Ayer, fracasó la moción presentada por Sociedad Patriótica (PSP) para que el Pleno de la Asamblea devuelva a la Comisión de Fiscalización el pedido de juicio político al fiscal general. La propuesta apenas consiguió 38 votos a favor y el rechazo de 46 oficialistas.
Luego de ello, surgieron nuevas acusaciones. Enrique Herrería, del opositor Madera de Guerrero (MDG), denunció que los promotores del juicio: María Paula Romo, Paco Velasco, Rosana Alvarado y Virgilio Hernández, excluyeron de su acusación un caso que involucraría al presidente de la República, Rafael Correa.
Basado, según dijo, en una denuncia del ex dirigente petrolero, Fernando Villavicencio, se estaría presionando a la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, para que autorice la explotación de los campos Armadillo e ITT. "En Armadillo está José Dapelo y la familia Aveiga, cercanos al presidente de la República y al ministro fiscal", dijo Herrería.
Armadillo fue adjudicado al consorcio Gran Colombia, integrado por las empresas Vetra Group, Petro Tesing y Ecuavital, esta última especializada en remediación ambiental, de la cual Dapelo es accionista.
Esto lo confirmó ayer Virgilio Hernández, pero explicó que esa denuncia no se incluyó en el juicio político al fiscal "por falta de pruebas".
Sin embargo, admitió que los acusadores del fiscal, "tenían serias sospechas de que Pesántez presionó para favorecer a Ecuavital". Además, señaló que Pesántez fue abogado de Dapelo hace varios años, cuando estuvo involucrado en un accidente de tránsito.
En tanto, Rosana Alvarado (AP) manifestó que varias denuncias quedaron fuera porque no se pudieron corroborar. "Lo que el señor Villavicencio diga no es per sé una verdad", acotó.
Luego de ello, surgieron nuevas acusaciones. Enrique Herrería, del opositor Madera de Guerrero (MDG), denunció que los promotores del juicio: María Paula Romo, Paco Velasco, Rosana Alvarado y Virgilio Hernández, excluyeron de su acusación un caso que involucraría al presidente de la República, Rafael Correa.
Basado, según dijo, en una denuncia del ex dirigente petrolero, Fernando Villavicencio, se estaría presionando a la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, para que autorice la explotación de los campos Armadillo e ITT. "En Armadillo está José Dapelo y la familia Aveiga, cercanos al presidente de la República y al ministro fiscal", dijo Herrería.
Armadillo fue adjudicado al consorcio Gran Colombia, integrado por las empresas Vetra Group, Petro Tesing y Ecuavital, esta última especializada en remediación ambiental, de la cual Dapelo es accionista.
Esto lo confirmó ayer Virgilio Hernández, pero explicó que esa denuncia no se incluyó en el juicio político al fiscal "por falta de pruebas".
Sin embargo, admitió que los acusadores del fiscal, "tenían serias sospechas de que Pesántez presionó para favorecer a Ecuavital". Además, señaló que Pesántez fue abogado de Dapelo hace varios años, cuando estuvo involucrado en un accidente de tránsito.
En tanto, Rosana Alvarado (AP) manifestó que varias denuncias quedaron fuera porque no se pudieron corroborar. "Lo que el señor Villavicencio diga no es per sé una verdad", acotó.
