PAIS está recibiendo una cucharada de su propia medicina... Así lo creen varios sectores de la Asamblea al referirse al proceso de fiscalización que impulsaron 34 legisladores de ese bloque en contra del fiscal general, Washington Pesántez.
Al inicio del período legislativo, en julio de 2009, PAIS sacó de la lista de posibles integrantes de la Comisión de Fiscalización a Taiano y a Cynthia Viteri (MG) pese a que, supuestamente, había consensos previos.
La nueva Ley de la Función Legislativa fue aprobada por el ‘Congresillo’, en donde gozaba de una mayoría aplastante. A través de la norma, sostiene Moncayo, “a la Asamblea le amputaron su capacidad fiscalizadora. Los votos dubitativos de sólo 11 asambleístas deciden lo que va a pasar”.
Y es así que en los nueve meses de trabajo del Parlamento, PAIS ha enviado cuatro juicios al archivo y uno (el del Fiscal) al limbo. Es que la construcción de la Ley, agrega Moncayo, fue para “asegurar la impunidad”, a lo que Ortiz añade que fue porque PAIS “pensó que siempre iba a poder hacer todo solo”.
“PAIS sabía que tenía la mayoría absoluta y por eso dejaron que las decisiones se tomen así”, aseveró una fuente cercana al oficialismo al hablar de la conformación de las comisiones y de la elaboración de la ley que garantiza que las resoluciones deben aprobarse con seis votos, los cuales PAIS tiene en casi todas las mesas.
Pero con lo que no contaban los gobiernistas es con la aparente división que atraviesa ese bloque a raíz del caso del fiscal Washington Pesántez.
Este caso es quizás el único en el cual no ha logrado una decisión unánime y orgánica y que ahora incluso ha puesto en debate la posible expulsión de algunos de sus miembros además de la renuncia de Betty Amores (PAIS) a la vocalía de la Comisión de Fiscalización.
Al inicio del período legislativo, en julio de 2009, PAIS sacó de la lista de posibles integrantes de la Comisión de Fiscalización a Taiano y a Cynthia Viteri (MG) pese a que, supuestamente, había consensos previos.
La nueva Ley de la Función Legislativa fue aprobada por el ‘Congresillo’, en donde gozaba de una mayoría aplastante. A través de la norma, sostiene Moncayo, “a la Asamblea le amputaron su capacidad fiscalizadora. Los votos dubitativos de sólo 11 asambleístas deciden lo que va a pasar”.
Y es así que en los nueve meses de trabajo del Parlamento, PAIS ha enviado cuatro juicios al archivo y uno (el del Fiscal) al limbo. Es que la construcción de la Ley, agrega Moncayo, fue para “asegurar la impunidad”, a lo que Ortiz añade que fue porque PAIS “pensó que siempre iba a poder hacer todo solo”.
“PAIS sabía que tenía la mayoría absoluta y por eso dejaron que las decisiones se tomen así”, aseveró una fuente cercana al oficialismo al hablar de la conformación de las comisiones y de la elaboración de la ley que garantiza que las resoluciones deben aprobarse con seis votos, los cuales PAIS tiene en casi todas las mesas.
Pero con lo que no contaban los gobiernistas es con la aparente división que atraviesa ese bloque a raíz del caso del fiscal Washington Pesántez.
Este caso es quizás el único en el cual no ha logrado una decisión unánime y orgánica y que ahora incluso ha puesto en debate la posible expulsión de algunos de sus miembros además de la renuncia de Betty Amores (PAIS) a la vocalía de la Comisión de Fiscalización.
