Luis Abarca, uno de los jueces destituidos por el Consejo de la Judicatura (CJ), entre el 19 y 20 de abril de este año, firmó dos autos aceptando el pedido de la Fiscalía sobre la prescripción de dos juicios que se seguían en contra del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro Dáger, por supuesto prevaricato.
El primer proceso (10-97) trata sobre la nulidad, dictada por Castro el 29 de marzo de 2005, sobre lo actuado contra el ex presidente Abdalá Bucaram en el juicio denominado gastos reservados. El pedido de la prescripción la hizo el fiscal subrogante Alfredo Alvear, quien dice que han pasado ya más de 5 años y no se ha fijado la fecha para la audiencia de formulación de cargos, por lo que pidió que se declare la "desestimación y la prescripción de la acción".
El segundo proceso es el 83-2003, también por prevaricato en contra de Castro y que tenía entre sus implicados al ex presidente Gustavo Noboa y que se vincula con un tema de la deuda externa.
El argumento del fiscal Alvear es el mismo que en el caso anterior. Pasaron los cinco años que estipula la ley y por lo tanto el juicio estaría prescrito.
La respuesta de Abarca también es similar a la del proceso 10-97 y se declara la prescripción de los dos procesos.
Todo esto ocurría poco antes que el CJ tomara la decisión de destituir a Abarca y a su colega Máximo Ortega, los dos integrantes de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por supuestamente haber beneficiado a Jorge Hugo Reyes Torres, quien estaba sentenciado a 25 años por delitos de narcotráfico.
Los jueces destituidos decidieron ayer no despachar los casos que tenían en sus manos. Según el primero, la decisión es por "ética" y no por miedo.
Abarca dijo que no tramitará los procesos en sus manos e interpuso un pedido de ampliación a la decisión ante el Consejo de la Judicatura (CJ).
En el documento, pide que el CJ "amplíe la resolución en que se me destituye, que me indiquen la norma jurídica que aplicó el Consejo para continuar sustanciando el sumario administrativo en mi contra".
El conjuez Édwin Salazar, tamdestituido de la misma Sala Penal de la CNJ, dijo que apelará la decisión del CJ.
Él ha sido destituido dos veces. La primera fue por su actuación en el caso conocido como Filanbanco. (MP)
El Pleno de la Corte Constitucional aún no conoce el pedido de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que drima la competencia o no del Consejo de la Judicatura para sancionar a los jueces. El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, dijo que el trámite tiene que cumplir varias etapas, por lo que desmintió que el plazo para pronunciarse sea de 45 días, pues si bien en cada paso del trámite hay un plazo, entre uno y otro trámite no hay un tiempo definido.
El primer proceso (10-97) trata sobre la nulidad, dictada por Castro el 29 de marzo de 2005, sobre lo actuado contra el ex presidente Abdalá Bucaram en el juicio denominado gastos reservados. El pedido de la prescripción la hizo el fiscal subrogante Alfredo Alvear, quien dice que han pasado ya más de 5 años y no se ha fijado la fecha para la audiencia de formulación de cargos, por lo que pidió que se declare la "desestimación y la prescripción de la acción".
El segundo proceso es el 83-2003, también por prevaricato en contra de Castro y que tenía entre sus implicados al ex presidente Gustavo Noboa y que se vincula con un tema de la deuda externa.
El argumento del fiscal Alvear es el mismo que en el caso anterior. Pasaron los cinco años que estipula la ley y por lo tanto el juicio estaría prescrito.
La respuesta de Abarca también es similar a la del proceso 10-97 y se declara la prescripción de los dos procesos.
Todo esto ocurría poco antes que el CJ tomara la decisión de destituir a Abarca y a su colega Máximo Ortega, los dos integrantes de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por supuestamente haber beneficiado a Jorge Hugo Reyes Torres, quien estaba sentenciado a 25 años por delitos de narcotráfico.
Los jueces destituidos decidieron ayer no despachar los casos que tenían en sus manos. Según el primero, la decisión es por "ética" y no por miedo.
Abarca dijo que no tramitará los procesos en sus manos e interpuso un pedido de ampliación a la decisión ante el Consejo de la Judicatura (CJ).
En el documento, pide que el CJ "amplíe la resolución en que se me destituye, que me indiquen la norma jurídica que aplicó el Consejo para continuar sustanciando el sumario administrativo en mi contra".
El conjuez Édwin Salazar, tamdestituido de la misma Sala Penal de la CNJ, dijo que apelará la decisión del CJ.
Él ha sido destituido dos veces. La primera fue por su actuación en el caso conocido como Filanbanco. (MP)
El Pleno de la Corte Constitucional aún no conoce el pedido de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que drima la competencia o no del Consejo de la Judicatura para sancionar a los jueces. El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, dijo que el trámite tiene que cumplir varias etapas, por lo que desmintió que el plazo para pronunciarse sea de 45 días, pues si bien en cada paso del trámite hay un plazo, entre uno y otro trámite no hay un tiempo definido.
