Los 21 jueces que integran la Corte Nacional de Justicia presentarán el próximo lunes una renuncia masiva a sus cargos, en solidaridad con sus compañeros de la Segunda Sala de lo Penal que fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura.
La decisión extrema que fue hecha pública por Jorge Ortega, abogado defensor e hijo del juez destituido, Máximo Ortega, será dada a conocer a inicios de la semana que viene.
Para este abogado, la destitución de los jueces es una grosera intromisión del Consejo en la independencia que deben tener estos operadores de justicia.
El jueves en la tarde, el Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Abarca y Máximo Ortega, y conjuez Edwin Salazar, por la sentencia absolutoria que éstos dictaron en junio de 2009 a favor de Jorge Reyes Torres, quien estaba sentenciado a 25 años de cárcel por delitos conexos con el narcotráfico.
De esta manera, se confirma la noticia de Diario LA HORA del pasado miércoles, donde anunció que estaban en la cuerda floja y que se venía una destitución.
Para el conjuez Edwin Salazar, es la segunda sanción de destitución que se toma en su contra, puesto que el pasado 29 de marzo de 2010 el Consejo ya le notificó con la cesación en su cargo conjunto a los conjueces Mario Rojas y Walter Mazzini, quienes cambiaron la figura delictiva de peculado por el de falsificación de balances en el juicio de Filanbanco.
Resolución del CJ está en firme
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Ulpiano Salazar, dijo que la Corte está en su derecho de presentar las demandas que creyera pertinentes, pero lo que resuelva la Corte Constitucional, de ser afirmativo, regirá para el futuro, por tanto las resoluciones, como la última que sanciona a los jueces Luis Abarca, Máximo Ortega y al conjuez Edwin Salazar, no podrá variar.
El funcionario cree que hay una especie de contradicción entre lo que José Vicente Troya pide a la Corte Constitucional y la actuación de varios jueces sumariados en el Consejo de la Judicatura, en el que han ejercido plenamente su derecho a la defensa, han actuado y presentado pruebas de descargo, lo que expresamente significa que reconocen la facultad sancionadora del CJ, porque de considerar lo contrario simplemente no habrían actuado prueba alguna.
La resolución del Consejo de la Judicatura fue tomada poco tiempo después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, acudiera a la Corte Constitucional a entregar personalmente una demanda de conflicto positivo de competencia, a través del cual se persigue que quede sin efecto una resolución del Consejo de la Judicatura por la cual asumió la competencia para juzgar a los jueces nacionales.
La Corte alega en lo principal que el Art. 8 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de que las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.
Dato
Solo el vocal del CJ Hermán Jaramillo Ordóñez votó porque se sancione con 30 días de suspensión a los jueces destituidos
La decisión extrema que fue hecha pública por Jorge Ortega, abogado defensor e hijo del juez destituido, Máximo Ortega, será dada a conocer a inicios de la semana que viene.
Para este abogado, la destitución de los jueces es una grosera intromisión del Consejo en la independencia que deben tener estos operadores de justicia.
El jueves en la tarde, el Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Abarca y Máximo Ortega, y conjuez Edwin Salazar, por la sentencia absolutoria que éstos dictaron en junio de 2009 a favor de Jorge Reyes Torres, quien estaba sentenciado a 25 años de cárcel por delitos conexos con el narcotráfico.
De esta manera, se confirma la noticia de Diario LA HORA del pasado miércoles, donde anunció que estaban en la cuerda floja y que se venía una destitución.
Para el conjuez Edwin Salazar, es la segunda sanción de destitución que se toma en su contra, puesto que el pasado 29 de marzo de 2010 el Consejo ya le notificó con la cesación en su cargo conjunto a los conjueces Mario Rojas y Walter Mazzini, quienes cambiaron la figura delictiva de peculado por el de falsificación de balances en el juicio de Filanbanco.
Resolución del CJ está en firme
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Ulpiano Salazar, dijo que la Corte está en su derecho de presentar las demandas que creyera pertinentes, pero lo que resuelva la Corte Constitucional, de ser afirmativo, regirá para el futuro, por tanto las resoluciones, como la última que sanciona a los jueces Luis Abarca, Máximo Ortega y al conjuez Edwin Salazar, no podrá variar.
El funcionario cree que hay una especie de contradicción entre lo que José Vicente Troya pide a la Corte Constitucional y la actuación de varios jueces sumariados en el Consejo de la Judicatura, en el que han ejercido plenamente su derecho a la defensa, han actuado y presentado pruebas de descargo, lo que expresamente significa que reconocen la facultad sancionadora del CJ, porque de considerar lo contrario simplemente no habrían actuado prueba alguna.
La resolución del Consejo de la Judicatura fue tomada poco tiempo después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, acudiera a la Corte Constitucional a entregar personalmente una demanda de conflicto positivo de competencia, a través del cual se persigue que quede sin efecto una resolución del Consejo de la Judicatura por la cual asumió la competencia para juzgar a los jueces nacionales.
La Corte alega en lo principal que el Art. 8 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de que las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.
Dato
Solo el vocal del CJ Hermán Jaramillo Ordóñez votó porque se sancione con 30 días de suspensión a los jueces destituidos
