El fiscal general, Washington Pesántez, lleva varios procesos en contra de funcionarios cercanos al presidente Rafael Correa. Para la oposición, eso explica por qué el Fiscal es intocable. Para un sector del oficialismo, no tienen nada que ver con el posible archivo del juicio político que se le tramita en la Asamblea.
En manos de Pesántez están, por ejemplo, el caso Invermun, en el que está involucrado el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. Su hermano Fernando, secretario de Comunicación, enfrenta otra acusación por atentar contra las garantías constitucionales. Además están en investigación Caroline Chang, ministra de Salud, por supuestas irregularidades en la compra de ambulancias; Javier Ponce, ministro de Defensa, por la adquisición de helicópteros Drhuv.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, y el ex ministro de Justicia Néstor Arbito fueron denunciados por manejo de fondos públicos en Projusticia.
También está el caso del nuevo aeropuerto de Quito, en el que la Fiscalía no incluyó al alcalde Augusto Barrera, miembro del buró político de PAIS. Otro proceso señala a la asambleísta de PAIS María Augusta Calle, por un supuesto nexo con las FARC.
La Fiscalía no abrió expedientes por los contratos del Estado con las empresas relacionadas con Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario.
El Código Orgánico de la Función Judicial otorga fuero de Corte Nacional a los ministros y a otras autoridades, por lo que sus casos deben ser indagados directamente por el Fiscal General.
Para Cynthia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero, sin la participación de Pesántez no existe proceso. Explica que es él quien puede iniciar las indagaciones previas, instrucciones fiscales... “No hay nadie sobre el fiscal que no sea la Asamblea Nacional”, dice.
Según César Rodríguez, asambleísta de PAIS que votó en contra del juicio político, no se puede dar paso a especulaciones. “Ninguna de las pruebas (en la Asamblea) ha tenido sustento”, afirma. Sobre los casos en contra de funcionarios del régimen, apunta: “Jamás han estado en el tapete de la discusión y nunca han influido en la decisión que hemos tomado”.
Hasta ahora, el presidente Correa ha manifestado su respaldo a Washington Pesántez, a quien lo une una amistad de varios años.
Las encuestas siguen de cerca los intereses y posiciones políticas que atraviesan este caso.
A fines de febrero de este año, a propósito del accidente de tránsito en el que está involucrada la esposa de Pesántez, Cedatos registró que el 54% de sus encuestados opinaba que el fiscal debía renunciar para garantizar la imparcialidad en las investigaciones. El 53% consideraba que la justicia no actuaba en forma imparcial y el 30% decía que sí.
En la última encuesta, cerrada al 16 de abril, el 66% opinó que el juicio político a Pesántez debía pasar a conocimiento de la Asamblea. Y respecto de la actitud de Rafael Correa en este tema, el 68% desaprobó sus declaraciones.(El Universo)
En manos de Pesántez están, por ejemplo, el caso Invermun, en el que está involucrado el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. Su hermano Fernando, secretario de Comunicación, enfrenta otra acusación por atentar contra las garantías constitucionales. Además están en investigación Caroline Chang, ministra de Salud, por supuestas irregularidades en la compra de ambulancias; Javier Ponce, ministro de Defensa, por la adquisición de helicópteros Drhuv.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, y el ex ministro de Justicia Néstor Arbito fueron denunciados por manejo de fondos públicos en Projusticia.
También está el caso del nuevo aeropuerto de Quito, en el que la Fiscalía no incluyó al alcalde Augusto Barrera, miembro del buró político de PAIS. Otro proceso señala a la asambleísta de PAIS María Augusta Calle, por un supuesto nexo con las FARC.
La Fiscalía no abrió expedientes por los contratos del Estado con las empresas relacionadas con Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario.
El Código Orgánico de la Función Judicial otorga fuero de Corte Nacional a los ministros y a otras autoridades, por lo que sus casos deben ser indagados directamente por el Fiscal General.
Para Cynthia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero, sin la participación de Pesántez no existe proceso. Explica que es él quien puede iniciar las indagaciones previas, instrucciones fiscales... “No hay nadie sobre el fiscal que no sea la Asamblea Nacional”, dice.
Según César Rodríguez, asambleísta de PAIS que votó en contra del juicio político, no se puede dar paso a especulaciones. “Ninguna de las pruebas (en la Asamblea) ha tenido sustento”, afirma. Sobre los casos en contra de funcionarios del régimen, apunta: “Jamás han estado en el tapete de la discusión y nunca han influido en la decisión que hemos tomado”.
Hasta ahora, el presidente Correa ha manifestado su respaldo a Washington Pesántez, a quien lo une una amistad de varios años.
Las encuestas siguen de cerca los intereses y posiciones políticas que atraviesan este caso.
A fines de febrero de este año, a propósito del accidente de tránsito en el que está involucrada la esposa de Pesántez, Cedatos registró que el 54% de sus encuestados opinaba que el fiscal debía renunciar para garantizar la imparcialidad en las investigaciones. El 53% consideraba que la justicia no actuaba en forma imparcial y el 30% decía que sí.
En la última encuesta, cerrada al 16 de abril, el 66% opinó que el juicio político a Pesántez debía pasar a conocimiento de la Asamblea. Y respecto de la actitud de Rafael Correa en este tema, el 68% desaprobó sus declaraciones.(El Universo)
