WASHINGTON. La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que obliga a detener a los indocumentados amenaza con convulsionar el debate migratorio en los EEUU, en donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles. Una auténtica oleada de cólera se ha desatado entre la comunidad hispana de ese país, señala el diario español El País.
La ley que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está allí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con $2 500 y expulsado además del país.
Hasta el momento, en los EEUU, a diferencia de la mayoría de los países europeos, la Policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes solo pueden probar su legalidad con el sello de entrada impreso en el pasaporte, señala El País.
Esta ley ha desatado una serie de manifestaciones sobre todo de los hispanos.
En el Capitolio de Arizona, en Phoenix, organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da el poder a la Policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto latino.
Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, manifestó que la iniciativa de Arizona constituye "una irresponsabilidad" sobre la que no es posible quedarse sin hacer nada. "Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como estadounidenses", expresó Obama, como reacción a la actuación de los estados como Arizona.
El Gobierno mexicano y la Iglesia católica también expresaron su preocupación con esta legislación. Según El País, el cardenal Roger Mahony, de Los Ángeles, ha comparado con el nazismo.
Brewer, por su lado, justifica la ley "por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar las fronteras". Razón que es defendida por el senador republicano Jhon Mc Cain, y además por la mayoría de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.
La situación en otros estados como California, Texas o Nuevo México se ve inquieta; no solo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata de los trabajadores sin papeles que proceden sobre todo de América Latina.
Lo cierto es que la ley ha aumentado la presión sobre el Congreso para que se apruebe una imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero, la Casa Blanca se ha puesto en contacto en los últimos días con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes, señala el diario español.
La ley que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está allí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con $2 500 y expulsado además del país.
Hasta el momento, en los EEUU, a diferencia de la mayoría de los países europeos, la Policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes solo pueden probar su legalidad con el sello de entrada impreso en el pasaporte, señala El País.
Esta ley ha desatado una serie de manifestaciones sobre todo de los hispanos.
En el Capitolio de Arizona, en Phoenix, organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da el poder a la Policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto latino.
Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, manifestó que la iniciativa de Arizona constituye "una irresponsabilidad" sobre la que no es posible quedarse sin hacer nada. "Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como estadounidenses", expresó Obama, como reacción a la actuación de los estados como Arizona.
El Gobierno mexicano y la Iglesia católica también expresaron su preocupación con esta legislación. Según El País, el cardenal Roger Mahony, de Los Ángeles, ha comparado con el nazismo.
Brewer, por su lado, justifica la ley "por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar las fronteras". Razón que es defendida por el senador republicano Jhon Mc Cain, y además por la mayoría de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.
La situación en otros estados como California, Texas o Nuevo México se ve inquieta; no solo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata de los trabajadores sin papeles que proceden sobre todo de América Latina.
Lo cierto es que la ley ha aumentado la presión sobre el Congreso para que se apruebe una imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero, la Casa Blanca se ha puesto en contacto en los últimos días con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes, señala el diario español.
