de ello dependerá dar por terminado o continuar con la negociación.
Aguas termales y envasadoras
Respetando la inversión en el sector privado, puesto que contribuye al desarrollo económico, la Comisión de Soberanía Alimentaria determinó que en las nuevas autorizaciones se modifique sustancialmente las irrisorias tarifas que venían pagando al Estado y que el envasamiento sea mediante elementos biodegradables, en el lapso de tres años, una vez que cuenten con la pertinente tecnología, sostuvo, al enfatizar que el asambleísta Pedro de la Cruz compartió en un 90% con el texto.
Entre el socialista Pedro de la Cruz denunció que el documento aprobado mantiene la privatización del recurso, además de que consiente irregularidades como que los camaroneros sigan instalándose en áreas de manglar.
Al anunciar que presentará un informe de minoría, el legislador apuntó que el documento aprobado permite que las empresas mineras puedan ejercer sus actividades extractivas aprovechando las fuentes de agua, y que las envasadoras sigan en su trabajo.
Otro de los puntos a los que se opone es que las empresas agroproductoras pueden ser consideradas dentro de los principios de soberanía alimentaria en las mismas condiciones que los pequeños productores de alimentos.
De la Cruz también está en contra de que el servicio de agua potable y alcantarillado pueda ser brindado por entidades privadas.
A su vez el asambleísta por la provincia de los Ríos, miembro de la Comisión, Omar Juez, negó quae hayan recibido presiones de ningún sector, ni mucho menos del ejecutivo. "Aquí hemos actuado con nuestra conciencia y voluntad, en la socialización de la ley en la que activamente participó Pedro de la Cruz". reiteró
"Esta ley es una de las más progresiatas del País, pero tambien tenemos que ver que para suscribir el proyecto no hubo compra de conciencia ni compra de votos. Aquí el voto de la compañera Susana González, que suscribe el informe de mayoría, es un voto censato, porque hemos trabajado no solo por un sector de este País, sino por los 14 millones de ecuatorianos, y rechazamos cualquier pronunciamiento de algún sector que se siente afectado, la posibilidad de que hemos pactado con la derecha. Sí hemos pactado, pero con nuestra conciencia y los ciudadanos honestos que serán los beneficiarios de esta ley, finalizó
El informe de mayoría está suscrito por Jaime Abril, Lídice Larrea, Omar Juez, Yandri Brunner, Jimmy Pinoargote y Susana González.
